Medidas para el automóvil
El sector del automóvil viene sufriendo los efectos de la desaceleración inicial, crisis posterior y recesión actual de la economía, derivada tanto de la quiebra de la estructura económica y productiva del país -basada en la composición de una demanda interna sesgada hacia el consumo privado y la inversión en construcción- como la generada por el sistema financiero internacional.
De la situación que atraviesa el sector hay que destacar, por un lado, la responsabilidad del sistema financiero, ya que del acelerado deterioro de la demanda de vehículos no es ajena la banca, restringiendo la importante necesidad de financiación que requiere este mercado y que representa una parte fundamental de los créditos al consumo cedidos en forma de préstamos.
Por otro lado, durante la última década se viene manifestando una reducción del protagonismo de este sector en la economía, lo que es responsabilidad directa de las empresas por su tendencia a la disminución de las inversiones productivas y la ausencia de los productos requeridos en mayor medida por el mercado interior. Al mismo tiempo, tanto las empresas como los sucesivos Gobiernos no han sabido aprovechar en toda su intensidad la larga fase de crecimiento económico para adoptar las medidas que anticipasen los cambios que requiere un sector enmarcado en una alta competitividad.
Mientras, el Gobierno, que ha manifestado una clara voluntad para ayudar a sobrellevar en mejores condiciones la actual crisis, debiera aprovechar las necesidades del sector para incorporar medidas de apoyo que no sólo afronten las consecuencias más inmediatas de la crisis, sino, y sobre todo, para que la industria del automóvil salga preparada para hacer frente a la competencia una vez superada la situación actual.
Al mismo tiempo, la fuerte caída del mercado interior español requiere la aplicación de medidas tanto puntuales, mediante apoyos directos a la adquisición de vehículos, como más permanentes, a través de instrumentos dirigidos hacia el rejuvenecimiento del parque automovilístico español, al menos hasta equipararnos a la media de la UE.
Pero, para afrontar en mejores condiciones la crisis de carácter global, basada en las restricciones crediticias al consumo, la Unión Europea debiera sentar las bases hacia una coordinación efectiva de los instrumentos de apoyo al sector, evitando la actual competencia generada por la proliferación de las distintas ayudas estatales. En este sentido, la Comisión Europea debe asumir la necesidad de contemplar medidas específicas comunes para un sector con una incidencia importante en la economía del continente.
En España, la vía de los estímulos económicos no es suficiente si no se contemplan objetivos concretos que incidan en la estructura del sector y, por tanto, en su futura competitividad. Es preciso evitar las consecuencias de la fuerte reducción de la producción prevista para este año, manifestada en que el 35% del empleo total del sector se está viendo afectado por aplicación de expedientes de regulación de empleo, sin contar los despidos individuales (100.000 para este año: 50.000 en constructores, donde se concentra la modalidad de suspensión de contratos; 40.000 en componentes, con más de 5.000 extinciones y la desaparición del empleo temporal; y 10.000 en la red comercial, acuciada por los despidos individuales).
Pero falta resolver importantes incertidumbres en el panorama sectorial español, en unos casos relacionados con la asignación de vehículos que garanticen la actividad en empresas como Renault en Valladolid, Ford de Almusafes y Mercedes Benz de Vitoria. Esto constituye también un antiguo problema en Volkswagen de Navarra. O la indefinición estructural que acompaña permanentemente a Seat de Barcelona y a la fábrica de PSA en Madrid desde hace años. Incertidumbres a las que se ha unido en las últimas fechas los posibles efectos en Figueruelas de la situación económica de General Motors en EE UU y en Europa.
Para la Federación de Industria de CC OO, el principal objetivo para sentar una base sólida para el futuro del sector es acometer los cambios necesarios mediante la adopción de medidas dirigidas a atender las necesidades a largo plazo, mediante políticas de cambios en la estructura productiva, intensificando las inversiones productivas e integrando el empleo como estrategia industrial.
Máximo Blanco. Secretario de Política Industrial de la Federación de Industria de CC OO