Los ejecutivos españoles creen que existe un exceso de regulación fiscal y laboral
Los ejecutivos españoles consideran que la 'excesiva' regulación fiscal y laboral representa uno de los tres mayores obstáculos que deben afrontar en su negocio. En eso, los españoles se parecen a sus colegas del resto del mundo, según una encuesta de PricewaterhouseCoopers (PwC) a 1.100 altos ejecutivos -presidentes y consejeros delegados- de 50 países.
Los otros dos grandes lastres para el empresariado son la dificultad de encontrar personal cualificado y el miedo a que se agudice la desaceleración en la mayoría de economías mundiales. Sin embargo, sólo la sobrerregulación ha aparecido como uno de los principales problemas económicos en los últimos seis años.
El empresariado español es el que más se siente afectado en su trabajo por el marco regulatorio. Un 90% considera que, en un 'alto grado', la legislación influye en sus decisiones empresariales, 30 puntos por encima de la media de todos los países analizados. Si los empresarios españoles ocuparan el sillón de Rodríguez Zapatero, lo primero que cambiarían sería el mercado de trabajo para reducir los costes laborales. Ello no parece raro ya que, como dice el estudio, los gastos de personal suponen el mayor coste en las organizaciones empresariales. Los ejecutivos alemanes, franceses y británicos también priorizan la reforma laboral por encima de cualquier otra.
En segundo lugar, la mayoría reformaría el sistema fiscal. Para los italianos, cuya presión fiscal está por encima de la media europea, es la principal preocupación. De hecho, la reforma tributaria se ha convertido en uno de los grandes debates antes de las elecciones generales italianas del próximo mes de abril.
La mayoría de gobiernos suspenden a la hora de crear un clima adecuado para los negocios. No obstante, los empresarios consideran que deben fijarse mecanismos de colaboración entre el sector privado y las administraciones para preservar la estabilidad que los mercados necesitan en un momento de gran incertidumbre internacional.
Aunque, por un lado, reclaman una regulación más simple y eficiente, por el otro, exigen que los poderes públicos asuman un mayor liderazgo contra riesgos como el cambio climático o en la defensa de la competencia.