Los expertos reclaman suavizar la ley concursal para las empresas innovadoras
Suavizar los efectos de la ley concursal para las empresas que inviertan en I+D+i y ajustar el sistema educativo a las necesidades de las empresas. Esas fueron las dos peticiones expresadas ayer por la Fundación Cotec al Gobierno durante la presentación del Informe Cotec 2008 sobre Tecnología e Innovación.
Sembramos al 90% de la media europea, faenamos al 60%, pero sólo cosechamos el 30%'. Con esta metáfora, el presidente de la Fundación Cotec, José Ángel Sánchez Asiaín, ilustró la actual situación por la que pasa el sistema de ciencia e innovación en España: se invierte poco en actividades de I+D+i y se recupera aún menos a través de patentes y contratos empresariales.
La Fundación Cotec, que engloba en su patronato a setenta multinacionales españolas, presentó ayer los resultados del Informe Cotec 2008, en el que se alaban los esfuerzos para aumentar el gasto (llegó al 1,2% del PIB en 2006), pero se critica la falta de un marco que incentive la vocación emprendedora empresarial y la permanencia de un sistema educativo que no se corresponde con las necesidades de las mismas.
Ante más de 1.000 empresarios y los ministros de Industria, Ciencia e Innovación y Sanidad (Miguel Sebastián, Cristina Garmendia y Bernat Soria), el director general de la Fundación Cotec, Juan Mulet, destacó que la mayoría de los 250 expertos consultados para la elaboración del informe coinciden en la necesidad de realizar retoques en la ley concursal (antigua suspensión de pagos) en el caso de las empresas que inviertan en I+D+i, para suavizar los efectos de la misma. 'Con la actual ley concursal, la empresa que suspende pagos queda fuera de la vida económica', apuntó Mulet. En su opinión, todas las quiebras no pueden ser medidas por el mismo rasero. 'En EE UU una quiebra de una empresa que invierte en I+D+i es una experiencia; en España queda estigmatizada para el futuro', señala.
Los empresarios solicitan que se impulse la compra pública de tecnología
Los expertos también consideran que la demanda nacional no potencia la creación de empresas de base tecnológica y por ello solicitan que se utilice la nueva ley de contratos públicos para impulsar la compra pública de tecnología innovadora, que serviría 'para mejorar los servicios públicos y contribuir a aumentar la I+D empresarial'.
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, tomó buena nota de la petición y citó como objetivo situar a España entre los diez países más avanzados en ciencia. 'Espero no defraudarles', concluyó Garmendia, quién adelantó en su primera comparecencia en el Congreso que todas las ayudas para la I+D+i serán gestionadas a partir de ahora a través del CDTI, que se integrará en el nuevo ministerio.
Respecto al sistema educativo, los expertos reclamaron que se ajuste a las necesidades empresariales. Un buen dato que avala el desajuste en España es que el número de estudiantes de grado medio es la mitad que en Francia o Alemania, lo que provoca que un gran número de universitarios ocupen puestos inferiores a su cualificación académica.