Las pequeñas eléctricas denuncian la competencia del bono social

La decisión del Ministerio de Industria de impedir a las 300 pequeñas distribuidoras eléctricas que subsisten en España que suministren a sus clientes con la única tarifa que va a quedar a partir del 1 de julio (la llamada de último recurso, o TUR, que sólo podrán ofrecer las cinco grandes del sector) va a acarrear serios problemas a estas compañías.

Para facilitar que las pequeñas puedan mantener su cartera de clientes, el ministerio que dirige Miguel Sebastián les permitirá crear comercializadoras en el mercado libre que podrán realizar ofertas directas a dichos clientes, sin que sean trasvasados previamente a la eléctrica de la zona.

En CIDE, asociación que agrupa a las 200 distribuidoras más pequeñas, con medio millón de clientes, consideran que la norma encierra una trampa. Y es que la creación del bono social, o tarifa reducida que las empresas deben aplicar a varios colectivos a partir de julio (y según la renta per cápita familiar en el futuro), supone una competencia desleal para sus asociados. Según el presidente de CIDE, Gerardo Cuerva, las empresas de su asociación no sólo deben competir con la TUR, sino también con la tarifa reducida que supone el bono social.

La gran paradoja es que Industria alegó que las pequeñas quedaban excluidas del nuevo sistema de tarifas por su falta de capacidad técnica, cuando muchas llevan funcionando más de un siglo, y porque, dada su dimensión, no podrían soportar el coste del bono. Sin embargo, según el real decreto ley que lo regula y que fue convalidado el jueves en el Congreso, esta compensación será financiada, no por las distribuidoras eléctricas (las pequeñas seguirán distribuyendo), sino por 12 empresas generadoras.

Además, las reglas no están claras, pues el reglamento sigue sin publicarse. Según ha podido saber CincoDías, el consejo de la Comisión de la Energía aprobará el miércoles el informe correspondiente a la orden que desarrollará la TUR.