Ayudas de Estado muy peligrosas
La Comisión Europea (CE) rompió ayer con el principio general de que las ayudas de Estado sólo son admisibles en un mercado interior cuando solucionan una carencia del mercado y no provocan una grave distorsión de la competencia. En contra del espíritu del Tratado de la UE y frente a más de cinco décadas de jurisprudencia, el organismo comunitario ha decidido aceptar que los Estados ayuden a entidades financieras que no atraviesan dificultades excepcionales y que los beneficiarios de esa ayuda la obtengan además en unos términos económicos muy ventajosos. Es una peligrosa reinterpretación de las normas sobre ayudas de Estado que se plasmó ayer en una comunicación oficial, fruto de las fuertes presiones de los Gobiernos de Francia y Alemania, con la inestimable complicidad del Banco Central Europeo.
Aunque Bruselas asegura que estudiará caso por caso los planes de cada país para sus entidades bancarias, el propio enunciado de la luz verde general a las ayudas coloca en posición de desventaja a aquella banca que, como la española, intenta capear la crisis financiera con arreglo a las leyes del mercado.
El agravio comparativo quedó patente sólo unos minutos después de que la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, presentara ayer la citada Comunicación. El plan de Francia para inyectar hasta 21.000 millones de euros en sus entidades financieras, con un tipo de remuneración medio del 8%, recibió el visto bueno de Bruselas sin más dilación. BNP Paribas, Société Générale y otros se ahorrarán así el duro trance de acudir al mercado para mejorar sus ratios de solvencia mediante ampliaciones de capital, tal como ha hecho en España, por ejemplo, Banco Santander.
La comisaria Kroes se ha limitado a incluir en su documento algunas salvaguardas formales y difíciles de verificar, como el ruego -más que exigencia- de que no se utilicen las ayudas para planes de expansión comercial y que los procesos de fusión y adquisición de entidades se hagan en un clima competitivo.
Parece difícil que Kroes, cuyo mandato expira en noviembre del año que viene, disponga ya del tiempo y la credibilidad necesarios para imponer esos condicionantes. Lo más probable es que los planes de recapitalización en Alemania, de Francia y de otros socios europeos se lleven a cabo sin apenas control previo y dejando la verificación final a largos y procelosos recursos ante el Tribunal de Justicia europeo. Mientras, los países que como España pretendían seguir el dictado de las normas tradicionales quizá se tengan que plantear sumarse a la carrera de ayudas públicas a bancos sanos.
Las normas de competencia, en definitiva, van a salir muy mal paradas de este arriesgado experimento. Y la autoridad de la Comisión sufre el mayor varapalo desde que también París y Berlín dinamitaran el antiguo Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), en 2003. El entonces comisario europeo de Economía, Pedro Solbes, al menos tuvo el arrojo de denunciar a los Estados ante el Tribunal de Luxemburgo. Y contó para ello con el apoyo de quien presidía la CE, Romano Prodi. Ahora, Kroes y el actual presidente, José Manuel Barroso, ni se han atrevido a plantar cara a París y Berlín.