Las deudas, históricas o no, se multiplican
El Gobierno saldó ayer con 1.200 millones de euros la llamada 'deuda histórica' de Andalucía, una vieja reclamación que ya se incluía en el Estatuto andaluz aprobado en 1981 y que se justifica por las especiales 'circunstancias socioeconómicas de Andalucía'. Según el texto estatutario, la región más poblada de España debía recibir transferencias extras para prestar un nivel similar de servicios públicos que otros territorios, ya que se encontraba ante una situación económica de partida muy por debajo de la media. Una cláusula que nunca se cumplió y que también se incluyó en el nuevo Estatuto andaluz. Finalmente, un acuerdo bilateral entre el Gobierno y la Junta de Andalucía ha puesto fin a casi 30 años de reclamaciones. El Ejecutivo central tiene hasta el 20 de marzo de 2010 para abonar los 1.200 millones.
Si bien el pago de la deuda histórica no guarda relación directa con el actual debate de la reforma de la financiación autonómica, las comunidades lo utilizarán -ya lo han hecho- para reclamar también sus deudas históricas, un concepto que hasta ahora sólo utilizaban Extremadura y Andalucía, pero que cada vez puede escucharse más en boca de distintos presidentes autonómicos.
El Estatuto catalán incluye una disposición que, sin citar el término 'deuda histórica', establece que el Estado deberá aumentar la inversión en infraestructuras en Cataluña para paliar el déficit de los últimos años. Por este concepto, el Gobierno central y la Generalitat acordaron un inversión extra de 800 millones a finales del pasado mes de febrero. El acuerdo con la Generalitat levantó mil y una críticas en comunidades como Madrid, que acusó a Zapatero de 'premiar' a comunidades ideológicamente afines.
Extremadura, por su parte, reclama al Gobierno central unos 300 millones de euros por el mismo concepto que Andalucía. Visto el éxito de la región vecina, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, asegura que el nuevo Estatuto copiará de 'inicio a fin' el párrafo del texto andaluz que reivindica la deuda histórica. Galicia también utiliza el término deuda histórica y otras comunidades como Madrid, Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana consideran que el Gobierno central tiene una 'deuda pendiente' con ellas porque el actual sistema de financiación toma como referencia la población de 1999 y, por tanto, penaliza a aquellas regiones que más han crecido demográficamente desde entonces.
La presidenta del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, y su homóloga valenciano, Francisco Camps, reclaman a Zapatero un fondo de más de 1.000 millones para cada una para paliar el aumento de población que han sufrido. Baleares cifra la deuda por el mismo concepto entre 300 y 600 millones. Castilla-La Mancha y Canarias, por su parte, reclaman una 'deuda histórica sanitaria'. Y así se podría continuar por cada comunidad autónoma.
Esta situación enturbia y dificulta alcanzar un acuerdo de consenso en la nueva reforma del modelo de financiación, cuyo objetivo último -a veces se olvida- es mejorar el bienestar y los servicios públicos que reciben los ciudadanos de todos los territorios. Sin embargo, a menudo, parece que las comunidades simplemente luchan egoístamente entre ellas para llevarse un trozo más grande del pastel.
Cuando el Gobierno concedió 800 millones más de inversión a Cataluña en infraestructuras, dirigentes como Esperanza Aguirre en Madrid o Juan Vicente Herrera en Castilla y León lo consideraron un agravio comparativo. Y ayer, el líder de CiU, Artur Mas, utilizó el mismo término al hablar del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo central con Andalucía. Para evitar estas luchas estériles urge encontrar un nuevo modelo de financiación que sea capaz de contentar a todas las comunidades y, de paso, ponga fin a las reclamaciones y disputas de las regiones que sólo sirven para alentar la crispación entre territorios. A nadie beneficia que cada dos o tres años se reabra el debate sobre la financiación autonómica.
El Gobierno asegura que la negociación ya ha entrado en la recta final. De hecho, Economía espera que se forme el nuevo Gobierno de Galicia, liderado por Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular, para convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que reúne a representantes económicos del Gobierno y de las comunidades. Probablemente en abril se celebrará el Consejo que debería aprobar el nuevo modelo de financiación. Sin embargo, distintas comunidades, sobre todo Cataluña, sostiene que el anhelado acuerdo está aún lejos.