La Administración frena al empresariado
A vueltas con el tan manido tema del cambio de modelo económico, hoy me viene a la memoria dos ejemplos de cómo ser empresario innovador en este país es una quimera. Empezaré poniendo las bases de qué tipo de Administración deberíamos tener para que pudiéramos alcanzar una densidad empresarial coherente con nuestra importancia macroeconómica.
En España los trámites administrativos para crear una empresa son farragosos, aunque están en vía de mejora con los sucesivos cambios normativos, especialmente la Ley de Administración Electrónica. Es cierto que este aspecto sale a menudo como una de las mayores trabas para crear una empresa, pero a la postre no es el principal problema. El siguiente aspecto relevante es la financiación o, lo que es lo mismo, el apoyo a lo que se denomina en el argot anglosajón start-up.
La arquitectura financiera pública está mal diseñada y no cumple con los objetivos para los que, se supone, está concebida. Aquí chocan dos principios contrapuestos. Por un lado, los funcionarios que se encargan de la valoración de los proyectos, en la mayoría de los casos, nunca han trabajado en una empresa y desconocen tanto el sector como la dinámica empresarial, lo que les lleva a tácticas tremendamente conservadoras. En contraposición, los proyectos nuevos e innovadores incorporan dosis de riesgo elevadas, lo cual imposibilita su financiación por parte de los instrumentos de financiación públicos.
El funcionamiento de los instrumentos de financiación públicos prima proyectos consolidados, con riesgo bajo y altas expectativas de retorno
En suma, la dinámica del funcionamiento de los instrumentos de financiación públicos prima a los proyectos consolidados, con riesgo bajo y con expectativas de retorno elevadas y ciertas, es decir, empresas como Telefónica o Endesa. Es notorio que estas empresas tienen dificultades para el acceso al crédito en los mercados de capitales organizados.
Esto sólo es una parte del problema. Existe otra vertiente más sangrante aún, y es la que consiente que cuando empresarios se acercan a la Administración, con el único objetivo de solicitar un trámite administrativo, ésta dilata el proceso, cuestiona incluso el proyecto empresarial, aun cuando la financiación sea estrictamente privada, y retarda la puesta en marcha de empresas viables. Esto genera pérdidas de recursos humanos y de capital que redunda en una cierta desazón que no invita a acercarse al mundo empresarial.
Con estas premisas me parece oportuno poner dos ejemplos vividos en mi paso por la Administración. Los dos tienen que ver con uno de los mayores problemas que tenemos en España de cara a la expansión de nuestro comercio internacional.
El primero de ellos tiene que ver con la vertiente portuaria. España, siendo una potencia económica, no tiene puertos de carga de los de primera división, es decir, aquellos que permiten operar buques de más de 18.000 TEU. Además, y después del doloroso caso del Prestige, tampoco contamos con puertos refugio que eviten catástrofes como la descrita.
Con estas premisas conocí el proyecto de un puerto de estas características localizado en Ferrol, más concretamente en la ría de Ares. Este proyecto estaba financiado íntegramente por capital privado, y lo único que se necesitaba era el correspondiente permiso administrativo. Tuve la ocasión de acompañar a los empresarios en múltiples reuniones con distintos estamentos públicos y salí completamente desolado por la escasa formación empresarial de los interlocutores, pero sobre todo por el escaso respeto por unas personas que se estaban jugando su dinero y únicamente requerían un trámite administrativo.
Las excusas fueron muy peregrinas, siendo la más utilizada la de cuestionar las cifras de tráfico marítimo que planteaban en el plan de negocio, las cuales estaban infladas y que no era posible alcanzar las previsiones. Por supuesto, sin aportar argumentos, ni teniendo ninguna explicación alternativa.
En este punto, conviene decir que este puerto, por su situación geográfica, podría haber sido utilizado la práctica totalidad del año, y hubiese permitido establecer una base logística muy importante para el tráfico petrolífero y derivados. Había muchas empresas, entre ellas algunas de origen chino muy relevantes, que estaban muy interesadas en dicha infraestructura. Este proyecto, que albergaba también una terminal ferroviaria que hubiera aliviado el tráfico por carretera de mercancías, hubiese permitido reducir el coste de fletes de nuestras importaciones, que en la actualidad es del 12%. El proyecto fue desechado y tiempo después se supo que había otro proyecto público, el puerto exterior de A Coruña, cuyas prestaciones son infinitamente peores que el proyecto citado, pero eso es lo de menos.
El segundo ejemplo es un aeropuerto de carga en Castilla-La Mancha que incluye un intermodal de transporte, una base logística y un centro de empresas tecnológicas. La experiencia es la misma. Se cuestionan las cifras de negocio por parte de funcionarios, tanto de la Administración central como regional.
Habría que explicarles que con este tipo de infraestructuras se producen dos fenómenos a la vez. Uno es un proceso de creación de comercio y el otro un proceso de desviación de comercio. Este proyecto serviría para situarnos como el segundo país en Europa por volumen de carga, al margen de los innegables efectos spill-over sobre la economía regional.
De nuevo, estos empresarios llevan cuatro años intentando conseguir una declaración de interés regional o interés general. Llevan invertido mucho dinero, pero eso a nadie le importa. También en este caso existe un proyecto alternativo, un aeropuerto privado en Ciudad Real de dudosa rentabilidad. En fin, con estos ejemplos se puede seguir diciendo aquello de que inventen ellos y emprendan ellos.
Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid