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Columna
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Sin creadores no hay desarrollo

El rechazo permanente al pago de derechos de propiedad intelectual en España hace de éste el país con el mayor nivel de piratería de la actividad creativa, afirma el autor. En su opinión, mientras la sociedad no valore y se niegue a pagar el valor de la creación, nuestro desarrollo intelectual, pero también económico, estará incompleto

La sociedad española ha alcanzado un grado de desarrollo elevado, según los estándares internacionales agregados. Sin embargo, hay tres actividades que la propia sociedad banaliza, cuando no desprecia, que son la cultura y sus creadores, la educación y la función empresarial.

En este artículo me ocuparé de la cultura pues, al margen del bienestar emocional que proporciona, es una fuente de riqueza que otros países valoran y lo han internalizado en sus respectivas sociedades. Esto se traduce en que un porcentaje muy elevado de los creadores pueden vivir de su trabajo, sin necesidad de tener que mantener dos o tres profesiones como es el caso español. En este punto, las estadísticas son dramáticas: en España sólo el 0,3% de los creadores pueden vivir de su trabajo, ocupando el puesto número 64 de la OCDE, siendo superada por Zimbabue o Polonia. Esta realidad debería hacer reflexionar a la sociedad, a los creadores y especialmente a las autoridades públicas. El fomento de la actividad cultural no es un problema estrictamente de cuánto gasto público, que también, se dedica a la misma en los distintos presupuestos públicos. Hay países que dedican, en proporción, menos dinero público, pero sin embargo sus creadores están mejor valorados y sobre todo mejor defendidos del fenómeno de la piratería o de la ausencia de mecanismos justos de compensación a la creación artística. Conviene destacar, porque poca gente lo conoce, que la cultura mueve en países como Reino Unido o Francia el 6% del PIB, lo que se traduce, a lo mejor por puro egoísmo economicista, a fomentar y a salvaguardar a sus creadores. En España, la cultura y la lengua generan aproximadamente el 3% del PIB, siendo la participación del gasto en el PIB muy inferior a su aportación al mismo, lo cual explica, en parte, el escaso apego que tiene la sociedad española por la cultura.

En España sólo el 0,3% de los creadores pueden vivir de su trabajo, un porcentaje inferior, por ejemplo, al de Zimbabue o al de Polonia

Al margen de la valoración subjetiva, que tiene que ver con la educación y las costumbres familiares, un problema esencial radica en cómo se valoran los derechos de autor de los creadores. En España la mayoría de agentes involucrados, consumidores o industria audiovisual, valoran a coste cero la actividad creativa intangible, es decir, lo que no sea un producto terminado, léase un CD, DVD, libros o películas. Esta paradoja nos lleva a una realidad en la que un escultor que hace una o dos esculturas en un año sólo debería cobrar una vez al terminarla. Este rechazo permanente al pago de derechos, a diferencia de los países más avanzados, se traduce en que seamos el país con el mayor nivel de piratería de la actividad creativa, sin que los establecimientos de ocio prohíban esta actividad tan aplaudida por la mayoría social.

Esta creencia social choca contra la teoría económica. En este sentido, la teoría económica contempla la existencia de sociedades colectivas de gestión de derechos como un modo eficiente de resolver el problema de los altos costes de transacción que supone la gestión de derechos y hace posible la creación de un mercado donde transaccionar los mismos (algo similar a lo que ocurre ahora con los derechos de emisión contaminantes). Esto implica dos cosas. Por un lado, una obra individual protegida suele tener un valor relativamente pequeño para la mayoría de usuarios, y en segundo lugar, gestionar los derechos de autor resulta caro debido a que los costes fijos son elevados. Por tanto, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor permiten que se cree un mercado. Sin éste, el uso legal de tales obras sería imposible salvo en el caso de que la obra fuese muy valiosa y el autor llegase a un acuerdo directamente con los usuarios.

Este mercado es un mercado secundario del material protegido, como pueden ser la difusión pública de grabaciones o el fotocopiado de libros. En este mercado, como pasa en el mercado secundario de bonos o acciones, el titular de los derechos no puede hacer un contrato con el usuario, a diferencia del primario, en el que la editorial o la discográfica pactan unos royalties con los creadores. La utilidad de la sociedad gestora, por tanto, es organizar tales pagos. El fundamento económico último es que existen enormes economías de escala en la administración de los derechos de autor.

En resumen, mientras la sociedad no valore y se niegue a pagar el valor de la creación, nuestro desarrollo intelectual, pero también económico, estará incompleto. No basta con buenas palabras y gasto público, los creadores necesitan el reconocimiento y la defensa de sus instituciones de cobro. Si no ocurre esto, se deslocalizarán, pero esto no es portada de ningún medio de comunicación. Ánimo.

Alejandro Inurrieta

Presidente de la Sociedad Pública de Alquiler

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