Creciente incertidumbre en Argentina
La nacionalización de las pensiones privadas en Argentina ha reducido drásticamente de nuevo la confianza sobre la evolución económica del país, subraya el autor, que analiza las motivaciones políticas y económicas de tal medida, así como sus consecuencias
El pasado 21 de octubre Cristina Fernández enviaba al Congreso un proyecto de ley para suprimir el sistema de jubilación privado. Esta decisión agudizó el ajuste de los mercados financieros con una caída en dos días desde el anuncio del 20% del índice de la Bolsa de Buenos Aires, con efectos negativos también en el parqué español, un espectacular repunte de la prima de riesgo de 520 puntos básicos (hasta los 1.905) y crecientes tensiones en el Banco Central para mantener el valor de la moneda. Así pues, cabe preguntarse por las motivaciones políticas y económicas de tal medida, así como por sus consecuencias sobre la evolución del país austral.
Hasta ahora el sistema de pensiones se ha caracterizado por la coexistencia de un régimen de reparto, gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y otro de capitalización, en el que operan una decena de entidades privadas. En el año 2007 Néstor Kirchner aprobó una reforma del sistema por la que se intentaba ampliar el número de trabajadores adscritos al régimen de reparto. Como resultado, el número de cotizantes del sistema público se ha situado en torno a 3 millones (un 40%), mientras que en el régimen de capitalización se mantuvieron cerca de 5 millones de trabajadores, aunque existen más de 9 millones con algún ahorro en un fondo de pensiones privado.
Por cierto, en torno a un 45% de la población ocupada no aporta a ningún sistema de jubilación. De este modo, la primera Administración Kirchner amplió la cuota de mercado gestionado por la Anses y ahora Fernández intenta echar el cierre al sistema de capitalización.
Este proyecto de ley supone, como decimos, la eliminación del sistema privado, que sólo subsistirá para aportaciones voluntarias, transfiriendo los fondos acumulados (alrededor de 30.000 millones de dólares) a la Anses. Además, esta reforma implica que los trabajadores adscritos al sistema de capitalización deberán hacer sus aportaciones mensuales al sistema público, incrementando así notablemente sus ingresos, dado que estos contribuyentes conforman el segmento del mercado laboral con carreras profesionales más estables y mayores rentas. Así, se estima que estas aportaciones podrían elevar el saldo primario del Estado en torno a un 1% del PIB en el próximo ejercicio. Por lo tanto, a corto plazo, esta medida supone un fuerte incremento de los ingresos fiscales del sector público, justo en un momento en que se adelantan problemas crecientes para lograr financiación exterior.
En este sentido, la decisión se ha tomado después de que la crisis bancaria, desencadenada a la vuelta del verano, retrasara las negociaciones entre el Ejecutivo y los aún acreedores del default de 2001 y, con ello, anulara la posibilidad de retornar a los mercados internacionales de crédito. Además, también ha coincidido con importantes caídas del precio del petróleo, complicando así la única vía de financiación con la que ha contado la Administración de Cristina Fernández: Hugo Chávez. Asimismo, el empeoramiento de las perspectivas financieras ha ido a la par de la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de Argentina debido a la caída del precio de sus exportaciones, incrementando la presión sobre la política fiscal del Estado y la capacidad de pago de sus compromisos, con las elecciones legislativas del otoño de 2009 de fondo.
De este modo, la nacionalización del sistema de pensiones privado está motivada por cuestiones esencialmente financieras, aun cuando Fernández insiste en que ha sido tomada para salvaguardar los ahorros de los argentinos. En realidad, el fondo de pensiones se constituye como un instrumento perfecto para adquirir nueva deuda pública, mientras los ingresos adicionales vía contribuciones permitirán mejorar los saldos fiscales de los próximos ejercicios.
La propuesta aún debe ser aprobada por el Congreso, si bien las posibilidades de rechazo son reducidas, de modo que el anuncio ha recordado a los mercados la decreciente calidad institucional del país, después de varios años con una heterodoxa política económica. Así pues, esta reforma ha reducido drásticamente de nuevo la confianza sobre la evolución económica del país y, probablemente, más pronto que tarde veremos nuevos síntomas de las elevadas dudas razonables que se ciernen sobre Argentina, justo cuando la economía internacional afronta serios desequilibrios.
Jonás Fernández Álvarez. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados