COLUMNA

Fiscalidad y desarrollo sostenible

La respuesta al exceso de gases con efecto invernadero y a la escasez (¿futura o actual?) de agua necesita de ajustes relevantes en los modelos de producción y de consumo. Sin ellos no se podrá lograr un desarrollo sostenible, lo que tendrá efectos desastrosos sobre todo el planeta y, especialmente, sobre los menos poderosos.

Estos ajustes pasan por un cambio en el modelo energético y por un mayor aprovechamiento del agua del mar. Pero también pasa por un ahorro significativo en el consumo de energía y de agua.

Los cambios en los patrones de consumo de energía, que reduzcan la intensidad de energía por unidad de producción y que conduzcan a un menor uso de la energía fósil, necesitan que los consumidores (empresas y particulares) perciban que resulta caro utilizar un producto que emite gases con efecto invernadero (CO2 y otros). Si hubiera un mercado de carbono que permitiera internalizar el valor de la reducción de una tonelada de CO2 emitido, la industria de transformación de energía y los productores de bienes para cuya producción se utiliza energía tendrían incentivos en ser más verdes y transmitirían a los consumidores estímulos para que fueran más conservadores en el uso de la energía, muy especialmente de la energía fósil.

Es necesario que el precio del agua refleje su potencial escasez y se estimule un uso más eficiente de la misma

Pero el desarrollo de tal mercado tiene problemas y tomará tiempo. Hay problemas en la determinación de los derechos de emisión o, si se quiere, en la determinación de la dimensión de la oferta. Y tiene problemas la incorporación de lo que se llama el sector difuso (fundamentalmente, transporte y pequeña industria). Pero constituye un desarrollo institucional fundamental que, afortunadamente, organizacionales supranacionales (Naciones Unidas y Unión Europea) están interesadas en desarrollar.

Mientras que ese desarrollo no se produzca la apelación a la fiscalidad es una opción perfectamente defendible. Gravar la producción de CO2 mediante un impuesto indirecto sobre el consumo de energía que en su consumo, o en su transformación, emite ese gas estaría justificado. El tipo de gravamen se basaría en la estimación de un precio del carbono que permitiera estimular un uso más eficiente desde el punto de vista medioambiental (¿40-50 dólares la tonelada?).

Igualmente es necesario que el precio del agua refleje su potencial escasez y se estimule un uso más eficiente de la misma (en la agricultura y en la industria, fundamentalmente). En este caso, la aplicación de la regla precio igual al coste marginal en la determinación del precio público del agua es relativamente sencilla: el precio del metro cúbico debería ser igual al coste de su desalinización.

Se esgrimen dos argumentos en contra de estas opciones. La primera, que no son eficaces en inducir ahorro. La segunda, que supone discriminar contra las personas de renta más baja. La primera no se sostiene. Los efectos precios en el consumo de esos productos esenciales no son menores. No tengo que recurrir a los resultados de estimaciones econométricas (que las hay). Puedo simplemente recordar cómo se redujo la intensidad energética a finales de los setenta y principios de los ochenta, cómo la diferencia en el consumo de energía por unidad de PIB entre Europa y Estados Unidos se explica perfectamente por la diferente fiscalidad de los derivados de petróleo y cómo Canarias es la región española con un uso más eficiente del agua siendo así que en esa región el precio es significativamente superior al que se cobra en el resto de España.

Es importante no mezclar objetivos de eficiencia con objetivos de redistribución en un mismo instrumento, por lo que los efectos redistributivos adversos pueden paliarse procediendo simultáneamente a elevar el mínimo exento en el impuesto sobre la renta y, en su caso, a elevar las pensiones más bajas. De esta forma, la capacidad de consumo de los que tienen menos renta no se vería afectada por los mayores precios de la energía y del agua, pero ellos también percibirían la necesidad de ahorrar en energía fósil y agua. El efecto agregado de este conjunto de medidas sobre la presión fiscal podría ser nulo.

¿Acabaría aquí la acción pública a favor del desarrollo sostenible? No. Además del apoyo decidido a la investigación en energías alternativas y en conservación energética y del agua, si los mercados no son suficientemente competitivos se hace necesaria una política de segundo óptimo transitoria, en la forma de obligatoriedad en el uso de energías renovables. Así ya se hace en muchos países en la generación de energía eléctrica. En el consumo de combustibles líquidos, si el mercado de distribución fuera competitivo, quizá no fuera necesario una intervención adicional al de la fiscalidad, pero si el sector de distribución está fuertemente dominado por los productores nacionales de petróleo se hace necesario introducir elementos de obligatoriedad en el consumo de biocombustibles. En ausencia de la fiscalidad que aquí se defiende estas intervenciones son aún más necesarias.

Carlos Sebastián

Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense