El trabajo empieza ahora
Más allá del ruido mediático que produce la concentración de los principales líderes políticos, es importante ver en perspectiva lo que supone la reunión celebrada ayer en Londres. Si en la reunión de noviembre en Washington, con una Administración norteamericana saliente y debilitada, el G-20 se limitó a reiterar lo que ya habían avanzado en los meses precedentes el Foro de Estabilidad Financiera (FSF) y el FMI, ahora toma el mando y señala el rumbo hacia el que deben encaminarse las reformas, con el apoyo de una nueva Administración demócrata que parece genuinamente comprometida, por primera vez en mucho tiempo, con el multilateralismo.
El debate previo a la cumbre planteó un falso dilema transatlántico entre las políticas de estímulo de la economía mundial (prioridad de Estados Unidos) y la reforma de la regulación financiera internacional (prioridad de Europa continental). Los resultados de la cumbre demuestran que no son líneas de avance excluyentes sino, al contrario, complementarias: los masivos paquetes de rescate de los principales sistemas bancarios, que han suscitado una comprensible contestación social en muchos países, necesitan ir acompañados de reformas que les den legitimidad y aseguren que los errores cometidos no se volverán a repetir.
Posiblemente hubiera sido deseable una mayor coordinación internacional de los paquetes de estímulo fiscal, de manera que el reparto de este esfuerzo contribuyera a atenuar al menos los desequilibrios globales en las balanzas por cuenta corriente; pero en este terreno la coordinación resulta difícil, porque atañe a la capacidad de los Gobiernos y parlamentos nacionales de comprometer recursos de los contribuyentes. A juzgar por la experiencia japonesa en los noventa, es dudoso que las masivas inyecciones de dinero público sean eficaces sin un saneamiento previo de los balances bancarios. El comunicado del G-20 sienta algunos principios generales sobre cómo restaurar la capacidad de préstamo de los bancos. Los principios son razonables, ahora toca llevarlos a la práctica.
El comunicado corrobora también la posición anunciada por Tim Geithner unos días antes sobre el perímetro supervisor, que corona la doctrina según la cual deben regularse todas las instituciones 'demasiado grandes para caer', independientemente de su función o estatus legal. Según esta lógica, si toda institución sistémica, en caso de problemas, va a ser inevitablemente rescatada con fondos públicos, nos guste o no, entonces debe ser regulada y supervisada. Esto plantea algunas dudas: ¿pueden los Gobiernos cubrir realmente con sus fondos (que no olvidemos que son, en última instancia, los nuestros y los de nuestros hijos) esta ampliación de las redes de seguridad del sistema financiero? ¿Es posible regular instituciones como los hedge funds? ¿Es razonable rescatarlas con fondos públicos si tienen problemas? ¿No deberían introducirse medidas para impedir que ciertas instituciones alcancen un tamaño excesivo?
Se consagra la idea (en la que España es pionera) de que los recursos propios de las entidades financieras deben regularse de manera anticíclica, de modo que se acumulen fondos en los tiempos buenos para disponer de ellos en los tiempos malos. Además de adoptar el enfoque español de provisiones dinámicas, parece existir acuerdo en que también los requisitos de capital sean anticíclicos. En la práctica, no obstante, esto es más difícil de lo que parece, porque el riesgo es procíclico y el capital debe cubrir el riesgo. Por ejemplo, la exigencia casi unánime de más capital a las entidades financieras en este momento agudiza la contracción del crédito. Las provisiones o requisitos de capital anticíclicos se introducirán, en todo caso, cuando se restablezca una cierta normalidad en los mercados.
El aumento de los fondos disponibles para el FMI y la posibilidad de que esta institución se financie en los mercados, o mediante ventas de oro, son medidas necesarias, aunque quizá no suficientes. La señal es importante, ya que, mientras los Gobiernos de los países desarrollados tienen capacidad de endeudarse, los países emergentes y en desarrollo necesitan la financiación oficial multilateral. La ampliación del FSF a los países del G-20 más España, anunciada hace unos días, así como la elevación de su rango en el nuevo Financial Stability Board (FSB), es una excelente noticia, que refuerza al G-20 y aumenta la legitimidad del nuevo FSB, quien posiblemente adquiera un mayor control sobre el Comité de Basilea, donde los países emergentes deben desempeñar un papel más destacado.
Santiago Fernández De Lis. Socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI)