Condenados a entenderse
Corría el 7 de octubre de 1993 cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera del momento aprobaba, bajo presidencia del ministro de Economía, Pedro Solbes, la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas. El acuerdo, rechazado por tres comunidades (Extremadura, Galicia y Baleares) supuso un punto de inflexión en las relaciones entre el Estado central y las comunidades, en aras a la descentralización de los ingresos públicos. La ruptura de la caja única del IRPF en favor de las comunidades, acordado meses antes en reunión secreta por el otrora presidente del Gobierno, Felipe González, y el de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, fue objeto de una gran polémica por quienes veían con ello la ruptura de la unidad de la política económica y fiscal. Han pasado casi 16 años desde esa fecha, sin que ello haya ocurrido y son muchas las lecciones que se pueden sacar.
En primer lugar, que ese paso dado por González, para asegurarse el apoyo parlamentario de CiU en el Congreso, y por Pujol, para mejorar los recursos de Cataluña, se ha convertido en la senda de referencia de lo que han hecho a lo largo del tiempo el resto de gobiernos de distinto color político. Desde entonces, se han sucedido otros dos modelos de financiación autonómica (1997-2001 y 2002-2009) y en todos se ha elevado la capacidad recaudatoria de las comunidades a través de los tributos cedidos por el Estado, por iniciativa catalana.
Tan polémico fue el acuerdo González-Pujol como el que varios años más tarde, en 1996, fue protagonizado en el Hotel Majestic de Barcelona por el recién nombrado presidente del Gobierno, José María Aznar, y el propio Pujol. En el denominado pacto del Majestic el PP acordó elevar el tramo del IRPF autonómico del 15% al 30%, para asegurarse la mayoría en la Cámara Baja que le proporcionaban los nacionalistas de CiU. Ahora, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, necesitado de una nueva mayoría parlamentaria, hace lo propio, esta vez a través de los acuerdos previos con ERC y el PSC catalán. La historia económica del país, muestra cómo el Gobierno central y los regionales están condenados a entenderse si se quieren dotar de mayorías parlamentarias a la vez que impulsar la autonomía financiera de las comunidades, que la Constitución avala. Sin embargo, hay hechos diferenciales en el nuevo modelo que propone la vicepresidenta Elena Salgado. El primero de ellos es el calado de la autonomía financiera. Con el 50% del IRPF y del IVA, y el 58% de los impuestos especiales, las comunidades deben asumir el riesgo de que en el futuro no caben incrementos sustanciales de cesión de tributos estatales para financiar sus gastos. La gallina de los huevos de oro que ha supuesto hasta ahora el Estado central está agotándose. Las comunidades deben, por tanto, asumir su mayoría de edad recaudatoria, y pensar que aumentos futuros en sus gastos, deberán sufragarse con subidas de impuestos decididos por ellas, ya que contarán con la capacidad normativa para ello.
En segundo, lugar los límites a la solidaridad interregional impuestos, vienen a premiar a las comunidades más dinámicas y a castigar a las que busquen el desarrollo de las primeras para beneficiarse de una redistribución de renta posterior. Esta premisa es válida siempre que se le dé la oportunidad a las comunidades menos boyantes para desarrollarse. El Gobierno insiste en que con el nuevo modelo, la dispersión en términos de financiación per cápita disminuirá. Si, finalmente esto no se produce, se corre el riesgo de ahondar la brecha de renta entre comunidades pobladas, que serán a su vez las más ricas, y las que pierden habitantes, cuya población huirá hacia las primeras en busca de oportunidades. En una palabra, habrá más autonomía a costa de despoblar medio país.