Gobierno, Bolsa y fusiones empresariales
Aunque la Bolsa y el mundo empresarial son cada vez más neutrales a la política, las decisiones administrativas tienen en ocasiones un fortísimo impacto en el mundo financiero.
La Bolsa no tiene ideología conocida. Es poco sensible a los movimientos políticos, pues las diferencias en los programas económicos -especialmente en Europa- no son tan sustanciales como para tener efecto de mercado. Ahora bien, cuando se perciben efectos económicos de eventos políticos, se desata la tormenta. Esta misma legislatura ha estado marcada por una batalla que empezó siendo empresarial y acabó siendo política y mediática, hasta convertir a un ejecutivo, Manuel Pizarro, en ariete electoral y flamante número dos de la lista por Madrid del Partido Popular.
Pese a todo, los expertos insisten: la Bolsa es neutral a las elecciones españolas como es neutral al PIB o la inflación españolas. El sentimiento que mueve los mercados es global, no local y, en lo que afecta al parqué, los programas de los partidos destinados a gobernar son muy similares. La legislación en la materia emana de Europa y la propia dimensión de la Bolsa disuade a los políticos de tomar decisiones relevantes: El margen de maniobra es escaso y por eso lo que menos gusta son los empates, la incertidumbre o las sorpresas: El 15 de marzo de 2004 se registró una fuerte caída provocada tanto por el inesperado vuelco electoral como porque quedó clara la autoría islamista de los atentados del día 11. Lo mismo pasó cuando la victoria de Aznar en 1993 fue más ajustada de lo esperado.
A lo que no es neutral la Bolsa es, obviamente, a las decisiones tomadas por políticos que tienen influencia en sociedades cotizadas. El Gobierno de José María Aznar paró la fusión de Endesa e Iberdrola, mientras el de José Luis Rodríguez Zapatero frenó la compra de Endesa por Eon. Caja Madrid se fortaleció en Iberia y frustró una eventual opa. Decisiones en las que se mezclan intereses económicos y estratégicos, pero también partidistas y luchas de poder.
¿Y la Bolsa qué opina? Depende. La numantina defensa de Manuel Pizarro en Endesa ha generado para los accionistas plusvalías difícilmente imaginables... Pero sólo después de la opa de Gas Natural, pues la acción llevaba ocho años estancada. Iberdrola se ha disparado después de frustrarse su plan inicial, en el que partía como aliada de Gas Natural. El mercado es un juego de expectativas demasiado complejo como para asignar relaciones de causa y efecto. E igualmente difícil es predecir qué sentido tomarán decisiones políticas unos u otros.
En cualquier caso, a medida que pasan los años los Gobiernos limitan más su interferencia en las empresas. En 2006 hubo 21 opas, en 2005, otras 22; en 2005, 14; y en 2004, 10 más. Han afectado a compañías bandera como Iberia o Altadis o a valores conocidos como Cortefiel, Aceralia o Amadeus. Pero ha habido muy pocas interferencias políticas; eso sí, han sido estruendosas. Es de esperar más de lo mismo. El futuro Gobierno se enfrentará a un buen número de operaciones, aunque el ritmo ha caído con la crisis crediticia. Y tendrá que afrontar reordenaciones en sectores sensibles como en energético o el bancario.
CNMV
El Gobierno socialista no reformó, como señalaba su programa de 2004, el proceso de nombramiento del presidente de la CNMV, que pasaría a estar nombrado por el Congreso. Pero el Gobierno debía sustituir a Blas Calzada apenas cinco meses después de formarse, y un cambio como el propuesto suponía cambiar la Ley del Mercado de Valores. Manuel Conthe asumió el cargo en septiembre de 2004 y lo dejó en abril de 2007 tras denunciar presiones en la etapa final del culebrón de Endesa. Le sustituyó Julio Segura, pero su mandato vence en septiembre: una de las primeras tareas del Ejecutivo será renovar o no a Segura. El PP incluye en su propuesta una reforma similar a la que propuso el PSOE, pero si gana tendrá el mismo problema de calendario, quizá agudizado porque la Ley del Mercado de Valores acaba de ser reformada.
LEY DE OPAS
El Real Decreto de Opas fue reformado en 2003 por el Partido Popular y en 2007 por el socialista. El PSOE estaba obligado por Bruselas a reformar la normativa de 2003 por la directiva comunitaria. La ley contó con el apoyo del Partido Popular -a cambio de mantener algunos aspectos de 2003-, pero las novedades más relevantes llegaron el reglamento, más transparente, con buena acogida entre los expertos y que de haber estado en vigor habría evitado que se hubiese enredado tanto el culebrón de Endesa. Ahora, quien supere el 30% debe lanzar opa por el 100%, y las operaciones no se eternizarán pendientes de decisiones administrativas.
