Soluciones a la crisis

Los académicos proponen rebajas tributarias y un giro hacia actividades tecnológicas

La clave pasa por el estímulo a la demanda, pero lejos de incentivos generalizados como los 400 euros.

El presidente de EE UU, Barack Obama, se unió la semana pasada al grupo de voces que, tal vez con un exagerado optimismo, hablan de 'síntomas de que se acerca el punto de inflexión' en la crisis mundial. Pero los indicadores particulares de la economía española no avalan ese optimismo. El rápido deterioro sugiere que la crisis todavía durará varios trimestres, y se siguen acumulando las propuestas para acortar esos plazos.

Las recetas más comunes desde el mundo empresarial se centran en profundizar el modelo neoliberal. Así, se reclama una reforma del mercado laboral en el sentido de abaratar el despido y reducir las cotizaciones al igual que una reforma fiscal por la que se rebaje el impuesto de sociedades para elevar la competitividad de las empresas.

En el mundo universitario las opiniones son más heterogéneas, aunque también se apunta a cambios tributarios. Jesús Fernández-Villaverde, de la Universidad de Pennsylvania, y Juan Rubio Ramírez, de la de Duke, califican de 'peligroso' reducir las cotizaciones sociales, porque podría generar conflictividad social y dificultar la sostenibilidad de las pensiones. En cambio, en sendos artículos recogidos en Fedea proponen una rebaja del IRPF en sus tramos más bajos, que podría ser utilizada como un incentivo a los sindicatos para la moderación salarial durante este año.

Los expertos sostienen que las decisiones de inversión pública deben tomarse en función de su utilidad a largo plazo

Menos IRPF, más IVA

La caída de recaudación se compensaría, a su juicio, con una subida de un punto en el IVA (que desincentivaría el consumo frente a la inversión) y un incremento notable del impuesto especial de hidrocarburos. Este sería más fácil dado el bajo precio del petróleo, y 'mantendría los incentivos para las energías alternativas'. Todas estas medidas, sostienen, supondrían un cambio en los precios relativos muy similar al de una devaluación competitiva (al bajar los costes de los factores y subir los del consumo y la energía), medida utilizada para salir de las crisis anteriores. Además, esa propuesta 'es coherente con el crecimiento económico a largo plazo, pues premia el trabajo, el ahorro y la inversión'.

De momento, el Gobierno ha apostado más bien por un fuerte incremento de la inversión pública. Unos de los puntos fuertes son los 8.000 millones de euros transferidos a los ayuntamientos para ejecución de obras locales. Sin embargo, los profesores de las citadas universidades estadounidenses sostienen que su impacto sobre el producto interior bruto y el empleo tarda en notarse 'varios trimestres'.

Otra de las grandes apuestas del Gobierno para afrontar la crisis es mantener la rebaja de 400 euros por trabajador en el IRPF, una medida que cuesta 6.000 millones de euros anuales. Juan Carlos Conesa, de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que no está claro hasta qué punto una reducción de impuestos se traslada a un mayor gasto de los hogares, pues estos toman sus decisiones en función de las expectativas de renta futura y no de la secuencia temporal de los impuestos. A su juicio, el traslado sólo se traduce en un incremento real de gasto en los hogares con restricciones de liquidez (es decir, los más afectados por la coyuntura económica).

Por eso, sugiere que dirigir las rebajas fiscales al conjunto de la población 'no es equitativo, y probablemente tampoco es efectivo para el estímulo de la demanda a corto plazo'. Un plan adecuado sería, más bien, 'ampliar los mínimos exentos y las deducciones por trabajo' de las rentas más bajas. Incluso, sugiere que el aumento del periodo de percepción del seguro de paro ayudaría a mejorar las perspectivas de esos hogares, de modo que mejoraría la situación global del consumo.

En cuanto a la inversión pública, Conesa destaca también que los procedimientos administrativos requeridos limitan la capacidad de respuesta rápida. Además, recuerda que los estabilizadores automáticos (principalmente, el seguro de desempleo) ya cumplen un papel de impulso fiscal, por lo que los proyectos de inversión 'deberían realizarse en función de su conveniencia a largo plazo'. En este sentido, el profesor reclama que las medidas temporales específicas para hacer frente a la coyuntura negativa 'debieran tomarse con una dosis considerable de cautela'.

Eficiencia en el gasto. 8.000 millones en investigación y desarrollo para el año que viene

Emilio Ontiveros, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, reconoce la utilidad del plan estatal de inversión local para obras de urgencia, dotado con 8.000 millones. Sin embargo, propone que de prorrogarse este plan para el próximo año, algo que está estudiando el Gobierno central, esos fondos vayan dirigidos entonces a actividades 'más rentables a largo plazo' como las nuevas tecnologías y la investigación y el desarrollo (I+D). De igual forma, la deducción fiscal de los 400 euros en el IRPF 'sería más productiva' si fuera dirigida a los contribuyentes con rentas más bajas. No se trataría de gastar más sino de hacerlo mejor, dado el elevado déficit fiscal actual.

Modelo productivo. Reequilibrar ahorro e inversión doméstica y elevar la productividad

Javier Andrés, de la Universidad de Valencia, destaca que, en los buenos tiempos truncados el año pasado, España disfrutó de una disponibilidad de fondos exteriores a tipos bajos que difícilmente se va a sostener en el futuro. Por ello, reclama una reforma del modelo productivo en el que se reequilibre el ahorro y la inversión doméstica (es decir, se reduzca un déficit corriente que ha rozado el 10% del PIB). Además, debería reducirse el peso de la construcción y tomar medidas para elevar la competitividad, como aumentar el presupuesto en educación, ligar incrementos salariales a la productividad (en un pacto global por el empleo) o reformar el mercado del alquiler

Mercados financieros. Regulación y vuelta a la prudencia en la evaluación contable

José Manuel Campa, de IESE, se centra en el origen financiero de la crisis y mantiene que 'no toda la innovación debe ser necesariamente buena sólo porque se acuerde entre las partes'. A su juicio, se requiere que el regulador tenga competencia sobre el tamaño efectivo del mercado. Así, será necesaria una mayor coordinación entre entidades nacionales, a fin de evitar situaciones de arbitraje. Campa pide que se cree un sistema robusto 'ante la posibilidad de que algunos mercados financieros líquidos desaparezcan'. En ese entorno donde algunos activos carecen de precio de mercado, propone 'prudencia en la evaluación, un principio contable que ha perdido protagonismo'.

Comercio y servicios. Apuesta por la competencia y evitar el proteccionismo

Aleix Calveras, de la Universidad de Baleares, y Juanjo Ganuza, de la Pompeu Fabra, urgen a que la política de competencia no se sacrifique en aras de 'hipotéticas ganancias a corto plazo'. A su juicio, debe preservarse el mercado único europeo sin entrar en una batalla de ayudas públicas. Las tentaciones proteccionistas, sostienen, sólo conllevarían una espiral de respuestas perjudicial para todos. En España, esa política pasaría por preservar la independencia de las instituciones reguladoras, utilizar mecanismos competitivos en adjudicaciones públicas, elevar la movilidad estudiantil entre universidades y mejorar la información sobre calidad de servicios públicos autonómicos.