La fiscalidad en un mundo sin fronteras
España es uno de los países de la OCDE en el que los ciudadanos y las empresas realizan un mayor esfuerzo fiscal, subraya el autor. En su opinión, si no se quiere perder competitividad, son necesarios más cambios que frenen, como mínimo, el crecimiento de dicha presión impositiva
Hasta hace poco tiempo un sistema fiscal adecuado debía de cumplir cuatro objetivos. Tenía que permitir atender las necesidades de gasto e inversión del sector público; contribuir a reducir las desigualdades de renta; incentivar la competitividad del tejido productivo, y combatir el fraude. Además, debía sujetarse a una limitación: no frenar la iniciativa de las personas a la hora de ejercer derechos tan importantes como el de libre empresa o el de trabajar.
En un mundo en el que las fronteras están desapareciendo surge un nuevo requisito: evolucionar a un ritmo superior, como mínimo similar al de los sistemas fiscales de los principales países competidores. Y todo ello sin que las novedades generen inseguridad jurídica a los inversores. Prueba de esta necesidad han sido las cuatro grandes reformas fiscales aprobadas en España en los últimos 15 años.
Estas reformas han permitido avanzar hacia la consecución de estos objetivos. Sin embargo, se ha producido un notable fracaso en términos de presión fiscal. A pesar de las supuestas reducciones de impuestos aprobadas y de las promesas de los Gobiernos, ésta ha crecido por encima de la media de la UE. En 2007 volvió a hacerlo de forma preocupante. Cierto que se partía de un nivel inferior, pero a día de hoy, si este índice se calcula tomando en consideración el poder adquisitivo de los españoles y los servicios públicos que reciben, el resultado no es positivo. España es uno de los países de la OCDE en el que los ciudadanos y las empresas realizan un mayor esfuerzo fiscal.
Cuando la inflación lo permita, habría que incrementar ligeramente los tipos de los impuestos indirectos
Desde el punto de vista de la competitividad no parece una buena noticia, ya que esta realidad contrasta con la tendencia seguida en Europa. Y es que, a pesar de tantas reformas, el entorno cambia a tal velocidad que éstas quedan rápidamente obsoletas. Por eso es necesario revisar periódicamente las principales figuras impositivas.
El Gobierno ha anunciado la eliminación del impuesto sobre patrimonio para 2009. Hay que aplaudir esta decisión, que permitirá a los españoles pagar 1.800 millones de euros menos a Hacienda y dedicarlos al consumo o al ahorro, herramientas fundamentales para combatir crisis de liquidez y de crecimiento económico. Desgraciadamente España va a ser el último país de la UE en eliminarlo. Existe un elevado riesgo de que ocurra lo mismo con el impuesto sobre sucesiones, que pocos países desarrollados mantienen vigente.
En 2007 entró en vigor un nuevo impuesto sobre sociedades. Sus tipos nominales fueron objeto de una notable reducción. Sin embargo, el tipo efectivo seguía siendo superior en más de cinco puntos a la media de la UE. Con las reducciones aprobadas para 2008 en Alemania, Italia, Holanda y Reino Unido esta diferencia ha aumentado. A esto se le suma el que, en términos de PIB, los ciudadanos y empresas españoles se encuentren entre los que pagan unas cuotas más altas a la Seguridad Social de toda la OCDE. El incremento de éstas en la última década ha sido el doble del producido en la UE-15. Es necesario cambiar esta tendencia y reducir el tipo efectivo del impuesto sobre sociedades.
Las reformas tienen que hacerse respetando el principio del equilibrio presupuestario. La reducción de ingresos públicos que supondrían estas modificaciones se compensaría en parte con el incremento en la recaudación que el aumento de los precios está generando en ciertos tributos, como los que existen sobre el carbón, sobre la electricidad y sobre los hidrocarburos. Además, no sería justo que el sector privado fuera el único en ajustar sus gastos. Por eso urge poner en marcha un plan de reducción del gasto corriente público. Seguramente no sería suficiente, por lo que, cuando la inflación lo permita, habría que incrementar ligeramente los tipos de los impuestos indirectos como están haciendo otros países europeos.
Dentro de los aspectos positivos hay que señalar que en este ejercicio está previsto la supresión del impuesto del patrimonio y se están produciendo avances muy importantes en la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones en distintas autonomías, aspecto que sería interesante que se extendiera al resto del Estado, para lograr una mayor homogeneidad del mismo.
En resumen, el sistema fiscal español ha sido objeto de reformas de profundo calado, pero el entorno ha evolucionado a mayor velocidad. Si no se quiere perder competitividad, son necesarios cambios que, como mínimo, frenen el crecimiento de la presión fiscal y modernicen las figuras de las que depende la eficiencia del sistema impositivo.
Fernando Casado. Director general del Instituto de la Empresa Familiar