El papel clave de la Administración
Al hablar del sector de la construcción y la evolución del empleo tengo que comenzar restando alarmismo a la situación en la que estamos, pero a la vez sin quitarle importancia y, sobre todo, dejando claro que es necesario que las Administraciones públicas se anticipen a los cambios y adopten una serie de medidas, en las que la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT viene insistiendo desde hace tiempo.
Parece innegable que asistimos a un proceso de desaceleración de la construcción, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, fruto a su vez del aumento de los tipos de interés y de las restricciones crediticias que las entidades financieras están imponiendo a los consumidores. Pero se trata de desaceleración, en ningún caso de crisis. Las previsiones para este año indican tasas de crecimiento del valor de producción de este sector que van desde el 6,5%, para los más optimistas, al 2%, en caso de los más pesimistas, o el más razonable 4,5%. Y se trata de una ralentización muy focalizada en la edificación residencial, donde habíamos alcanzado cotas históricas de viviendas construidas año tras año desde hace 11 ejercicios. En el caso de que este segmento sufriera un retroceso en su producción, podría cifrarse en torno al 1,5%, lo cual no indica más que nos situaríamos en un ritmo de construcción de viviendas similar al de 2005.
Si esto fuera así, tendría cierto impacto en el empleo de este sector, que en 10 años se ha triplicado. Hay numerosos informes que indican que es posible que se pierdan entre 80.000 y 200.000 empleos en 2008 en la construcción, cifras que aumentarían si tenemos en cuenta a los sectores auxiliares o de proveedores. No cabe duda que estas perspectivas nos preocupan, porque hay que recordar lo fácil que es destruir empleo en este sector a causa de su sistema de contratación, y porque además afectarán especialmente a los colectivos de trabajadores más desprotegidos y con condiciones de trabajo y contrato más precarias, y dentro de ese colectivo serán los inmigrantes quienes lo sufran de manera más importante.
Pero esos informes dibujan un panorama en función de unas variables y lo que dice este sindicato es que hay que evitar que éstas se produzcan o lo hagan sin alternativas. La capacidad de la economía española para seguir creando empleo es un elemento clave para que el proceso de desaceleración en el sector de la construcción se vea amortiguado y que sus repercusiones en el resto de la economía se vean acotadas. Y todo apunta a que será así, aunque moderará sus ritmos de creación de puestos de trabajo. Pero esta situación por sí sola no es, ni mucho menos, suficiente. Por un lado, UGT defiende que, para evitar que esa desaceleración se traduzca en pérdida de empleo, las Administraciones públicas -desde el Gobierno hasta los ayuntamientos, pasando por los ejecutivos autonómicos y las diputaciones provinciales- diseñen y ejecuten planes a largo plazo de infraestructuras, de edificación no residencial -colegios, hospitales, polideportivos, etcétera- y de vivienda protegida, que amortigüen los efectos de esa ralentización del segmento de construcción de vivienda libre.
Por otra parte, UGT apuesta por un cambio de nuestro modelo productivo para que la industria tome el relevo de la construcción como motor de la economía y la generación de empleo. Es necesaria una política industrial de Estado que implique al conjunto del Gobierno, es decir, desde el Ministerio de Economía -respecto a medidas fiscales, por ejemplo-, hasta el Ministerio de Medio Ambiente, pasando por el de Trabajo, Fomento -como impulsor de nuevas infraestructuras necesarias para el desarrollo productivo-, Vivienda -como el mayor gestor de suelo industrial-, o al de Educación -con una formación profesional dirigida a las nuevas necesidades de los sectores industriales-. Una política que debe coordinarse con las comunidades autónomas -dado que la mayoría tiene la competencia en estas materias- y las Administraciones locales, que junto con la sociedad pública Sepes son los mayores promotores de polígonos industriales.
Además, en cuanto a que otros sectores de la economía sean capaces de absorber el empleo que puede perderse en la construcción, hoy por hoy, no parece que sea el caso de la industria. Esperar que los trabajadores de la construcción que se vean expulsados de este sector puedan emplearse en la industria sin más, sin la formación mínima necesaria, parece cuando menos ingenuo. Por eso, las Administraciones públicas tienen que poner sus recursos formativos al servicio de facilitar la reinserción laboral de esos trabajadores y fomentar su capacidad profesional.
Manuel Fernández López, 'Lito', Secretario general de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT)