Inmigración, integración y competitividad
España ha vivido una profunda transformación social en los últimos siete años, con la entrada de tres millones y medio de inmigrantes. Las oportunidades de empleo de nuestra economía, capaz de crear cuatro millones de puestos de trabajo en apenas un lustro, han constituido el principal factor de atracción para los extranjeros, cuya llegada ha sido un fenómeno de intensidad inusitada.
Ahora, superada esta primera fase del fenómeno inmigratorio, surge el gran desafío: la integración de la población extranjera. Es un reto importante, complicado además por la progresiva pérdida de competitividad de la economía española. Sin embargo, es un desafío perfectamente abordable, ya que aquellas medidas que hagan más competitivo a nuestro país incrementarán también su capacidad de acogida. Es más, hay sinergias potenciales. La entrada de inmigrantes puede considerarse una oportunidad para consolidar un nuevo modelo de crecimiento, pues, como demuestra la experiencia internacional, una inmigración bien gestionada tiene consecuencias positivas a medio plazo para la sociedad de acogida. En nuestro caso, el objetivo ha de ser la modernización de la estructura productiva.
El mercado de trabajo y el sistema educativo están llamados a desempeñar un papel determinante en tanto que ámbitos clave para la integración y la prosperidad. Se trata, asimismo, de dos esferas cada vez más interdependientes en un mundo cambiante que exige mejor capital humano, haciendo de la formación un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Ahí radica precisamente uno de los problemas de competitividad de la economía española. A las elevadas tasas de abandono de los estudios y a los malos resultados que nuestros estudiantes obtienen en las comparativas internacionales se suma el escaso esfuerzo que empresas y trabajadores hacen en la formación continua, entre otras razones por el fuerte desincentivo que la legislación laboral ha generado en forma de elevada temporalidad, un problema grave entre los inmigrantes.
Por otra parte, y para sorpresa de algunos, hay que señalar que los trabajadores extranjeros están más preparados que el español medio (ocurre lo contrario entre los estratos de edad -jóvenes adultos- en que se mueve la mayoría de los inmigrantes). Los datos indican incluso que estos trabajadores presentan un grado elevado de sobrecualificación para los puestos que ocupan, desaprovechándose su capital humano, factor esencial para el desarrollo de un nuevo modelo competitivo.
Como se ve, nos encontramos ante un auténtico rompecabezas. ¿Podemos hacer encajar piezas tan complejas? Desde luego, no bastará con medidas aisladas; se precisan políticas de alcance y bien coordinadas. El educativo, y en concreto la formación profesional, es uno de los campos que mayores posibilidades ofrece.
La formación profesional que España necesita responde al modelo de aprendizaje permanente. Esto exige la articulación del sistema en una etapa reglada con un nexo flexible pero fuerte con el mundo laboral, en el que la formación prosiga además en sus fases continua y ocupacional. Por ejemplo, un sistema de formación profesional que permitiera reconocer las cualificaciones que traen consigo los inmigrantes y que facilitara el desarrollo de las mismas mediante la formación continua, iría en beneficio de la integración de los inmigrantes y de la competitividad de la economía española.
Afortunadamente, la formación profesional en España parece estar superando el desprestigio en el que tradicionalmente ha estado sumida. Las estadísticas muestran que un porcentaje creciente de estudiantes elige esta opción. Esto es incluso más evidente entre los inmigrantes, pues en los últimos años una mayoría de ellos se inclina por esta vía educativa al finalizar la educación obligatoria.
Aún quedan mejoras que pueden y deben introducirse en la formación profesional, con el objetivo de que el sistema pueda transmitir, mantener y actualizar las competencias que necesita la modernización de la economía española. En el caso de los inmigrantes debe tenerse en cuenta que presentan mayor movilidad, pero menor conocimiento de la realidad laboral de nuestro país. Por ello, habría que hacer un esfuerzo especial para orientar a estos estudiantes hacia las cualificaciones que se demandan en nuestro mercado de trabajo y que mejor se adaptan a sus capacidades.
En resumen, la integración se erige en factor fundamental de bienestar social y económico ante la inmigración, un proceso dinámico que continuará en el futuro. Y la formación profesional puede convertirse en una vía muy válida para esa integración, puesto que por un lado puede contribuir a la inserción laboral y social de los jóvenes inmigrantes y, por otro, puede incrementar la empleabilidad de los trabajadores inmigrantes a través de la formación continua y ocupacional.
María Jesús Valdemoros Erro. Directora del Servicio de Economía Cuantitativa del Círculo de Empresarios