Nuevas ideas para grandes retos
La crisis inmobiliaria supone un parón para el sector de la construcción, que busca nuevos negocios para compensar la caída de ventas. Las VPO, la construcción de edificios no residenciales y la obra pública se convierten en la contrapartida. Sin embargo, la mano de obra deberá ser reciclada
En momentos como el presente, de innegable turbulencia económica, si nos preguntan por el futuro de la construcción, conviene detenerse un momento y pensar con detenimiento la respuesta. Siempre resulta tentador dejarnos llevar por la inercia y sumarnos a la catarata de agoreros que pronostican un futuro muy turbio para el sector. Pero de hacerlo así no seríamos ni justos ni rigurosos en nuestro planteamiento. Nos encontramos, por un lado, ante un sector de obra civil que continúa manteniendo su vigor inversor y en el que, al menos a corto y medio plazo, no se atisban nubarrones serios. Y ante un sector de la edificación que parece desinflarse, pero del que no sabemos todavía a ciencia cierta cuál será la profundidad de su caída.
Del primero de estos dos subsectores, el de la obra civil, podemos afirmar que, al menos el ejercicio que hemos iniciado seguirá siendo bueno a efectos de inversión, con unos recursos comprometidos que, por lo que se refiere a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, se aproximarán a los 30.000 millones de euros para 2008. Si a esta cantidad sumamos una magnitud similar proveniente de la inversión que acometen comunidades autónomas, organismos provinciales y locales, podemos afirmar que el futuro a corto plazo se presenta bueno, con todo lo que ello significa de efecto inducido para el resto de la economía y la generación de empleo.
Otra cosa sería adelantarnos al futuro de la obra civil en un horizonte temporal situado entre los dos y cinco años. Todos los analistas parecen dar por descontada una suavización de la financiación pública de las infraestructuras, que debería ser suplida por la vía de mecanismos de concesión o de colaboración público-privada. La nueva ley de contratos del sector público potencia esta nueva figura, y empresas y patronales deberán estar atentas a su desarrollo reglamentario definitivo.
En cuanto al mercado de la edificación, es evidente que nos encontramos ante un problema de liquidez en el sistema financiero a escala global, fruto de la incertidumbre que representa no conocer todavía por parte de los diferentes actores cuál es el impacto real de la entidades crediticias frente a las hipotecas subprime. La situación, además de tener un efecto letal sobre las empresas inmobiliarias, que ven entorpecido su acceso al crédito y a la refinanciación de sus pasivos, ha terminado por presionar al alza el euríbor, yugulando la comercialización de viviendas por el lado de la demanda. El círculo es vicioso y perfecto, como vemos.
Algunas medidas concertadas por parte de las autoridades monetarias de ambos lados del Atlántico, inyectando liquidez al sistema, no han terminado por surtir el efecto deseado en el paciente, lo que vendría a demostrar que el mal se encuentra en otra parte.
Desde nuestro punto de vista, pensamos que siguen existiendo rigideces estructurales en el mercado español de la edificación, y que mientras que aquéllas no se aborden, el problema del acceso a la vivienda en nuestro país lo seguirá siendo para todos: para las inmobiliarias indudablemente, desde el momento en que los bancos han puesto en cuarentena al sector, y para los ciudadanos, que seguirán encontrando problemas para comprar una, por mucho que se nos diga que van a bajar los precios.
Ha llegado la hora de dejarnos de discursos y acometer el problema con valentía y de una vez por todas. Necesitamos una ley del suelo que, definitivamente, tome buena nota del mandato de la Constitución en lo que se refiere al derecho de acceder a una vivienda en condiciones dignas, y que se faculte a los ayuntamientos a la expropiación de suelo con este fin. En buena medida, la abultada deuda que soportan muchas empresas inmobiliarias se debe a los altos precios que han tenido que pagar para hacer acopio de un suelo que, precisamente por su escasez y naturaleza privada, ha sido proclive a una especulación descontrolada. Una razonable nacionalización del suelo mitigaría las tensiones financieras en los diferentes agentes del sector, y alentaría una demanda que ni es ficticia ni se encuentra en estado latente.
Jesús Sancho Rof, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (Aerco)