Cambios en la investigación

Impulso legislativo. Un comité de 22 expertos presentó a finales de febrero el primer borrador del anteproyecto de la nueva Ley de Ciencia, que pretende estimular la inversión en I+D, promover la carrera investigadora en España y fomentar la inversión privada a través de las ayudas promovidas por el CDTI.

Elevar el gasto en I+D al 2% del PIB en 2010, involucrar a las empresas para que asuman el 66% de ese coste, incorporar 50.000 nuevos investigadores en ochos años y propiciar una mayor transferencia de tecnología entre las empresas y los organismos de investigación. Esos fueron cuatro de los objetivos que fijó la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Todos ellos se instrumentarían a través de una nueva Ley de Ciencia, cuyo primer borrador, elaborado por un comité de 22 expertos, se presentó a finales de febrero.

Las primeras impresiones sobre el borrador, procedentes tanto del ámbito empresarial como del público, no coinciden, sin embargo, con el optimismo del Ejecutivo y apuntan a que el texto clarifica algunos aspectos sobre la carrera de los investigadores, pero apenas pone énfasis en el papel de las empresas. La pregunta, por lo tanto, es clara: ¿es ésta la Ley de Ciencia que necesita España para alcanzar los objetivos fijados a priori, en especial a lo referido a las empresas? A tenor de las primeras impresiones, no.

Uno de los expertos que ha elaborado este borrador, muy vinculado a la empresa privada, apunta que uno de los principales problemas que plantea el texto es que es una ley basada exclusivamente en la ciencia y que en su articulado no trata la innovación, cuyas políticas deja en manos de las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en esta materia. Una ausencia que, junto a las dificultades presupuestarias por las que atraviesan la mayoría de las Administraciones regionales, puede ahondar aún más en la progresiva pérdida de empresas que realizan actividades innovadoras en España, especialmente visible en 2007. En ese ejercicio había 46.877 empresas de más de 10 trabajadoras que realizaban actividades relacionadas con la innovación, lo que supuso un recorte de 2.538 empresas respecto al ejercicio anterior.

En este punto coincide una directora de una consultora especializada en temas de innovación. 'Tal y como está planteado en el borrador, los organismos públicos desarrollarán la investigación básica y aplicada y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, se hará cargo del desarrollo experimental. En ningún punto, incluido el relativo a la financiación, se trata la innovación', señala.

Esta ausencia, a su juicio, es el gran fallo de este borrador, puesto que de la innovación es de donde surgen las patentes y la posterior obtención de ingresos a través de su explotación comercial. España sufre aún un retraso mayor en este aspecto respecto a otros países desarrollados. De hecho, la diferencia en el gasto es la que explica, en gran medida, la distancia que existe entre los países desarrollados en el beneficio que obtienen a través de la explotación de patentes. Según los últimos datos de la Oficina Europea de Patentes y Marcas, las empresas españolas solicitaron 1.300 patentes de proceso y producto en 2007, una cifra muy baja frente a las de otros países de su entorno, como Alemania (24.867), Francia (8.010) o Reino Unido (4.719).

Los expertos consultados, sin embargo, señalan como aspectos positivos del borrador que se reconozca a las empresas como agentes en el sistema de ciencia e innovación, algo que no se hacía hasta ahora, y que en el articulado se anuncien ayudas a través de deducciones o desgravaciones fiscales. 'Es una declaración de intenciones a medio plazo, que ha sido corroborada por la ministra Garmendia al asegurar que la deducción por inversiones en I+D+i se prolongará más allá de 2011, tal y como han reclamado un gran número de empresas', aseguran.

Lo que sí especifica el texto es la puesta en marcha de incentivos, ayudas y bonificaciones a la I+D+i empresarial, que se centralizarán a través del CDTI. Entre ellos destaca la creación de un servicio público gratuito para la emisión de informes vinculados (hasta ahora se encargaba Hacienda) para que las empresas que hayan recibido ayudas públicas puedan optar a deducciones fiscales.

También se especifica la colaboración de las Administraciones públicas para la creación de sociedades de capital riesgo orientadas a la inversión de innovación tecnológica o para la adjudicación de compras públicas tanto comerciales como precomerciales. Intenciones que no se sabe cómo quedarán afectadas por la crisis económica y el profundo recorte que ha sufrido el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este deterioro de las cuentas es el que ha obligado a incluir por primera vez un apartado para que los siete organismos públicos de investigación, entre ellos el CSIC, puedan incurrir en un endeudamiento del 5% de su presupuesto, lo que les permitirá tener un colchón financiero anual de 82 millones de euros.

Un cambio que ha sido bien recibido por la comunidad científica que, sin embargo, ha criticado con inusitada fuerza la parte del borrador relacionada con los recursos humanos, al asegurar que no rompe con el tradicional sambenito de precariedad que acompaña a la actividad investigadora. El texto establece una doble etapa de formación, tanto antes como después de la obtención del puesto de doctor, que se puede alargar hasta siete años, en los que se pueden encadenar contratos en prácticas. Desde la Federación de Jóvenes Investigadores consideran 'inadmisible y sorprendente', dada la excepción legal que representa respecto a lo estipulado en la Carta Europea del Investigador. 'Si el Gobierno pretendía hacer la carrera investigadora atractiva para los jóvenes talentos, esto puede suponer una excepción respecto a las condiciones del resto de carreras profesionales', aseguran.

En su afán por impulsar la movilidad en el personal investigador y estrechar las relaciones entre el ámbito privado y público, el Ejecutivo sí que ha incluido en el apartado de recursos humanos dos aportaciones novedosas.

La primera, relacionada con la movilidad del personal investigador público, autorizará a aquellos tanto de régimen administrativo como de régimen laboral que ejerzan su actividad en la Administración central o en una universidad pública para realizar actividades de investigación en otras instituciones públicas, conservando su régimen retributivo.

La segunda pretende estimular el trasvase de investigadores desde lo público a lo privado y viceversa. De este modo establece que los investigadores públicos puedan acogerse a una excedencia, por un plazo máximo de cinco años, para prestar sus servicios en agentes de naturaleza privada. El borrador señala que durante el disfrute de esa excedencia, el investigador tendrá derecho a la reserva de puesto de trabajo y al cómputo del periodo a efectos de antigüedad.