La reforma laboral pendiente
Llevamos hablando de la reforma laboral pendiente durante toda la historia de la España moderna. Un momento de profunda crisis como ésta, con el paro de nuevo en dos dígitos y subiendo al ritmo de tres puntos porcentuales al año, puede no parecer el más apropiado para acometerla, a primera vista. Pero tal vez la crisis sea precisamente el revulsivo que hacía falta para implementar de una vez esa reforma.
No es ningún secreto que España tiene un mercado laboral excesivamente rígido. A pesar de las reformas tímidas que se han hecho desde que se aprobó el altamente restrictivo Estatuto de los Trabajadores en el año 1980, sigue siendo rígido. De hecho, es uno de los más restrictivos de Europa, según el índice de rigidez que utiliza la OCDE.
La experiencia vivida desde 1980 ha demostrado que un mercado rígido como éste reacciona de manera exagerada a golpes como los que le azotan en los últimos meses. La tasa de desempleo sube aquí mucho más rápidamente que en los países del entorno cuando se ralentiza la economía. El motivo es evidente: ante la carestía del despido y las incertidumbres asociadas al proceso legal que le acompaña, los empresarios optan por no contratar a personas en momentos como éste. Ante el miedo y las perspectivas negativas, utilizan la mano de obra indefinida que ya tienen, despiden a los temporales (que son en su gran mayoría mujeres, jóvenes e inmigrantes), y esperan a la próxima onda expansiva de la economía para contratar. Sólo así se explica que la tasa de desempleo español pueda haber subido en tres puntos porcentuales en sólo un año de desaceleración.
Tampoco es un secreto qué reforma laboral hace falta: hay que reducir el coste del despido para el empresario. A la vez, hay que aproximar la situación de los trabajadores temporales -aquellos permanentes discriminados en el mercado laboral español- a la de los fijos. Es una contradicción insostenible que un país elija una normativa estricta en despidos porque valora la seguridad laboral, mientras deja en situación precaria a casi la tercera parte de sus trabajadores. La única solución solidaria es dar más protección a los temporales y menos a los fijos.
Pero, ¿cómo se puede hacer una reforma que facilita el despido en un momento en el que los puestos de trabajo están escaseando? La solución es sencilla: acompañarla de otra reforma que dé más protección a los trabajadores desde el Estado. En realidad, todos los países eligen quién va a soportar la carga de los ajustes laborales necesarios: ¿el empresario o el Estado? En España la carga cae sobre el empresario que tiene que pagar los despidos, y en momentos como el actual él responde paralizando la creación de empleo, por miedo a lo que pueda pasar. En otros países, como Dinamarca u Holanda, la carga cae sobre el Estado, que deja el despido mucho menos regulado pero apoya al trabajador a través de subsidios, formación y búsqueda activa de empleo para las personas que pierden su puesto de trabajo. Así dan agilidad a la empresa y protegen a sus trabajadores.
¿Pero no tiene España ya un sistema de apoyo al trabajador, a través del subsidio del paro? Sí, lo tiene, y es costoso, pero no por ello da un apoyo eficaz a las personas que han perdido el trabajo y quieren buscar otro. Un sistema de desempleo eficaz reuniría varias condiciones.
Primero, sería muy difícil de cobrar para los que realmente no buscan trabajo. Donde el sistema funciona bien, se exige a los trabajadores que reporten a las oficinas de empleo semanalmente a partir del sexto mes, o que den pruebas de que buscan trabajo, o que se apunten a cursos de formación si quieren seguir cobrando. Si es excesivamente fácil recibir el subsidio, su efecto es perverso: hace subir la tasa de paro.
Segundo, la oficina de empleo colaboraría activamente con las personas desempleadas, buscándoles trabajo, llamándoles para entrevistas, y eliminar de sus listas a las personas que no responden.
Y por último, ofrecería cursos de formación relevantes y obligatorios a todos los parados a partir de un cierto tiempo (normalmente el sexto mes de desempleo). Un sistema eficaz que funcionara de esta manera no sería sólo una fuente de gasto, sino una herramienta valiosa para redirigir a las personas hacia el mercado laboral y evitar el desempleo de larga duración, que tiene un alto coste para el Estado tanto como para el parado.
Así que lo que exige un momento de crisis como éste no es parálisis, por miedo a la oposición política. Hace falta tomar pasos decisivos, para abarcar una reforma a fondo. Hace falta acometer de una vez esta reforma laboral pendiente que le deje a España en condiciones de competir, de proteger a los que trabajan o buscan trabajo, y de efectuar los ajustes que exige la economía en momentos de crisis.
Gayle Allard. Profesora de Economía de IE Business School