MERCADO DE VALORES
Esta legislatura -y parte de la anterior- han modificado casi toda la regulación financiera, puesto que ha tocado transponer la mayor parte de la normativa europea. Ha cambiado la Ley del Mercado de Valores, con nuevas obligaciones para las empresas de servicios de inversión y una regulación que facilitará la lucha contra los chiringuitos financieros, las normas contra el abuso de mercado y la regulación de las salidas a Bolsa. La normativa de fondos también se ha desarrollado, modernizándose y abriendo la puerta a hedge funds y fondos cotizados, si bien tardó demasiado: la ley es de 2003 pero el reglamento no llegó hasta 2005.
BOLSA
Un aspecto con el que seguramente tendrá que lidiar el nuevo Gobierno será el papel de la Bolsa española en los mercados internacionales. BME se ha mantenido prácticamente al margen -salvo algún acercamiento al mercado alemán- del proceso de fusiones en el sector, aunque esto mismo se podría haber escrito en 2004.
Aunque BME es una empresa privada y cotizada, el Gobierno socialista estableció por ley un estricto mecanismo de supervisión que evitará que el mercado de valores español sea objeto de una opa hostil o, incluso, que un accionista no deseado tome una participación significativa en el capital.
Programas de los partidos
PSOE: Ley de protección del usuarioEl programa socialista incluye una novedad relevante respecto a la normativa del mercado de valores, y es el desarrollo de una ley específica para la protección del usuario de los servicios financieros. Plantea además ampliar las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores respecto a la protección del inversor, centrando en esta entidad la obligación de velar por la transparencia de los mercados y por la conducta de los intermediarios.La otra pata de la supervisión financiera, la supervisión prudencial, recaería en el Banco de España. Los nombramientos en los reguladores como la CNMV seguirán dependiendo del Gobierno, aunque el mandato será de seis años y no se podrá repetir. Además, propone la creación de un Consejo Interterritorial de Protección del Usuario de Servicios Financieros, con presencia de las comunidades autónomas, y la creación de una estrategia para educar a los inversores.PP: Elección de la CNMV en el CongresoEs la principal novedad en lo relativo a mercados financieros. El PP retoma y amplía una propuesta del PSOE incluida en el programa de 2004 que no se cumplió: no sólo el presidente y el vicepresidente de la CNMV tendrán que ser elegidos por tres quintas partes de los diputados del Congreso; también los vocales del consejo de la CNMV, de la CMT, de la CNE y de Competencia.La propuesta obligaría a consensuar con el primer partido de la oposición estos nombramientos -la minoría de bloqueo es de sólo 117-. Los mandatos pasarán a ser de seis años no prorrogables. También se propone un modelo de supervisión dual entre CNMV -supervisión del funcionamiento de los mercados- y Banco de España -supervisión de la solvencia y la actividad de las entidades-. Prevé también racionalizar el reparto de competencias para mejorar la protección de los usuarios de servicios financieros.CIU: El papel de las autonomíasEl programa de CiU es un tanto genérico respecto a los mercados financieros. Se limita a señalar, en su primer punto, que impulsará medidas que posibiliten un incremento de la participación de Cataluña en los órganos reguladores de los mercados. Se deberá determinar un nuevo procedimiento de elección de los presidentes y consejeros de estos órganos, basado en la exigencia de una mayoría cualificada en las Cortes Generales. A ello se añade la propuesta de garantizar la presencia de miembros o consejeros propuestos por las comunidades autónomas y la idea de impulsar la descentralización efectiva de las agencias reguladoras y de sus respectivas sedes principales.IU: Impuesto al beneficio de los bancosEl programa electoral de Izquierda Unida contempla el establecimiento de un impuesto sobre 'los beneficios sobredimensionados' en el sector financiero. Considera como tales a aquellos resultados que crezcan más allá del triple del IPC, y se les aplicaría una tasa especial que se dedicaría a programas de vivienda. También prevé elevar al 35% -desde el 30%- el tipo del impuesto de sociedades para las entidades financieras. También propone una mayor transparencia en la información sobre las comisiones de las entidades bancarias y la creación de una cuenta corriente especial para jóvenes, estudiantes, parados y pensionistas con ingresos inferiores a 1.600 euros.
Los sellos entran en la campaña
El caso de Fórum y Afinsa, con un número de afectados que ronda los 400.000, entró en campaña el año pasado. La intervención judicial destapó un presunto fraude en estas compañías que ofrecían inversión en sellos. Las empresas no entregaban físicamente los sellos y firmaban pactos de recompra con un alto interés; están acusadas de inflar el precio de los sellos, pagando el exceso de valoración con las aportaciones de los nuevos clientes. La actividad de bienes tangibles no ha estado regulada. El Gobierno concedió una línea de crédito de un máximo de 500 millones de euros a los afectados, pero el Partido Popular ha hecho suyas las demandas de las asociaciones de afectados.En su programa electoral consta la creación de un fondo de garantía para los inversores perjudicados en activos tangibles y la ampliación de la línea de crédito del ICO hasta cubrir el 100% de la inversión.