Emisión de deuda y lucha contra el fraude fiscal

Un equipo apuesta por inyectar 200.000 millones en cuatro años.

El equipo técnico formado por profesionales de las universidades Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, bajo la coordinación del catedrático emérito Francisco Parra acaba de diseñar un 'modelo de salida' de la crisis económica con múltiples variables y participación integrada, de administración, empresarios y sindicatos 'a través de un gran pacto social'.

Según el modelo teórico, frente a la recesión actual es posible, incluso, llegar a un crecimiento acumulado del PIB del 13% en cuatro años y una reducción de la tasa de paro en 5 puntos de la población activa. Para ello se necesitaría de un estímulo fiscal valorado en 204.000 millones de euros a repartir en cuatro años.

La procedencia de estos ingresos se produciría vía tres fuentes principales: el recurso a la emisión de deuda del Estado (80.000 millones), el aumento de la recaudación de Hacienda vía disminución del fraude fiscal (82.000 millones) y el uso de la fuerza laboral de los parados que perciben prestaciones por desempleo (42.000 millones).

El recurso a la emisión de deuda pública (a razón de 20.000 millones por cada uno de los cuatro años) se argumenta teniendo en cuenta el bajo ratio de España (en torno al 40% del PIB) en comparación con la media de la UE (65%).

La rebaja del fraude fiscal 'es posible teniendo en cuenta que la economía sumergida roza el 20% del PIB', según los últimos estudios, indica Parra. De hecho, los últimos datos aportados por la Agencia Tributaria, apuntan a que la recaudación por actuaciones antifraude llegó a 8.045 millones sólo en 2008.

En el caso de las prestaciones por desempleo, el equipo propone utilizar a las personas que están cobrando las mismas para tareas sociales (educación y desarrollo de la ley de dependencia, entre otras) y de inversión productiva, en función de su preparación.

El equipo calcula que la economía necesitaría 2,8 millones de trabajadores para empleos 'estratégicos (infraestructuras, I+D y energías renovables), y otros de carácter social. Con los 200.000 millones liberados se puede destinar una pequeña cantidad, 40.000 millones, a aportar más liquidez a pymes y familias. El resto, unos 174.000 millones de euros sería empleado en financiar parte de estos empleos potenciales. Al menos un millón de estos empleos, a repartir en cuatro años podrían cubrirse.

El resultado, según esta propuesta, contribuiría a elevar las cotizaciones a la Seguridad Social, estabilizando el superávit existente. De igual forma ayudaría a cambiar de modelo productivo al potenciar tareas de índole tecnológico y de alto valor añadido.

Todos tienen que ceder

El modelo propuesto es 'axiológico' porque los agentes sociales, el Gobierno y la oposición deben aportar cada uno su grano de arena. 'Por ejemplo, si los sindicatos ceden en facilidad de despido, se beneficiarían de más creación de empleo; y si los empresarios ceden en disminuir el fraude fiscal o en que aumentar el IRPF en sus tramos altos, obtendrían mejoras del equilibrio fiscal y de la actividad', indica Parra.

Pago por el uso de las infraestructuras

En el ámbito del sector del transporte y de las infraestructuras, los efectos que puede tener una crisis económica de duración aún incierta son difíciles de predecir. Así opina Gustavo Nombela, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director de la Cátedra Fedea-Abertis, quien asegura que el Gobierno 'ha apostado por el impulso keynesiano de acelerar obras ya previstas en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT)'. Nombela considera que el Ejecutivo actúa así con la confianza de que la ecuación 'más obras=más actividad económica=más empleo' contribuya a paliar la actual coyuntura.Sin embargo, este profesor llama la atención sobre uno de los factores que en ocasiones parece olvidarse: 'si entramos en una fase larga de recesión/crisis, las demandas de transporte de viajeros y mercancías pueden sufrir una ralentización'. O lo que es lo mismo, Nombela recuerda que la combinación de más oferta de infraestructuras y menos demanda de transporte 'podría llevar durante bastantes años a tener unas estupendas autovías con escaso tráfico y unos carísimos trenes de alta velocidad sin viajeros, con las consecuencias que esto puede tener para el presupuesto público'.Por ello, este experto, aunque afirma que el PEIT se ha diseñado en la buena dirección, subraya que tiene dos puntos débiles. El primero es que son contados 'los proyectos que se están acometiendo mediante fórmulas de participación público-privada'. Y el segundo, es que 'la política de transporte debe orientarse a promover un uso eficiente de las infraestructuras', de tal forma que el usuario 'pague el coste marginal de operación de los servicios'.

La cifra

2,1% Es la contracción del PIB español en el primer trimestre, según el indicador sintético de actividad