COLUMNA

¿Existe diálogo social?

La fuerte destrucción de empleo con la crisis ha desbordado las previsiones del diálogo social que se impusieron los agentes sociales y el Gobierno al principio de la legislatura. Numerosas voces exigen cambios profundos en la legislación laboral y, según el autor, si finalmente no hay pacto, el Gobierno tendrá que mover ficha

De nuevas nos encontramos con el debate de la reforma laboral. Las equívocas declaraciones del Gobernador del Banco de España con respecto al coste del despido han vuelto a levantar la polémica. Los sindicatos le han acusado de secundar las posturas de los empresarios, y el propio Gobierno ha anunciado que no piensa legislar en ese sentido. Los nervios están a flor de piel, y cualquier chispa provoca un incendio. Bajo los efectos de un desempleo galopante, padecemos una inquietante parálisis de ideas y propuestas. Doblamos la media europea en tasa de paro. Algo tendremos que hacer.

En teoría, el proceso de diálogo social se abrió al inicio de la legislatura, con gran aparato de fotos y publicidad. La primera reunión se celebró en la Moncloa, con medio Gobierno recibiendo a los agentes sociales. Aquella reunión nos pareció precipitada, sin guión previo, y con más voluntarismo que enjundia. Desde entonces, la nada. Algunas declaraciones sueltas y poco más. ¿Qué le ocurre al diálogo que no avanza?

No lo tienen fácil los agentes sociales. Los sindicatos no aceptarán nada que puedan entender como un retroceso social, y los empresarios no estamparán su firma en un acuerdo que no mejore su competitividad. Ni unos ni otros parecen dispuestos a ceder, mientras que el Gobierno es incapaz de plantear unas propuestas de negociación, rehén de su propio compromiso de no legislar nada que no venga previamente acordado por los interlocutores sociales. Si -ojalá no lo veamos- el desempleo se acerca al 20%, veremos como el Gobierno tendrá que mover ficha con o sin el acuerdo deseado. El escollo siempre parece ser el costo del despido. Es cierto que tenemos el despido improcedente más caro de toda Europa, lo que sin duda alguna desincentiva la contratación de nuevos fijos. Pero también es cierto que el despido por causas objetivas reduce sensiblemente la indemnización hasta los 20 días por año trabajado. En todo caso, la dicotomía laboral que padecemos resulta sumamente perniciosa. Por una parte, unos indefinidos privilegiados y por otra unos temporales sin derecho alguno. Más escandaloso resultan los blindajes de los altos directivos. Es una inmoralidad comprobar que los mismos que claman contra los 45 días, protegen su salida con cientos de miles de euros. De todo ello tendríamos que hablar.

Pero el diálogo social debe ser mucho más amplio. El coste del despido no es su piedra angular. Dios nos libre de dar recetas a nadie pero deberían abordarse de forma conjunta la regulación de los convenios colectivos, los procedimientos de jurisdicción laboral, los tipos de contratación y sus costos de despido, los costos de las cotizaciones, las prestaciones de desempleo, las políticas activas y formación, la intermediación laboral, la movilidad entre comunidades autónomas y el funcionamiento de los servicios públicos de empleo.

Pero, por encima de todo ello, debemos abrir un debate serio y profundo sobre nuestra baja productividad, talón de Aquiles de todo nuestro sistema.

Nadie es capaz de vaticinar nuestro futuro económico. Todas las posibilidades están abiertas. Desde la que nos despeñemos por un agujero aún más pavoroso del que nos podemos figurar hasta la de una relativa recuperación a final del presente ejercicio, pasando por una amplia gama de escenarios intermedios. Ya veremos lo que ocurre. Pero, de lo que nadie tiene dudas es que el desempleo seguirá creciendo. Los más optimistas apuntan al 18%, mientras que los pesimistas al 20%, algo impensable hace tan sólo un año. Urge hacer algo. El famoso plan de los 8.000 millones para obras municipales apenas si constituirá un alivio momentáneo.

Los sindicatos intentan aportar serenidad en estos tiempos de zozobra. Muchas son las voces que les exigen que se echen a la calle. Sí, ¿pero contra quién? ¿Contra unas empresas agónicas o contra un Gobierno que peca por omisión? Aciertan con su prudencia. Una huelga general en estos momentos no haría sino deteriorar aún más la situación. Los empresarios, superada la fase del famoso paréntesis en la economía de mercado, también deben concretar sus recetas. Ojalá ambas partes se emplearan a fondo en un diálogo social ambicioso e inteligente. Las circunstancias lo ponen difícil. Me temo que seguiremos asistiendo al deterioro del empleo ante su mirada impávida. Al final, le guste o no, le tocará al Gobierno mover ficha. Que no tarde demasiado.