Londres anuncia ayudas para compensar a los afectados por la reforma fiscal
El Gobierno de Londres anunció hoy ayudas por valor de 2.700 millones de libras (unos 3.400 millones de euros) para compensar a los trabajadores con ingresos más bajos afectados por la reforma fiscal promovida por Gordon Brown.
El problema radicaba en la eliminación de la escala más baja del impuesto sobre la renta, que pasa del 10 al 20 por ciento, y que fue anunciada por el propio Brown hace un año en sus últimos presupuestos generales del Estado como titular de Economía.
En una declaración en el Parlamento, el ministro británico de Economía, Alistair Darling, anunció su plan de elevar las desgravaciones fiscales individuales en 600 libras (unos 750 euros, al cambio actual).
Esta medida, incluida en el proyecto de ley de Asuntos Financieros, que actualmente se tramita en el Parlamento, supone que unos 22 millones de contribuyentes con ingresos bajos y medios tendrían que pagar 120 libras (unos 150 euros, al cambio actual) menos de impuestos este año.
En opinión de Darling, esta es la forma "más efectiva y justa" de ayudar a aquellos que habían perdido poder adquisitivo debido a la abolición de la tasa impositiva mínima del 10 por ciento.
"Con un coste de 2.700 millones de libras, incrementaré las desgravaciones fiscales individuales en 600 libras hasta 6.035 para este año fiscal, beneficiando a todos los contribuyentes de rentas mínimas menores de 65 años", explicó.
El anuncio, sin embargo, fue criticado por la oposición, tanto los conservadores, que acusaron al ministro de "cinismo" y de "total incompetencia", como por los liberales demócratas, que expresaron su deseo de que esta medida no sea otro "ardid".
La reforma fiscal había sido muy criticada en las propias filas laboristas, lo que obligó a Brown a anunciar que se presentarían medidas para compensar a los afectados a fin de impedir una gran rebelión de diputados de su partido.
Al anunciar el año pasado la medida, en su último presupuesto como titular de Economía, el ahora jefe del Ejecutivo se comprometió a que la reforma no entrara en vigor hasta el año fiscal que comienza este abril.
Sin embargo, el momento de aplicarla ha coincidido con una crisis financiera internacional, una enorme carestía del petróleo, el encarecimiento de los alimentos y una acentuada caída de popularidad del laborismo.