Lo que los españoles esperan del Gobierno
Los objetivos que pretende el presidente del Gobierno con la renovación del Ejecutivo han quedado explicitados en la presentación pública que José Luis Rodríguez Zapatero hizo de sus nuevos ministros y en todas las apariciones que han seguido a los relevos en cada departamento. En materia económica, la nueva mujer fuerte del Gobierno no se salió ni un ápice del guión marcado por el presidente el martes: 'Todos nuestros esfuerzos irán a anticipar la recuperación de la economía y del empleo, fortalecer la cohesión social y territorial y abordar las reformas que demanda la segunda década del siglo XXI, poniendo todos los recursos públicos al servicio de estos objetivos y todos en la misma dirección'. Pero estos asertos, como los del resto de los ministros, no descubren el Mediterráneo, porque son punto por punto similares a los que sus antecesores en el cargo hicieron hace sólo un año, aunque en aquel momento la crisis económica sólo asomaba y aún no había comenzado la destrucción masiva de empleo.
El escenario ha cambiado radicalmente, y el presidente Zapatero responde a la crisis con un Ejecutivo más político, más ideologizado y seguramente más comprometido con llegar a la opinión pública. En materia económica, a simple vista se puede llegar a la conclusión de que se trataba sólo de sacar del Gobierno a Pedro Solbes, que se había convertido, bajo su aparente pasividad, en mister no para los deseos de expansión fiscal y de gasto social del presidente. Y una vez liquidado el dique fiscal, que había pasado de ser el mejor activo electoral de Zapatero a convertirse en el cajero incómodo que recordaba cada día que se gastaba más de lo que se ingresaba, parece que se abrirán camino las políticas de gasto social, estímulo a la demanda y expansión de la inversión, aunque se deje para mejor ocasión la búsqueda de fórmulas ortodoxas para financiarlas.
Los Gobiernos están para resolver los problemas de los ciudadanos. Y la principal preocupación que tienen hoy los españoles, y esto lo dicen las encuestas que hace el propio Gobierno a través del Centro de Investigaciones Sociológicas, es el desempleo o el temor al paro. Lo que los españoles esperan del Gobierno es que haga políticas que generen trabajo. El presidente Zapatero nunca se olvida de este objetivo cuando hace apariciones públicas. Pero la orientación de sus políticas para combatir el desempleo no parece la más acertada. El presidente del Ejecutivo asistió la semana pasada al congreso de UGT, y repitió que 'no habrá ningún retroceso en ningún derecho social', y que 'nadie quedará en la cuneta'. Implícitamente Zapatero se refería a los derechos laborales de los trabajadores dentro de la empresa y cuando salen de ella. Pero debe recordar que el primer derecho social de los españoles es el del trabajo, y no disponer de blindajes en la empresa. Porque los subsidios cuando se pierde el empleo, siempre defendibles como hace este Gobierno, tienen carácter subsidiario comparados con el derecho al empleo.
Sólo un día antes del congreso sindical referido, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, recordaba al presidente del Gobierno que no puede instalarse en 'la versión cómoda o perezosa de que es posible salir de la crisis sin pasar el purgatorio de las reformas', que se puede superar la recesión sin pisar callos. En el discurso del gobernador, cuya lectura es de obligado cumplimiento para aquellos a los que va dirigido, que no son otros que los responsables de la política económica, se hace una relación de reformas de los mercados de bienes, servicios y factores imprescindibles para neutralizar cuanto antes la recesión y estirar lo más posible el crecimiento si se quieren absorber los diferenciales de empleo en los que la crisis ha vuelto a colocar a España.
Pero donde más vehemencia ponía el informe de Fernández Ordóñez, como las opiniones de la ciudadanía en el informe del CIS, es en la recuperación del empleo. No se resignan a que mientras la crisis lleva la tasa de paro de Alemania o Francia al 9%, en España estemos hablando ya de un 20% para 2010, como si la economía española tuviese un virus que se ceba en destruir puestos de trabajo. Para combatir esta anomalía, la vicepresidenta Elena Salgado no tiene más remedio que utilizar el diálogo social que ha pedido a los sindicatos y patronales para remover todo el mercado de trabajo: contratación, convenios colectivos, determinación salarial, formación, movilidad funcional y costes del despido. Es lo que los españoles esperan de ella.
