Reglas, reformas y crecimiento

Hay días en los que en las páginas de un mismo periódico aparecen tratadas cuestiones relacionadas desde ópticas que no siempre resultan concordantes. Así fue, por ejemplo, en El País del pasado lunes, 2 de febrero.

La sección de Vida & Artes comenzaba con un interesante artículo sobre las dificultades para abrir una empresa en España. Su fuente principal era el estudio anual del Banco Mundial Doing Business, que hemos comentado varias veces en esta columna, del que se deduce que España es el país de la OCDE en donde más días se tarda en crear una empresa y sólo es superado por Polonia en el conjunto de trabas (tiempo, coste y número de trámites) para iniciar una actividad empresarial.

En el estudio que acabamos de realizar para la Fundación de Estudios Financieros, y que va a publicar ésta como Observatorio de la Economía Mundial, España se encuentra en el puesto 53 en el agregado de indicadores cubiertos por Doing Business (no el 47 como dice la propia publicación, si agregamos correctamente los distintos indicadores) y en el puesto 95 del mundo en el mencionado aspecto de la creación de empresas.

En este mismo estudio, que utiliza otras fuentes además de Doing Business, sobresalen como países más favorables para la actividad empresarial 19 países, entre los que no se encuentra España. Nuestro país se encuentra en un segundo grupo, también de 19, junto a países europeos de menor desarrollo, algunos asiáticos (como Corea y Taiwán), otros de Oriente Medio (Emiratos y Qatar), dos latinoamericanos (Chile y Puerto Rico) y un africano (Mauricio). Italia ni siquiera está en este grupo.

En un artículo en El País de ese mismo día, titulado Reformas de segunda generación, J. Estefanía, al socaire del interesante libro de Alonso y Garcimartín que él había presentado unos días antes, pone el énfasis en la necesidad de reformas institucionales. Si yo tuviera un lector mínimamente fiel de esta columna quincenal en los últimos nueve años no dejaría de sonarle esta reflexión. Más si este hipotético lector hubiera leído el libro que presentamos el año pasado en la Fundación Ramón Areces.

Estefanía se estaba refiriendo a las reformas a nivel global, lo que es muy relevante en los tiempos que corren. Pero la reforma global requeriría previamente una consolidación institucional interna en los distintos países. Desde luego para mejorar el sistema económico internacional. Pero también para luchar contra la pobreza. Hay cada vez menos discrepancias respecto a la decisiva importancia que el mal funcionamiento institucional tiene como causa del subdesarrollo. Discrepa un libro tan poco riguroso como el best seller de J. Sachs sobre el fin de la pobreza. Por el contrario, aportaciones como la reciente de R. Bates (Cuando todo se derrumba. Fracaso del Estado en la África de final de siglo), que explica la dinámica institucional perversa que se ha producido en la mayoría de los países africanos desde la independencia, nos ayuda a comprender qué ha ocurrido en la región más atrasada del mundo en los últimos 35 años.

Si se defiende, cómo es lógico, la necesidad de ayudar a los países subdesarrollados, convendría entender antes cuáles son las causas de su estancamiento. Libros como el de Bates (y otros, como los de W. Easterly, D. Rodrik, y D. Acemoglu y J. Robinson) contribuyen poderosamente a ello. Reincidir en ciertos tópicos con la ayuda de tres ratios mal calculadas no ayuda nada (excepto a vender libros, al parecer).

Si no se puede dudar de la importancia de la calidad institucional para explicar el mal funcionamiento de las economías poco desarrolladas, algunos defendemos que también son fundamentales para explicar las diferencias en crecimiento y en productividad entre los países más desarrollados. Entre los países de la OCDE hay diferencias en las reglas que condicionan la actividad económica, como ponen de manifiesto las anteriores referencias a Doing Business.

También las hay en el funcionamiento de la justicia en los distintos países, y las hay, muy importantes, en lo que llamamos instituciones informales (grado de cumplimiento de normas y acuerdos, corrupción, favoritismo en las decisiones públicas, códigos de conducta, etcétera). Y todos estos factores son muy relevantes para la eficiencia productiva y la innovación.

Esta reflexión nos relaciona con el tercer elemento del periódico que estamos comentando. Un editorial de El País pide ese día una mayor inversión pública en tecnología 'para superar el déficit tecnológico'. No me parece mal que se aumente ese tipo de inversión pública, pero la causa más importante del déficit tecnológico es otra: el retraso en la incorporación de las últimas tecnologías. Y resulta que las tecnologías están disponibles para el sistema productivo español en condiciones similares a las que se dan en los países europeos más productivos (y con los que llevamos tiempo divergiendo en productividad) y la cuestión que hay que explicar es por qué en España se incorporan con menor intensidad.

Seguramente, diferencias en capital humano son relevantes pero también lo son las diferencias en los incentivos que tienen los agentes económicos para ser más eficientes y más innovadores. Y esos incentivos están fuertemente condicionados por la calidad de normas y reglas, por el funcionamiento de instituciones formales como la Administración pública y la justicia y por las instituciones informales que antes hemos comentado. Y en todos esos aspectos España se encuentra bastante atrasada respecto a los países europeos más avanzados.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense