¿El sector exterior como solución a la crisis?
La puesta en vigilancia negativa por parte de S&P de la calificación de la deuda pública del Estado constituye una de las señales más claras del deterioro de la economía española, señala el autor, que analiza las consecuencias de una posible rebaja y las medidas que podrían impedirlo
La puesta en vigilancia negativa por parte de Standard & Poor's de la máxima calificación del rating a largo plazo (AAA) del crédito soberano en moneda nacional y extranjera tanto del Reino de España y de las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra, como de los organismos asociados al crédito soberano del Estado español Instituto de Crédito Oficial (ICO), Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), constituye una de las señales más claras del deterioro de la economía española, resultado de una política económica de marcado carácter neokeynesiano caracterizada por un aumento desmedido del gasto público y la generalización de ineficiencias.
Los intentos del Gobierno para compensar una decreciente demanda privada, por el menor consumo y la drástica disminución en la inversión en vivienda, está llevando hacia un deterioro de unos equilibrios macroeconómicos que han de estar dentro de los límites establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) firmado para cumplir sine die con los criterios de convergencia acordados en el Tratado de Maastricht.
Una de las enseñanzas de esta vigilancia negativa del rating a largo plazo es la inefectividad de las políticas públicas contracíclicas, principalmente a través de política fiscal expansiva vía gasto público, que intentan compensar al mercado. Al ser mayor el gasto público, tanto por el creciente desempleo como por la puesta en marcha de políticas públicas ineficientes, y al ser menor la recaudación impositiva, es de esperar un aumento de déficit público, el cual, según S&P, superará el 6% en 2009. Esto, unido a un crecimiento económico negativo, llevará hacia un fuerte debilitamiento de las cuentas públicas, así como del desempleo, parte del cual corre el riesgo de convertirse en estructural.
Una disminución del rating sería muy negativa para la economía española, al desviarse flujos financieros (principalmente capital-golondrina) hacia otros mercados, al ralentizarse la creación de empleo y el crecimiento económico a largo plazo, y al tener mayores problemas para financiar la deuda y el déficit públicos. Vivimos en la era de la globalización y la economía española ha de estar plenamente inmersa en ella si desea optimizar sus niveles de crecimiento y bienestar.
Dadas estas sombrías perspectivas, cabría preguntarnos qué es lo que se podría hacer para evitar dicha situación. De los tres motores de crecimiento que tiene un país desarrollado (privado, público y exterior), la economía española se ha basado durante décadas en el motor privado (consumo y vivienda), cada vez menos en el motor público (gasto público) por las exigencias de Maastricht, y poco (demasiado poco, quizás) en el sector exterior (exportaciones), lo que hace que tengamos un déficit comercial de un 10% del PNB en 2008.
Dado el alto nivel de endeudamiento de las familias españolas (105% del PIB a finales de 2008) y dadas las limitaciones en el PEC en términos de austeridad pública, tanto en la deuda (60% del PIB) como en el déficit (3% del PIB), el único camino sostenible a medio y largo plazo para alcanzar de nuevo unos altos niveles de crecimiento es, en mi opinión, mediante la introducción de rebajas fiscales e incentivos financieros y laborales que aumenten la competitividad y fortalezcan el sector exterior mediante unas mayores exportaciones, la formación de emprendedores y la creación y/o ampliación de incubadoras de empresas con apoyo público y privado.
Este año es fundamental para cimentar nuestro bienestar del próximo quinquenio. Estamos ante una triple crisis (económica, financiera y de credibilidad) cuyo final tiene únicamente dos escenarios a medio y largo plazo: en forma de U, en la que a partir de 2011 tendríamos crecimiento económico sostenible, y en forma de L, caracterizada por una estructuralización y un empeoramiento de los fundamentales económicos (paro, inflación y equilibrio externo) a medio y largo plazo, cuya solución es más difícil.
La empresa española se ha fortalecido en América Latina y ha alcanzado posiciones de liderazgo en los mercados internacionales. La economía española en su conjunto, incluyendo las Administraciones públicas, podrían tomar nota en este sentido y tener en cuenta aún más al ingente y creciente mercado exterior. Posibilidades tenemos para ello, siempre que exista la voluntad política y económica para llevarlo a cabo. Lo importante, a mi entender, es hacerlo.
José Manuel Saiz Álvarez, Profesor de la Universidad de Nebrija