Madrid y Murcia no concederán las ayudas de 350 euros a los parados
Madrid y Murcia no concederán las subvenciones de 350 euros mensuales que el plan extraordinario establecía para parados que no cobren otra prestación. Estas comunidades denuncian que los recursos sólo llegarían para unos miles de desempleados, por lo que destinarán los fondos a otras finalidades del real decreto aprobado en abril. Otras como Aragón o Cataluña están endureciendo los requisitos para el cobro de las ayudas o retrasando su aplicación hasta 2009.
Después de los malos datos de paro del pasado enero, el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, anunció un plan de recolocaciones para los nuevos parados de la construcción. En ese momento faltaba un mes para las elecciones generales. El real decreto que reguló finalmente el plan se publicó en abril y establecía, entre otras medidas, una ayuda de 350 euros durante tres meses para los desempleados que no cobraran otras prestaciones. Aunque entró en vigor en septiembre con carácter anual, algunas comunidades autónomas han decidido obviar estas ayudas al interpretar que no estaban obligadas a destinar los fondos a una finalidad concreta.
El Conferencia Sectorial del 26 de junio repartió 39,8 millones de euros entre las comunidades para ayudas de búsqueda de empleo (los 350 euros) y otras de movilidad y formación. En esa reunión algunas comunidades, como Murcia y Madrid -ambas gobernadas por el PP-, alzaron la voz denunciando que el dinero era muy escaso.
'Dijimos que era absolutamente insuficiente', reconoce Ginés Martínez, director general del Servicio Público de Empleo de Murcia. En el caso de esa región, la partida otorgada por Trabajo daba 'para 1.000 desempleados'. '¡Esto es calderilla!', se queja Martínez. El problema añadido para las comunidades aparece cuando se acaba el dinero para las subvenciones, ya que no se repone aunque haya más solicitantes.
'No es una prestación, es una subvención limitada. Si se acaban los fondos, al siguiente parado que solicite la subvención hay que decirle que ya no hay dinero', explican desde la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid. Para evitar discriminaciones, algunas autonomías solicitaron en la Conferencia Sectorial gastar el fondo destinado a las subvenciones a otras partidas del plan, con lo que Trabajo estuvo de acuerdo, según distintos asistentes. 'Se nos permitió que lo aplicáramos a la finalidad que creyéramos más conveniente', asegura Martínez.
Por ello, las comunidades han tomado diversos caminos en la aplicación del plan extraordinario. Algunas como Madrid y Murcia, no concederán estas subvenciones y las aplicarán a otras medidas que recogía el real decreto como formación u orientación.
Andalucía, según la Consejería de Empleo, va a aplicar el real decreto al pie de la letra, aportando más recursos dentro de un plan regional. Aragón se ha adelantado a las demás comunidades y esta semana publica una orden que regula las subvenciones. En esta norma explicitan nuevos requisitos para acceder a las ayudas. Un camino (el de endurecer las restricciones para limitar la demanda) en el que le seguirán otras comunidades, según fuentes sindicales.
En Cataluña 'no se van a ofrecer los 350 euros en lo que queda de año', explica Mireia Ràfols, directora de la Red Ocupacional de la Generalitat. El Gobierno autonómico esperará hasta 2009 para regular las ayudas a través de una legislación propia, ya que entienden que no están obligados 'a concederlas necesariamente desde el primer minuto'.
Críticas sobre la efectividad de las subvenciones
Los cálculos sobre cuántos parados tendrían derecho a las ayudas son sencillos de hacer. Por ejemplo, según cifras del Servicio Público de Empleo, en Madrid existen 181.187 parados que no cobran prestaciones. Tal como establece la norma, de estos podrían acceder a las subvenciones de 350 euros durante tres meses (1.050 euros) si buscan empleo 'como parte de su itinerario personalizado de inserción'. Si se divide el total que Trabajo aporta a Madrid (4,3 millones de euros) por el monto de la ayuda (1.050 euros), resulta que 4.145 personas (de los 181.187 sin prestaciones) podrían cobrar la subvención si Madrid destinara todos los fondos a estos subsidios y no a otros conceptos.'Es una medida más efectista que efectiva', asegura Ginés Martínez. Diferentes expertos sindicales y responsables autonómicos comparten esta opinión, ya que creen que se deben primar otro tipo de ayudas e inversiones para modernizar las políticas y la gestión del Inem.
Tendrán que dar cuenta ante el ministerio en 2009
Un portavoz del Ministerio de Trabajo niega que el departamento dirigido por Celestino Corbacho haya dado permiso a las comunidades para saltarse la concesión de subvenciones. 'Durante el primer trimestre de 2009 las comunidades tendrán que dar cuenta del número de beneficiarios del plan', asegura. 'La orden de Trabajo es el real decreto y se tiene que cumplir', explica. Por lo tanto, el ministerio se tendrá que enfrentar a comunidades como Madrid y Murcia que ya han decidido no otorgar las ayudas.'El real decreto no obliga a ofrecer estas subvenciones', contestan desde la Comunidad de Madrid, sino que se ubican dentro de un grupo de medidas, a elegir, como la cualificación de funcionarios, ayudas a la movilidad, formación y promoción del empleo autónomo.La norma, además, ofrecía fondos a las comunidades para contratar a 1.500 orientadores, quienes trabajan en los servicios públicos autonómicos desde septiembre.