Bélgica acusa ya el impacto económico de su crisis política
La economía belga acusa ya las consecuencias de los 155 días de infructuosas negociaciones para formar una coalición de gobierno. El consumo privado, la confianza empresarial y la inversión pública comienzan a resentirse por la prolongada parálisis institucional.
Bélgica cumple hoy 155 días sin gobierno. O más bien, con un gobierno en funciones que desde las elecciones del pasado 10 de junio se encarga sólo de los 'asuntos corrientes'. Y que ha aprobado una prórroga (por doceavas partes) de los presupuestos del Estado ante el riesgo de que no haya nuevo ejecutivo antes de enero de 2008.
La economía belga parecía hasta ahora ignorar los efectos de esta crisis política, la más larga en los 176 años de historia del país. Pero las alarmas han comenzado a sonar ante los síntomas de peligro para el crecimiento.
'La crisis política hipoteca la economía del país', lamentó el pasado jueves la Federación de empresas belgas (FEB-VBO, según sus siglas en francés y holandés) cuando las negociaciones para formar Gobierno capotaron por los profundos desacuerdos entre los partidos políticos flamencos y los valones. La patronal lamenta 'el perjuicio para la imagen internacional de Bélgica' y advierte que 'cada día que pasa, aumenta el riesgo de que las inversiones se aplacen o se anulen'.
Las temidas repercusiones internacionales empiezan a materializarse. Jean-Claude Juncker, primer ministro luxemburgués y presidente del consejo de ministros de Economía de la zona Euro (Eurogrupo), señalaba la semana pasada que 'la imagen europea de Bélgica va camino de deslucirse' y el país se expone a 'jugar un papel de figurante en Europa'.
El hastío por la parálisis se extiende también de manera inexorable dentro del país. 'La Bélgica que trabaja, que produce, que exporta, está cansada', editorializaba la pasada el diario económico francófono L'Echo. Y uno de los tabloides flamencos rogaba en portada 'parar este teatro'.
El marasmo político sorprende a Bélgica en plena ralentización de su actividad económica. La Comisión Europea, en las previsiones presentadas el pasado viernes, augura al país un crecimiento del 2,1% en 2008 frente al 2,7% de este año. En algunos de los restaurantes más lujosos del país comienza a reconocerse sotto voce que las visitas de los ejecutivos comienzan a espaciarse más de lo habitual.
El vacío gubernamental ha frenado el necesario proceso de consolidación en marcha, según el organismo comunitario. Bélgica aspiraba a un superávit fiscal este año del 0,3% del Producto Interior Bruto, necesario para continuar reduciendo su ingente deuda pública.
'Sin embargo', asegura la CE, 'el gobierno en funciones quizá no siga adelante con las operaciones pendientes para incrementar los ingresos. Las arcas públicas esperaban ingresar una cifra equivalente al 0,5% del PIB con esas operaciones.
Juncker ha contrastado este derrapaje de Bélgica con la excelente evolución económica de un país que 'hace una década, nadie hubiera podido creer que podría entrar en el euro'.
Su deuda pública, en efecto, doblaba el límite del 60% fijado como criterio de adhesión a la unidad monetaria. Los gobiernos del liberal Guy Verhofstadt (ahora primer ministro en funciones) han dejado esa cifra en el 84,6. En ocho años de gobierno, Verhofstadt no sólo ha saneado las cuentas públicas, sino que ha devuelto la confianza a un país desmoralizado por una escandalosa ineficacia judicial, policial y administrativa.
El caso del criminal pedófilo Dutroux simbolizó a finales del siglo pasado la desesperación del país. Las elecciones de junio, sin embargo, devolvieron a los conservadores flamencos del CD&V, responsable en gran parte del deterioro anterior, la capacidad de formar gobierno. Y hasta ahora.
Empresarios en contra de la unidad
La preocupación de la patronal belga por la crisis política actual no quiere decir que todos los empresarios del país respalden el modelo federal actual. Hace un año, un grupo de importantes ejecutivos suscribió un 'manifiesto a favor de la independencia de Flandes dentro de Europa'. Entre los firmantes figuraban desde el consejero delegado en Benelux de la consultara McKinsey al antiguo consejero delegado del banco KBC.El estudio, fruto de 10 años de reflexión, cifraba en el 6,6% del PIB de Flandes las transferencias fiscales de esa próspera región hacia la capital y el sur del país. Los empresarios independentistas lamentaban que esa supuesta injusticia llegase hasta el extremo de redistribuir por todo el Estado los ingresos por las multas de tráfico en las carreteras de Flandes, mucho más vigiladas que las del resto del país. A su juicio, este modelo resulta 'insostenible' desde el punto de vista económico.