COLUMNA

Recelos ante el desempleo

El pasado verano el periódico The New York Times afirmaba que la economía española estaba de resaca inmobiliaria tras haber abusado de este sector y, junto con la crisis financiera internacional, tendría efectos muy negativos sobre el mercado laboral.

En este sentido, el empleo, uno de los motores del crecimiento de la economía española en los últimos años, se ha desmoronado.

Efectivamente, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en los últimos 12 meses el paro se ha incrementado en cerca de 770.000 personas, hasta situarse en 2,8 millones de desempleados.

El desempleo por sectores económicos, en los últimos 12 meses, aumenta en todos. Pero destaca sobre todos la construcción, que casi se ha duplicado (99,5%), seguido de la agricultura (41,7%), la industria (29%) y los servicios (30%). No obstante, en términos absolutos, el mayor aumento se registra en el sector servicios, con 378.000 desempleados más.

Por su parte, si observamos los datos de afiliación a la Seguridad Social, en los últimos 12 meses se pierden 472.000 afiliados ocupados (-3,1%). Por ramas de actividad se producen las mayores pérdidas de afiliación en la construcción, 397.000 afiliados (-20%), la industria, 113.800 afiliados (-4,8%) y el comercio, 40.000 afiliados (-1,6%). Pero no todo es negativo. Así, en Administración pública, educación sanidad y servicios personales ganan 145.000 afiliados.

Además, la encuesta de población activa (EPA) nos informaba recientemente de que en el último trimestre (julio, agosto y septiembre) se han perdido 78.800 puestos de trabajo. Si a ello añadimos el fuerte aumento que sigue mostrando la población activa (ocupados más personas en busca de empleo), se concluye que el aumento del paro se explica en un 64% por el aumento de la población activa y en un 36% por la disminución del empleo.

La tasa de paro se eleva al 11,3%, (tres puntos porcentuales más que en los últimos 12 meses), y este mayor incremento de la tasa de paro española con relación a la UE es debido al mayor aumento de la población activa respecto a los países europeos por la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral (en los últimos tres años se han incorporado cerca de un millón de mujeres al mercado laboral), a lo que hay que añadir los fuertes flujos de inmigración de los últimos años.

Tengamos en cuenta que la tasa de actividad española crece a un ritmo aproximado del 3% anual, muy superior a la media europea, y en el caso de algunas comunidades autónomas crecen muy por encima. Es el caso particular de Asturias (5,2%), La Rioja (5,1%), Baleares, (4,9%), Murcia (4,5), Andalucía (4,1%) y la Comunidad Valenciana (3,3%).

Con todo, la población en disposición de trabajar en septiembre ascendía a cerca de 23 millones de personas, casi el 60% de la población, las cifras más altas de la historia, según la EPA.

El análisis de las distintas comunidades autónomas revela que hay diferencias significativas en el comportamiento del empleo, ya que no se distribuye uniformemente entre todas ellas. El empleo creado, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, varía significativamente entre las mismas. A pesar de la desaceleración, en cinco autonomías se ha creado empleo en el último año, mientras que en el resto ha disminuido.

En cuanto, a las pérdidas de empleo más importantes por autonomías respecto a los distintos sectores se observa, en el último trimestre, que en la construcción las disminuciones más importantes se producen en Andalucía (-33.400), Canarias (-10.400) y Murcia (-8.700). En cuanto a la industria, tienen lugar en: Cataluña (-21.200), Andalucía (-16.000) y Valencia (-10.000). Por lo que respecta al comercio, es la Comunidad Valenciana (-12.000) donde más disminuye entre todas las autonomías, y en relación a la agricultura, en Andalucía (-33.000).

En consecuencia, para evitar llegar a un peor escenario del mercado laboral se debería dar un mayor protagonismo y financiación a las políticas activas de empleo (formación y gestión del empleo) con el fin de prevenir fundamentalmente el desempleo de larga duración (la fuerza de trabajo corre el riesgo de quedar obsoleta en sus competencias profesionales ante los cambios tan rápidos que se producen en las ocupaciones).

Para ello es prioritario posibilitar una mayor coordinación de los servicios públicos de empleo, entre el Gobierno y las autonomías (las políticas activas están transferidas a todas las autonomías, excepto el País Vasco), incrementar la productividad, invertir en innovación y conocimiento, gestionar los recursos en las unidades de negocio que aportan un mayor valor añadido y reforzar la presencia en mercados exteriores, pero para ello se requiere el acceso a créditos de las pymes y que las entidades financieras puedan facilitar liquidez.

Vicente Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón