Medidas contra la crisis (y II)
Continúo con el análisis de las reformas estructurales a realizar para aumentar la productividad. La asignación de recursos a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) debería ser prioritaria, tanto para el sector público como para el privado. Sin embargo, la cuantía que España dedica a dichos gastos es sólo la mitad de la de los países de la UE, y la incidencia de dicho gasto en el crecimiento de la economía es mínimo: los resultados del proceso medidos por el índice bibliométrico de publicaciones científicas y número de solicitudes de patentes españolas en el total de las empresas son decepcionantes. Dentro del sector público la organización del proceso de I+D+i es caótica, dispersa, carente de coordinación y sin control de resultados. La universidad y las empresas han vivido un divorcio, sin aprovechar las investigaciones de las primeras en innovaciones.
En cuanto al mercado de trabajo, sus problemas son: alta temporalidad, coste del despido y estructura de la negociación colectiva. España tiene una de las más elevadas tasas de temporalidad de la UE, a consecuencia del alto coste que conlleva la indemnización por escisión de la relación laboral, que en época de crisis lleva a la quiebra. La reforma debe ir por el camino de reducir para el futuro el coste del despido, automáticamente la tasa de temporalidad bajará, pues a los empresarios no les interesa una rotación excesiva a consecuencia de la pérdida de productividad de los trabajadores. En cuanto a la estructura de la negociación colectiva, no es aceptable, desde el punto de vista de la eficiencia, que la negociación se efectúe a nivel de cúpula y que lo acordado sea el nivel mínimo a partir del cual se negocia el convenio de la empresa. Creo que la reforma a realizar debe ir encaminada a que los convenios colectivos se negocien a nivel de empresa en función de la productividad, lo que incentivaría a los trabajadores, ya que la eficiencia en la empresa repercutiría en su salario.
El mercado de la energía es muy dependiente del exterior, importamos todo el petróleo y el gas que consumimos, con los inconvenientes que conlleva tan alta dependencia con respecto a la seguridad en el suministro y competitividad de costes. Estos condicionantes sólo podrían resolverse ampliando la capacidad de producción de energía nuclear. La liberación de los mercados de bienes y servicios debe ser otra de las reformas estructurales a realizar, a consecuencia de las trabas que se han establecido, principalmente por las comunidades autónomas, que ha dado lugar a la creación de 17 mercados regionales, cuando pertenecemos a un mercado sin fronteras: el mercado único.
No ha existido preocupación alguna sobre lo que hay que hacer para aumentar la eficiencia del principal agente de la economía: la Administración pública, que en España maneja el 35% del PIB. Las dos líneas de pensamiento que actualmente se debaten para conseguir la eficiencia en la producción de los servicios colectivos, y por tanto incrementar la productividad, son: un nuevo modelo de Administración pública y la introducción de criterios de mercado en su funcionamiento. Una nueva organización y un nuevo sistema de dirección de la producción son los pilares sobre los que hay que asentar la Administración pública. La separación absoluta entre los órganos encargados de la elaboración de las políticas públicas y los centros encargados de producir los servicios colectivos, que deben funcionar como verdaderas empresas, y la fijación de objetivos constituyen puntos clave de todo el proceso. La introducción de criterios de mercado a través de la colaboración pública-privada ha finalizado con importante reducción de costes, manteniendo el nivel de calidad.
Dentro de la Seguridad Social, una reforma estructural a realizar es la del sistema de pensiones públicas contributivas para hacerlo sostenible, como consecuencia de su falta de equidad y del envejecimiento de la población. Las medidas a tomar son: calcular la base reguladora de la pensión por todo el periodo contributivo que atenuaría la falta de proporcionalidad del sistema; retrasar la edad de jubilación a los 70 años, para hacer frente al envejecimiento de la población; no sería necesario adoptar las dos medidas anteriores transformando nuestro sistema de reparto de prestaciones definidas en otro de reparto de aportaciones definidas, llevando cuenta a cada trabajador del valor final de sus aportaciones a un tipo sombra relacionado con el potencial de crecimiento de la economía, que servirá de base para el cálculo de la pensión.
Termino diciendo que las reformas tendrán éxito si se informa a la sociedad de la situación real de la economía y de las acciones que son necesarias adoptar.
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid