El sector público en España paga a 144 días y las empresas, a 89
La Administración retrasó sus pagos 41 días de media en 2008, frente a los 16 días de las empresas y los 15 de los consumidores, según un estudio realizado por la multinacional sueca especializada en gestión del crédito Intrum Justitia. El informe se elaboró durante el primer trimestre del año, por lo que, es más que probable, que estos datos sean hoy mucho peores.
Según el estudio, el sector público acuerda pagar a 103 días pero finalmente abona sus facturas pasados los 144 días. Es decir, con un retraso de más de un mes frente a lo pactado inicialmente. Las empresas por su parte, fijan el pago en 73 días pero se alarga hasta los 89. El mejor pagador es el consumidor final, que abona sus facturas en 56 días.
Precisamente, Jesús Bárcenas, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), criticó que las administraciones públicas, sobre todo los ayuntamientos, deban 33.000 millones de euros a las pymes.
Según el estudio de Intrum, sólo el 25% de las facturas se paga en los primeros 30 días, mientras que la mitad se abona en el plazo de 60 días. Sin embargo, el porcentaje de facturas que se pagan a más de 90 días ha pasado del 20% en 2007, al 24% en 2008.
El informe, realizado en 25 países europeos, revela que los servicios profesionales -abogados, arquitectos o traductores, entre otros- ocupan el primer puesto en el ranking de las empresas afectadas por el retraso en los pagos. Según sus cálculos, la creciente demora que se observa en toda Europa se traducirá en 250.000 millones de euros en costes adicionales cada año.
Los países del sur de Europa -Portugal, Grecia, Chipre o España- se encuentran entre los peores pagadores del continente. En el lado opuesto se sitúan los países escandinavos. El deterioro económico ha disparado el riesgo de impago en países como Suiza, España, Italia o Francia, mientras que se ha mantenido en niveles bajos en los países nórdicos y estables en el Reino Unido.
La empresa sueca defiende que la Ley de Morosidad, que entró en vigor hace cuatro años, no ha 'conseguido el objetivo de reducir el número de morosos'. Entre sus fallos, Intrum enumera el desconocimiento de esta norma, 'así como las malas prácticas de pago', que están 'impidiendo su correcta aplicación'. Por otra parte, reclama que se respete el plazo de pago de 30 días que recomienda la ley. Y, si se incumple, sugieren que se apliquen sanciones como 'intereses de demora y la indemnización por costes de cobro.'