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Tribuna
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La solución al déficit de tarifa

Las medidas que se han apuntado para solucionar el problema del déficit de tarifa de las eléctricas bascula sobre dos ejes, según el autor, la discriminación entre compañías de primera y de segunda, y el riesgo de incurrir en ayudas de Estado. Esta cuestión sólo puede resolverse, en su opinión, evitando ambos extremos

Al fin, el Gobierno ha decidido coger el toro del déficit de tarifa por los cuernos, para intentar encontrar una solución. Es una medida absolutamente necesaria y urgente, y por consiguiente, la aplaudo. Esta gran mentira tiene que terminar, y papá Estado tiene que dejar de decir cuánto vale la electricidad. Realmente, habría que hablar de la búsqueda de dos soluciones: primero, que deje de acumularse el déficit, y segundo, que se solucione el acumulado en los últimos seis años, que ya asciende a 15.000 millones de euros. Lo primero es sencillo, siempre que se tenga voluntad de eliminar las tarifas subvencionadas (integrales básicas, de acceso o de último recurso). El segundo es más peliagudo.

Según la prensa, el Gobierno va a citar a las eléctricas (las de primera clase) para encontrar soluciones. Y se preguntarán: ¿por qué a las eléctricas? La respuesta es: porque lo han financiado previamente y no lo han cobrado todavía. Hasta aquí todo es cierto. Adicionalmente a este asunto, e intrínsecamente relacionado con él, hay otra realidad ignorada que ha supuesto que en el sector eléctrico no haya existido competencia real, dado que competir con prácticas de dumping consagradas en el BOE es sumamente complicado. Esa otra realidad se refiere a que existen otras eléctricas, las comercializadoras (las pocas que han sobrevivido), que no sólo no han cobrado el déficit sino que ya lo han sufrido y pagado, y no se les reconoce el derecho a cobrarlo. A éstas (eléctricas de segunda) no se les convoca a las mencionadas reuniones.

Las soluciones que se barajan para resolver el agujero de 15.000 millones de euros pasan por solicitar a las eléctricas (las que lo han financiado y no cobrado, pero a quienes se les ha reconocido el derecho a recibirlo, o sea, las de primera clase) una quita de unos 2.000 millones de euros del total de déficit de tarifa. El mecanismo de condonación que se considera es en sí mismo discriminatorio y consiste en no exigir la devolución del valor de las emisiones de CO2 que, en principio, se iban a exigir a las eléctricas generadoras (las de primera clase). Esto supone un agravio comparativo (otro), ya que ese dinero, que se les iba a cobrar, se les va a restar del monto total del déficit a las eléctricas generadoras pero estos fondos han sido pagados por todos los compradores de electricidad, incluidas las comercializadores (las de segunda clase), en sus compras al pool eléctrico. Esto supone que las eléctricas de segunda no sólo ya han pagado su déficit de ingresos del sistema (sin cuantificar por el Gobierno) sin reconocimiento de derecho de cobro, sino que, además, van a pagar la quita del déficit de ingresos de las otras eléctricas, las de primera clase, cuando lo lógico sería que ese dinero cobrado de las eléctricas se devolviese de alguna manera a quienes lo han pagado injustamente en primer lugar, es decir, a los consumidores de electricidad.

Otras medidas citadas en medios escritos se refieren a reducir la carga impositiva existente en la factura eléctrica, que ya sólo con el impuesto eléctrico asciende al 5,11%, y con el IVA, al 16%. Si lo que se pretende es que los consumidores sigan pagando el mismo importe que hasta ahora pero que, en vez de ir a las arcas del Estado, vayan a pagar las cuentas a cobrar que residen en las cuentas anuales de las eléctricas (las de primera clase), no sólo sería discriminatorio con las comercializadoras que ya pagaron su déficit de ingresos y no se benefician de este trasvase, sino que sería una más que evidente ayuda de Estado. Se mire como se mire, siempre aparece el doble eje de, por un lado, la discriminación entre eléctricas de primera y de segunda y por el otro, el riesgo de, presuntamente, incurrir en ayudas de Estado.

Sea como fuere, la solución de eliminar las tarifas o sustituirlas por las de último recurso (que deberían ser disuasorias respecto al precio de mercado) no sólo es una obligación de la directiva europea, sino que es la única solución para resolver el problema de parar el crecimiento de la bola de nieve. En cuanto al problema de la deuda contraída con las eléctricas (las de primera clase) Centrica viene denunciando, desde 2005, que una actitud de avestruz no iba a eliminar el problema, y lógicamente, este problema está ahora estallando, cuando los bancos han decidido que esta deuda no tiene sentido y, por ello, no la quieren respaldar, y el Gobierno se ha encontrado que su plan A ha fallado y ahora tienen que acudir a un inexistente plan B.

Sea la que sea, la solución debe evitar más discriminación con las eléctricas de segunda, e igualmente, debe evitar incurrir en más presunta ayuda de Estado (directa o indirecta).

Enrique Giménez Sainz de la Maza. Director general de Centrica Energía

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