Bruselas cifra en 66.000 millones el coste de su plan energético

La CE calcula que el plan de reducción de emisiones de CO2 y de promoción de energías renovables que se aprobará mañana costará unos 66.000 millones de euros hasta 2020. Bruselas asegura que el coste de no hacer nada frente al cambio climático sería mucho mayor.

Un estudio de impacto económico realizado por la propia Comisión Europea cifra en el 0,6% del Producto Interior Bruto de los 27 países de la UE el coste de las medidas legislativas sobre cambio climático que se aprobarán mañana en Bruselas. Es decir, unos 66.000 millones de euros para que en 2020 se hayan un reducido un 20% las emisiones de CO2 en relación con 1990 y que las renovables cubran el mismo un 20% del consumo energético de la UE.

Bruselas confía en que la futura incorporación de EE UU, China, India o Brasil a la lucha contra el cambio climático permita rebajar a la mitad el coste de su plan.

'Pero el informe Stern', recordó el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, en una conferencia dictada en Londres, 'muestra que el coste de no hacer nada es, al menos, 10 veces mayor e incluso podría llegar al 20% del PIB'.

'Si no se hace nada, el coste puede ser 10 veces mayor', dice Barroso

Barroso, además, está convencido de que sus propuestas reducirán las importaciones europeas de gas y petróleo, lo que permitirá un ahorro durante la próxima década de 'unos 50.000 millones de euros'.

Fuentes de la Comisión, de todos modos, reconocen que la factura del plan energético resulta tan abultada por algunas de las opciones planteadas, así como por la ausencia, en estos momentos, de un acuerdo internacional para que las principales economías del planeta asuman unos compromisos medioambientales similares.

La decisión, en concreto, de alcanzar el objetivo de renovables (20% del consumo energético en 2020) mediante subvenciones públicas en varios países (entre ellos, España y Alemania) eleva, según la CE, el coste global para Los 27. 'Si se contara con un mercado general de títulos de emisión de renovables, el coste sería bastante más bajo', señala un alto cargo de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión. 'Pero dado que queremos que nuestra iniciativa impulse la innovación, merece la pena ese coste adicional'.

A cambio, Bruselas ofrece algunas concesiones para que la mejora de la eficiencia energética en Europa no provoque una fuga de empresas hacia zonas más tolerantes con la contaminación.

La CE excluirá de momento a las empresas con gran consumo energético (siderúrgicas, cementeras o fabricantes de aluminio) de la obligación de comprar sus derechos de emisiones. Otras compañías, como las eléctricas, tendrán que pagar por esos títulos a partir del 1 de enero de 2013, según la propuesta comunitaria. La concesión será por subasta y cada Estado guardará sus ingresos, aunque Bruselas quiere que el 20% de la recaudación se destine combatir el cambio climático y promover las renovables.

Si en 2013 no hay acuerdo internacional sobre emisiones ('después de la cumbre de Bali somos más optimistas', dicen en la Comisión), Bruselas contempla dos opciones para las industrias de uso intensivo energético. Seguirles regalando los títulos de emisión u obligar a las empresas extracomunitarias que exportan a Europa a participar en el mercado de derechos de emisiones.

Reparto

La polémica sobre la viabilidad del objetivo de que el 10% del transporte funcione con biocombustibles también empieza a pesar. La CE, a diferencia de con las renovables, renuncia a señalar metas intermedias antes de 2020, a sabiendas de que todo el plan dependerá de la disponibilidad en el mercado de los llamados biocombustibles de segunda generación. Además, la propia CE reconoce que este tipo de carburante podría quedar superado si acaban desarrollándose tecnologías relacionadas con el hidrógeno.

Las propuestas de mañana también incluyen el reparto nacional de objetivos de renovables. A España se le asignará una cuota del 20%. Francia ha conseguido que le energía nuclear se tome en cuenta para exigirle un esfuerzo menor en renovables.

La propuesta desencadena una avalancha de correspondencia

El plan energético de la CE debe haber provocado un incremento, aunque sea ligerísimo, de las emisiones de CO2 a juzgar por la avalancha de correspondencia que ha provocado. Casi ninguna patronal europea, ONG o lobby se ha privado de dirigir una misiva al presidente de la CE, José Manuel Barroso, para alertarle sobre el impacto de sus medidas en la industria o el medio ambiente. Entre ellas, ocho patronales españolas. También los Gobiernos, incluido el español, han presionado por escrito para intentar que los objetivos de renovables se ajusten a sus intereses. Barroso, después escucharles y leerles a todos, les respondió ayer en términos muy latinos desde Londres: 'La procrastinación ya no es una opción para nadie. Los argumentos para actuar son irrefutables'.