'Denunciar un delito fiscal debería tener premio'
Con la idea de seguir por la misma senda que su antecesor, Isabel Martínez se pone al frente de la organización de inspectores con el objetivo de lograr que el Gobierno aumente la plantilla de inspectores y actúe con mayor severidad contra el fraude fiscal.
Isabel Martínez (1970, Murcia), se incorporó al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en el año 2000 y el pasado noviembre sustituyó a José María Peláez al frente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado. El cambio no implica un giro en el discurso del colectivo, que sigue la línea de pedir más medios al Gobierno para atajar el fraude fiscal.
El presidente Zapatero anunció un nuevo plan contra el fraude. ¿Qué esperan de él?
Algunos hablan de un nuevo plan y otros de una segunda fase del plan actual aprobado en 2005. En cualquier caso, son muchas las medidas que deberían incorporarse. Recordemos que al principio se habló de un Plan de Lucha contra el Fraude y se cambió por el de un Plan de Prevención contra el Fraude. Es decir, se dulcificó.
¿Qué medidas le piden al nuevo Gobierno para luchar contra el fraude fiscal?
Lo más importante sería elevar los medios personales y materiales de la Agencia Tributaria, aprobar medidas legales eficaces y reformar el Código Penal para que el delito fiscal pueda acarrear la entrada efectiva en la cárcel.
¿Qué consecuencias tiene la falta de personal?
Las unidades de inspección para controlar las grandes empresas están formadas por un inspector, un subinspector a veces y un agente tributario. No existe personal administrativo. En definitiva, hay una carencia de medios precisamente en aquellas unidades que están en la lucha directa contra el fraude.
¿Cuánto personal falta según ustedes en el departamento de inspección de la Agencia Tributaria?
Hay unas 5.000 personas entre inspectores, subinspectores y otros profesionales. Creemos que debería doblarse el número.
El escándalo fiscal de Liechtenstein, en el que se han descubierto 80 depósitos bancarios de 198 españoles que presuntamente defraudaron a Hacienda, puede servir de acicate para ampliar la lucha contra el fraude?
Esperemos que sí. Nos hemos dado cuenta de que escándalos como el de Liechtenstein, la Operación Ballena Blanca o el caso Malaya, ejercen muchas más presión al Gobierno que cualquiera de nuestras peticiones.
En el caso de Liechtenstein, el Gobierno alemán pagó dinero para obtener información. ¿Es exportable a España una medida de este tipo?
En Alemania, la medida ha resultado más que eficiente. En España, hasta el 1988, cuando alguien denunciaba un fraude, si se demostraba que había existido un delito, el 10% de la cuantía de la sanción se la llevaba el denunciador. Si se regulara, esto sería efectivo.
¿La Agencia recibe muchas denuncias de ciudadanos?
Es difícil que un ciudadano denuncie sin que se le ofrezca nada a cambio. El español no es proclive a ser chivato. Ello sería distinto si se obtuviera una recompensa. Se debería premiar a quien denuncie un delito fiscal.
Pero ello ¿no llenaría a la Agencia Tributaria de denuncias movidas por rencillas personales o por el afán de obtener dinero?
Se deberían establecer garantías para evitarlo. Además, no se trataría de que al presentar un papel en la Agencia ya se obtuviera un recompensa. Quizá sería bueno que sólo se recompensara al denunciador una vez que la sentencia fuese firme. En fin, hay fórmulas para evitar las denuncias indiscriminadas.
¿Cómo se puede evitar el fraude a través de paraísos fiscales?
Propusimos que se establezca un límite a la libertad de movimientos de capital en Europa. Ello es difícil, ya que requiere modificar el Tratado de la Unión Europea.
¿Y alguna medida más fácil de llevar a cabo?
Si no se reconociera en España a las compañías domiciliadas en paraísos fiscales, se acabaría de un plumazo con las 30.000 sociedades procedentes de Gibraltar que operan en la Costa del Sol.
Más medios contra el fraude inmobiliario
'Aunque se destinara el 100% de los medios de la Agencia Tributaria a investigar el sector inmobiliario, no se terminaría con el fraude en un sector de tal magnitud', asegura Isabel Martínez. Actualmente, el 40% del la plantilla del departamento de inspección de la Agencia Tributaria se ocupa del sector inmobiliario. En 2007, se produjo un aumento del 31% del número de contribuyentes inspeccionados relacionados con este sector. Y la deuda liquidada en 2007 ascendió a 1.223 millones de euros, un 65% más que el año anterior. Sin embargo, los inspectores constatan que es imposible atajar todo el fraude del ladrillo y piden mayor control sobre el sector de la abogacía y sobre la banca. Además, exigen medidas legislativas más contundentes. Por ejemplo, impedir que una persona que haya sido condenada por delito fiscal pueda ser administrador de una empresa.