La supresión del canon digital
La semana pasada prosperó en el Senado (que finalmente fue rechazada ayer en el Congreso) una iniciativa de Entesa que encomienda al Gobierno que, en el plazo de un año, presente un proyecto de ley para suprimir la compensación equitativa por copia privada. Dejando aparte la forma en que tal iniciativa prosperó -una vez más, alguien se equivocó a la hora de votar-, el resultado es, como poco, chocante.
Un grupo parlamentario propugna una iniciativa contraria a todos los tratados internacionales firmados por España y a la legislación vigente en la Unión Europea, a la que esperamos que sepan que pertenecemos, y esa iniciativa se vota por otros grupos que también se supone que saben dónde están ubicados en el mundo. Y eso se hace en pleno siglo XXI, con el evidente designio progresista de retrotraernos a la situación de hace más de 200 años, cuando todavía los creadores no podían vivir del producto de su trabajo y tenían que someterse al mecenazgo de los grandes de la tierra.
Aparte del hecho de que tal iniciativa propone al Gobierno un ataque frontal a los derechos de propiedad intelectual tal como están contemplados en los tratados internacionales, de superior jerarquía legal que las leyes nacionales, la eliminación de la compensación por copia privada crearía una situación de inseguridad jurídica que conduciría, entonces sí, a la criminalización de los usuarios. La compensación es -se ha repetido hasta la saciedad- la que hace posible la copia privada legal. Sin ella, el titular del derecho recobra su facultad exclusiva de autorizar o prohibir el uso de su obra y, sin su autorización expresa, todo uso o copia de ésta sería piratería. No es tan difícil de entender.
El hecho de que haya una cierta presión social en contra de lo que ellos llaman canon puede asustar a nuestros ilustres poderes políticos, sobre todo en tiempo de elecciones, tan propicios a navegar demagógicamente a favor de corriente. Pero ni la presión es tanta (tiene mucho de campaña orquestada por intereses concretos), ni parece función de gobernantes hacer o modificar las leyes en función de las presiones de aquellos a quienes conviene incumplirlas.
¿Se ha probado a medir la presión contra otras disposiciones legales en vigor, razonables para mejorar nuestra convivencia? ¿Se ha considerado cuánto pueblo soberano está en contra del carné de conducir por puntos o de acuerdo con la tasa de alcoholemia permitida, o con el impuesto de circulación de vehículos, o con los parquímetros o con las cuantías de las multas y sanciones que impone el nuevo Código Penal en cuanto a la circulación de vehículos? ¿Alguien ha hecho caso a los fumadores -que son muchísimos- cuando han parecido razonables para la salud social las leyes antitabaco? Y éstos son sólo unos pocos ejemplos.
Va siendo hora de que entendamos que el disfrute de unos no se puede proteger contra el derecho de otros, y que la base de una democracia moderna es el respeto a la leyes y a los derechos individuales de los ciudadanos (entre los que no se encuentra el de pasarlo bien gratis a cuenta del prójimo).
Fernando González Olivares. Adjunto a dirección de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales)