La invisibilidad de la industria alimentaria
Somos invisibles, un pilar oculto". Así se lamentaba ayer el secretario general de la patronal española de la industria alimentaria, Jorge Jordana, por la falta de atención que reciben de los poderes públicos. Aunque quizás sólo de algunos.
La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) pretende recuperar la atención perdida criticando la actuación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Creen que la cartera encabezada por Miguel Sebastián está siendo mucho más sensible a las necesidades de otros sectores, que considera más relevantes para la economía española.
De ser así, Industria estaría tratando de esquivar la renovación de la actual ley de morosidad, lo que supondría un apoyo encubierto a las principales cadenas de súper e hipermercados. Habrían desaprovechado, por ejemplo, la elaboración de la nueva Ley de Comercio para colar en ella nuevas cláusulas que obliguen a cumplir los plazos de pago que marca la ley.
Actualmente, los alimentos frescos deben abonarse, como máximo, en 30 días, que ascienden hasta 60 en el resto a de productos. Pero, en realidad, se están alcanzando los 90 días, o aún más a causa de la crisis.
Pero la industria no persigue un Plan Renove. No tendría sentido sustituir unos productos por otros. Eso sí, reclama una vez más la suma que, asegura, le adeudan los distribuidores y que valora en torno a los 8.000 millones de euros.
Pero FIAB no está sola en sus reivindicaciones. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ya ha transmitido a Industria que va siendo hora de modificar la ley de morosidad, pero éste Ministerio lo está paralizando asegurando que debe ser la Unión Europea la que establezca un marco común para todos los países miembros.
De ser así, la reivindicación del sector encerraría una disputa en el seno del Ejecutivo. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, lanzó ayer balones fuera a la hora de valorar esta disparidad de criterios ministeriales. "Es un tema que hemos trabajado con Industria y que seguiremos trabajando, pero prefiero que sea en una reunión de carácter técnico", justificaba.
Sin embargo, el incumplimiento de los plazos de pago no es unidireccional. No en vano, la patronal de la alimentación asume que sus asociados también incumplen los límites legales con sus proveedores. De hecho, fuentes de la sector de la distribución señalan cómo, en muchas ocasiones, estos incumplimientos suelen ser bastante más amplios. Por ejemplo, apuntan que empresas del calibre de Campofrío, Panrico o El Pozo, en los últimos años, han llegado a saldar sus deudas en plazos superiores a los 200 días.
La batalla por la morosidad no es el único frente abierto entre industria alimentaria y distribuidores. La resolución del Tribunal Vasco de Defensa de Competencia, en la que veía indicios de posición dominante por parte de Eroski, Mercadona y Carrefour, puede dar pie a una supuesta posición de oligopolio a nivel nacional. Sin embargo, la patronal prefiere no lanzar acusaciones directas. Tan sólo indica que la resolución abre la vía a un periodo de reflexión para saber, a escala nacional, "si empieza a haber condiciones de oligopolio".
El Tribunal vasco apuntaba la existencia de "posición dominante" por parte de las tres cadenas de distribución. Una progresiva concentración del mercado minorista que iría en perjuicio de la industria, sobre todo a la hora de fijar los precios de sus productos. Pero también hay voces discordantes. Informes del sector de la distribución señalan cómo España no está entre los diez países europeos con mayor concentración. Señalan que los tres principales minoristas alcanzan en España una cuota de mercado del 51,3%, frente al 95,1% que logran por ejemplo en Suecia o el 83% de Holanda.
Las críticas de los fabricantes van más allá. Destacan que la Ley de Competencia Desleal marca un plazo de seis meses de preaviso en caso de incumplir los contratos de compra. Es decir, Mercadona no habría avisado con el margen suficiente a sus proveedores de la decisión de retirar cientos de referencias de sus lineales. Una decisión que también han puesto en marcha algunos de sus competidores, pero con mucho menos revuelo. Sin embargo, nadie se atreve a ir a los tribunales. Ningún productor quiere "suicidarse" y ponerse en contra del principal distribuidor de bandera española.
No en vano, el auge de las marcas blancas es uno de los principales problemas del sector. La industria recalca que detrás de ambas etiquetas se esconden productos muy diferentes. Misma calidad al mismo precio son conceptos incompatibles. Sin embargo, los productores marquistas han fallado a la hora de transmitir esta idea a sus potenciales clientes que, en tiempos de bolsillos vacíos, prestan más atención a la variable precio. Pero, mientras unos productores pierden, otros ganan. No hay que olvidar que gran parte de las empresas españolas que distribuyen con su marca, también fabrican para las grandes cadenas de distribución. Un juego a dos manos del que algunos salen derrotados.
2008 fue, con todo, un buen año para la industria alimentaria española. Capeó la crisis con un aumento de sus ventas netas del 1,4%. Alcanzó los 83.204 millones. Es decir, la facturación neta del sector representa el 7% del PIB español y el 17% del total de ventas industriales. Además, elevó su mano de obra un 2,99%, superando los 502.000 empleados. "Cuando se desploman los nuevos sectores, ahí volvemos a surgir", apuntaba Jordana. "Si la sociedad nos cuidara un poco".