Tres irracionalidades del sistema español
No puede negarse que el sistema español es una rara avis. Exhibe, como ningún otro, tres características capaces de transformarse en trampolines hacia una más rápida salida de la crisis.
l La prestación por desempleo. Cumple un papel social imprescindible cuando el paro no pasa de un 8% o 10% de la población activa. Es una irracionalidad intrínseca del sistema (pagar por no hacer nada), pero es un derecho justo del parado que además resulta económicamente soportable. Mas cuando el paro supera estos niveles, entonces afloran dolorosos costes económicos, sociales y políticos. Y cuando supera niveles del 17% y se prevé llegar hasta el 20% en 2010, como en España, el clima social se hace ya insoportable. Y si además se constatan necesidades objetivas en el país, que van desde hacer un mayor esfuerzo en I+D+i hasta construir hospitales para reducir días de espera, por no decir mil deficiencias más, entonces hasta el absurdo entra en escena con una pregunta que asombra: ¿por qué no se emplea el dinero de la prestación en costear nuevos puestos de trabajo para cubrir estas necesidades? Y aún más, ¿por qué existe este conformismo social de dilapidar cantidades que pueden superar los 30.000 millones de euros anuales en España cuando podrían dar trabajo a cerca de un millón de parados? Alguien tendría que explicar de dónde nos viene esta actitud absurdamente malgastadora que no tiene parangón con ningún otro pueblo europeo. Más aún, incluso los estudiosos preocupados por nuestro paro, nunca, que sepamos, utilizan esta prestación como posible fuente financiera para crear empleo productivo. ¿Qué explicación tiene esta actitud teórica permisiva hacia la dilapidación?
l El fraude fiscal. Es la segunda irregularidad flagrante del sistema. Nos referimos a la llamada economía sumergida o negra que en España parece alcanzar un nivel de entre el 20%-25% de nuestro PIB, mientras que en Francia o Alemania oscilaría entre un 5%-7%. Diferencias que deberían hacernos reflexionar siquiera sea porque asumimos ser europeos en lo económico, lo moral y lo cívico.
¿Y por qué causas, dado nuestro nivel de paro, tampoco acudimos nunca a una reducción de este fraude como otra posible fuente financiera? Las causas serán múltiples, pero por citar una, resulta que la ratio de contribuyentes por inspector es de 1.290 en España mientras que en Europa es de 300. Lo que ya es un síntoma. En todo caso de un cierto desequilibrio entre dos valores de nuestro sistema que se potencian mutuamente: el de conocimiento y el de justicia distributiva, ya que cuanto menos se produce del primero, menos del segundo y viceversa. Aunque sólo fuera por mero imperativo ético, no resulta aceptable que unos puedan defraudar mientras que otros paguen lo suyo, más lo que defraudan los demás. Lo que queda en evidencia es que no alcanzamos todavía la categoría de país fiscalmente serio. Y posiblemente sea este hecho objetivo lo que hace que nuestras cabezas pensantes no se planteen la posibilidad de reducir el fraude fiscal ni siquiera cuando serviría para crear empleo productivo.
l La deuda pública. Los conceptos de deuda y endeudamiento tienen una bien ganada fama de males a evitar: hay que devolver el montante debido, pagar sus intereses, entrar en una lista de deudores, cuando no de morosos, o ser mal vistos por las dichosas agencias de rating.
Pero a veces, endeudarse es el único recurso para quienes, con ideas y sin capital, puedan iniciar actividades productivas como en el conocido caso de los microcréditos. Y no poco es el mérito de elaborar un proyecto empresarial viable y tener que pedir dinero hasta poder conseguirlo. El concepto de endeudamiento debería pues relativizarse y nos ahorraríamos muchos juicios precipitados sobre la maldad intrínseca del mismo. En España, por ejemplo, con un paro desbocado, con cosas por hacer y con una deuda pública baja (50% del PIB frente al 60% que permite la UE), el tema debería ser replanteado y nunca despachado con las ideas tópicas al uso: "el país está ya muy endeudado", etcétera. Porque de esta forma trivializamos el debate y velamos los márgenes de maniobra que tiene el Estado. Antes de pronunciarse sería preciso especificar la naturaleza y fines de cada deuda concreta. Lo que implicaría tres cálculos: montante de la deuda; plazo de amortización e intereses a pagar, y rentabilidad final del proyecto. Y si los números aconsejan endeudarse, hagámoslo, pero no adoptemos apriorismos negativos indiscriminados.
Reflexiones que nos llevarán a servirnos de estas tres fuentes financieras en tanto que recursos ociosos para crear empleo productivo (hay un modelo que lo demuestra) y aminorar los efectos de la crisis.
Francisco Parra Luna. Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid