TRIBUNA

La colaboración público- privada en I+D+i

Con la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia en 1986, España comienza un largo, y todavía incompleto, camino hacia una economía basada en la innovación, en unos momentos en los que todavía se encontraba en proceso de reindustrialización y modernización. Desde entonces nuestro país ha experimentado un cambio que le ha colocado entre los 10 más desarrollados del mundo. La definitiva apertura a los mercados mundiales, que se produce con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea y, posteriormente, nuestra integración en la Unión Monetaria son dos hechos clave para entender nuestro crecimiento a ritmos superiores a los de los países líderes de la UE. Otro elemento clave, que explica ese crecimiento, es la competitividad de nuestra economía basada en una estructura de costes laborales inferior a la de los países de nuestro entorno.

Sin embargo, la tímida apuesta por la innovación que se produjo en aquellas fechas no ha sido suficiente para que nuestra productividad haya discurrido por un camino paralelo a nuestro grado de convergencia con los países más avanzados. Al mismo tiempo, la globalización de los mercados y la paulatina incorporación de países emergentes a los mismos han hecho que España tenga que dirigir definitivamente su atención a incrementar sustancialmente su inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, para incrementar su productividad y, a la vez, mantener su trayectoria de convergencia con los países del euro.

En la última década, España ha realizado un gran esfuerzo en I+D creciendo a tasas muy superiores a la de los países de nuestro entorno, y creando un sistema de innovación relativamente desarrollado. No obstante, el sistema no ha alcanzado el suficiente grado de madurez; las empresas españolas aún no han asumido plenamente que las inversiones en I+D son un elemento vital para aumentar su capacidad de competir y la transferencia del conocimiento desde el sector público al privado aún no ha alcanzado el nivel adecuado. Baste decir que, en el año 2007, el gasto español en I+D con relación al PIB fue del 1,27% frente a más del 1,8% de la media de los países UE-27 o del 2,25% de los de la OCDE, siendo el peso del gasto del sector privado para España del 55,9% frente al 65% y 70% de los países mencionados, respectivamente. Como contrapunto, merece la pena destacar que los indicadores relativos a la producción científica muestran una convergencia mucho más acusada, situando a España entre los 10 primeros países del mundo.

Sigue vigente, así, la necesidad de intensificar los esfuerzos en I+D para poder llegar a una convergencia completa con las economías más avanzadas, dotando a nuestro sistema público de innovación de un mayor tamaño, creando las condiciones necesarias para que el sector privado apueste decididamente por la inversión en I+D y, sobre todo, mejorando el flujo del conocimiento generado en el ámbito de la investigación científica hacia el sector privado. La colaboración público-privada en el proceso de la I+D cobra, pues, una especial relevancia.

La puesta en marcha en el año 2006 de la Iniciativa Ingenio 2010 y un incremento de los fondos dedicados a I+D en el entorno del 25% anual en los Presupuestos Generales del Estado durante los últimos cinco años son las medidas que se tomaron desde el Gobierno de España para conseguir los objetivos mencionados. De los tres grandes ejes de Ingenio 2010, actualmente integrado en el Plan Nacional de I+D 2008/2011, el Programa Avanza persigue incrementar el uso de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la sociedad; el Programa Consolider, alcanzar masa crítica y excelencia en la investigación científica, y finalmente, el Programa Cenit, mejorar la trasferencia de conocimiento desde el sector público al privado a través de grandes proyectos de investigación industrial llevados a cabo por consorcios público-privados, en los cuales una parte sustancial de su ejecución corre a cargo de organismos de investigación.

Aparte de estos programas y de las líneas de colaboración público-privada del Plan Nacional como son los subprogramas de Investigación Aplicada Colaborativa y de Proyectos Singulares y Estratégicos, el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del CDTI, ha lanzado nuevos instrumentos que complementan y refuerzan las medidas tomadas para acelerar nuestra transición a una economía del conocimiento. Así, los Proyectos Integrados de Demostración son grandes proyectos realizados por consorcios público-privados que pretenden demostrar y validar tecnologías para su implementación en los mercados. En segundo lugar, los Proyectos de Cooperación entre Pymes pretenden facilitar la creación de tejido industrial basado en la innovación, o la consolidación del tradicional a través de la implantación de tecnología suministrada por organismos de investigación. Finalmente, los Proyectos Interempresa pretenden fomentar la cultura de la cooperación a través de consorcios, independientemente del tamaño o de la naturaleza de los actores que intervengan en los mismos.

Con el diseño de este abanico de programas, junto con la definitiva implantación de los incentivos fiscales para el fomento de actividades de I+D y la futura entrada en vigor de la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología, actualmente en elaboración, nuestro sistema de innovación se ha dotado de los necesarios instrumentos para afrontar el reto de la transformación de nuestra economía. Se abre así un escenario en el que la empresa deberá coger el testigo y ser la principal protagonista de una etapa que nos debería llevar al proceso final de convergencia real con los países más avanzados.

Andrés Zabara. Director de Tecnología del CDTI