Fiscalidad

Hacienda vigilará el consumo de luz para detectar alquileres ocultos

La Agencia Tributaria vigilará la potencia contratada y el consumo de electricidad de millones de contribuyentes, tanto empresas como personas físicas, gracias a la nueva norma antifraude que acaba de aprobarse y que desarrolla la actual Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

El real decreto que acaba de dar luz verde el Gobierno amplía el nivel de coordinación que Hacienda tenía ya desde hace dos años con las compañías suministradoras de energía eléctrica. Hasta ahora, estas compañías debían remitir los datos identificativos del contratante del suministro eléctrico así como la referencia catastral del inmueble y quien paga el recibo. El objeto es detectar los arrendamientos ocultos al fisco al cruzar estos datos con las declaraciones de impuestos del propietario del inmueble. Ahora, con la nueva norma, Hacienda tendrá muchos más poderes. Estos se extienden a una base legal para un control exhaustivo del consumo de energía de cada vivienda. La vigilancia se potenciará a través de varios conceptos, ya que las compañías deberán suministrar información periódica "cada año de los niveles de consumo anual en kilovatios, la ubicación del punto de suministro y la fecha de alta del mismo".Hacienda pretende con ello, inspeccionar dos posibles vías de abuso. En primer lugar, aquellos supuestos en los que el titular del contrato no coincide con el sujeto que abona los recibos. En segundo lugar, los casos en los que, aun coincidiendo uno y otro, los niveles de consumo de energía eléctrica "permiten deducir un uso habitual o permanente del inmueble".

Actualmente, y según los últimos datos de los que dispone la Agencia Tributaria, hay 1,5 millones de contribuyentes que declaran que perciben ingresos por arrendamientos urbanos, de los que Hacienda obtiene unos 12.400 millones de euros al año (incluidos los de garajes u otros locales urbanos). La medida aprobada ahora abre la vía a que las administraciones utilicen esta información para otros usos. Uno de ellos es la detección de contribuyentes que se aplican deducciones por compra de vivienda habitual sin residir en ella (es condición necesaria para obtener la bonificación).

Otra vía de trabajo es la penalización de contribuyentes con pisos vacíos, en un momento en que se quiere premiar la salida al mercado de millones de viviendas desocupadas. Aunque desde la Agencia Tributaria se insiste en que el real decreto que acaba de aprobarse persigue la detección de alquileres irregulares al fisco y que se necesitaría de acuerdos especiales para proporcionar esta información a otros organismos que no sean la Agencia, lo cierto es que permite la creación de una base de datos muy completa sobre el uso de los inmuebles de la que hasta ahora no se disponía. Ayuntamientos como el de Madrid ya intentaron hace un par de años aprobar una ordenanza para penalizar las viviendas desocupadas pero se encontraron con la dificultad de que era muy difícil descubrir cuales son mediante un procedimiento objetivo. No obstante, aun con la nueva base de datos quedaría todavía el problema de decidir legalmente qué se entiende por "consumo habitual" para determinar si se reside efectivamente o no en un inmueble.

60 millones defraudados en una nueva trama de IVA

La administración tributaria trabaja también en la prevención y detección del fraude en otros impuestos como es el caso de las grandes tramas del IVA. La Agencia Tributaria y la Policía Nacional acaba de descubrir una trama que había defraudado 60 millones de euros en la compra de vehículos procedentes de Alemania, Holanda y Bélgica, según informó ayer Hacienda. En la operación han sido detenidos ocho personas, implicadas en delitos contra la Hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Utilizaron al menos 23 sociedades creadas para tales fines, cuyo IVA no fue ingresado en las arcas públicas.

Las investigaciones se iniciaron en 2006 en Alicante y han concluido con la detención de cuatro personas en esa provincia, una en Onteniente (Valencia), dos en Madrid y otra, en Albalate de Zorita (Guadalajara). Se han efectuado siete registros he intervenido un total de 37 vehículos de alta gama, relojes de marcas de lujo, 59 viviendas y fincas rústicas, 27 plazas de garaje y se han bloqueado 81 cuentas bancarias. El esquema operativo utilizado es el ordinario en tramas del IVA. Un operador registrado simula realizar compras de productos en la UE. Al tratarse de operaciones intracomunitarias están exentas de IVA. Los vehículos los transmite a una serie de sociedades pantalla con el ánimo de repercutir el impuesto que no ha sido ingresado previamente por el primer operador.

En otras ocasiones, según la Agencia Tributaria, el IVA no ingresado se destina a abaratar los precios de los coches, "lo que supone una competencia desleal para las empresas que sí cumplen con Hacienda".