Retos económicos del nuevo Ejecutivo
La última remodelación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe interpretarse en dos direcciones. Por un lado, la política: la voluntad de comprometer de una forma más directa al aparato del partido en el Gobierno del Estado en un momento en que va a ser necesario tomar medidas difíciles. Y por otro lado, el componente económico. La necesidad ineludible de tomar medidas que hagan menos profunda y más breve una crisis económica que todos los analistas coinciden en señalar como más larga y complicada para la economía española que para el resto de economías europeas.
En esta vertiente económica deberíamos distinguir las medidas a corto plazo, destinadas a reactivar lo más rápidamente la economía, de las medidas a largo plazo, aquellas que sienten los fundamentos que permitan una fase de crecimiento sostenido y equilibrado una vez superada la crisis.
Pero en realidad no se trata de compartimentos estancos y existen vínculos entre unas y otras. Las medidas fiscales de apoyo al gasto de los municipios en actividades intensivas en trabajo y estrechamente vinculadas al sector de la construcción son adecuadas para estimular la demanda a corto plazo, como los son aquellas destinadas a ayudar a familias y empresas con restricciones de liquidez. Pero si estas medidas no se acompañan de las debidas reformas estructurales que aumenten la confianza de familias y empresas en el éxito a largo plazo de todo el paquete fiscal, estas familias y empresas pueden temer que los déficits públicos y el endeudamiento del Estado se multipliquen en el futuro. Esto les puede llevar a comportamientos que los economistas calificamos de ricardianos: previendo los futuros aumentos de impuestos motivados por este endeudamiento, familias y empresas podrían empezar a ahorrar más en el presente (es decir, consumiendo e invirtiendo menos), lo cual limitaría incluso la eficacia de las medidas a corto plazo.
Estas reformas estructurales, tan frecuentemente invocadas como evidentemente complicadas de hilvanar, han de tener como objetivos prioritarios la mejora de la productividad y la competitividad respecto a nuestros socios europeos para mejorar el comportamiento de nuestra balanza comercial. Recordemos que el déficit de la balanza por cuenta corriente de nuestra economía ha alcanzado ya el 10% del producto interior bruto y se encuentra en segunda posición en toda la economía mundial en cuanto a magnitud, sólo por detrás del de Estados Unidos.
Toda esta problemática no está en absoluto desligada del marasmo existente en la financiación de las comunidades autónomas. No tiene explicación económica alguna que comunidades autónomas como Cataluña y la Comunidad Valenciana, que suponen más del 40% de las exportaciones de toda la economía española, sufran déficits crónicos de infraestructuras y problemas de conexión con el resto del mundo que comprometen su competitividad.
Recordemos que las exportaciones de la economía catalana superan el 25% del total de toda la economía española y el 15% aproximado de las de la Comunidad Valenciana superan a las de la Comunidad de Madrid. ¿Desde el punto de vista de toda la economía española tales carencias no equivalen a tirarse piedras sobre el propio tejado?
Esperemos que tal sinrazón pueda mejorar gracias al mayor calado político del nuevo Gobierno, lo cual le da una mayor fuerza y autoridad para tomar medidas que pudieran ser impopulares sólo si se contempla el muy corto plazo.
Josep Comajuncosa. Profesor de Economía de Esade (Universidad Ramon Llull)