COLUMNA

Las otras empresas públicas

A lo largo de los años noventa las empresas estatales de los países desarrollados se fueron privatizando para obtener ingresos por la venta, generar más actividad sujeta a tributación, aportar competencia y, con ella, mejor servicio y menores precios. España no fue una excepción y Gobiernos socialistas y populares las vendieron y adaptaron la regulación que las afectaba para aportar incentivos al aumento de la eficiencia y evitar prácticas monopolistas.

Sin embargo, simultáneamente tuvo lugar un amplio proceso, que aún continúa, de aparición de empresas creadas por las Administraciones autonómicas, provinciales y municipales. En la actualidad, son miles las que están activas en todo tipo de ámbitos, desde la gestión de instalaciones preexistentes hasta la generación de nuevas actividades orientadas al mercado o a la provisión de bienes y servicios, sea para las Administraciones propietarias o para la población a la que sirven.

El recurso a este tipo de titularidad y de práctica responde a razones múltiples y, casi siempre, interrelacionadas. Por una parte, está la mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones, junto al menor coste y mayor dedicación de las plantillas. Por otra parte, está la posibilidad de orillar algunas restricciones al endeudamiento, cuyo coste no debe exceder de cierta cuantía de los recursos tributarios, de modo que, por esta vía, se puede incrementar el volumen de recursos disponibles sin recurrir a deuda directa ni al aumento de las exigencias tributarias.

Además, las entidades financieras suelen ser poco reacias a prestar dinero a las empresas públicas subcentrales, incluso sin necesidad de estar avalado por la propietaria y conformándose con cartas de intenciones o, aún menos, con una reverse letter of intend, especialmente si se trata de actividades que generan recursos directos, de ahí la facilidad para obtener fondos complementarios a los que figuran en los presupuestos anuales.

En el reverso de la proliferación de estas empresas se mencionan aspectos como la reducción de la capacidad de control, la posibilidad de uso partidista de las oportunidades de generar empleos, el riesgo de pérdida de profesionalidad en la dirección y de competencia desigual con otras empresas e instituciones que concurran en actividades afines y a las que no resulta tan fácil obtener recursos financieros ni autorizaciones o rapidez en la tramitación de autorizaciones.

Hay alguna afinidad, o similitud de dificultades, entre el recurso a la financiación privada de infraestructuras públicas, como autopistas o plantas desaladoras, y la creación de empresas. En ambos casos la deuda con la que se ha financiado la instalación o actividad no aparece como obligación pública sino privada. La responsabilidad de las Administraciones se limita al pago por la prestación del servicio o por el alquiler de los edificios, según los casos, y en casos como la gestión de un parque zoológico o museo puede ser que los ingresos sean suficientes para cubrir el coste de la gestión y la carga de la deuda.

Así, desde prisiones y juzgados hasta escuelas y hospitales pueden tener un titular privado y la Administración usuaria paga un alquiler como haría con un edificio de oficinas. Si en origen la operación se financia con cargo al Presupuesto, o a través de una entidad financiera pública, se puede vender la titularidad y el comprador percibe los ingresos estipulados mientras el cedente vuelve a contar con recursos para iniciar proyectos similares.

Los créditos que financian estas actividades no aparecen como deuda de las Administraciones públicas, sino de empresas. Esto tiene relevancia a efectos de seguimiento y control de la expansión crediticia desde el punto de vista de una ubicación adecuada o de la evaluación del riesgo potencial. Con un enfoque económico es comprensible que, en lugar de financiar una obra o actividad pagando al inicio por toda ella, se recurra a pagarla con los recursos que genera o con el pago por el servicio que presta, caso de que sea de otro propietario o, alternativamente, con la amortización del crédito que permitió hacerla en su momento.

Cuando se atiende a la evolución del crédito vivo de las empresas, es fácil que algunas no aparezcan como públicas si la propiedad se reparte entre varias sin que ninguna tenga mayoría, como cuando la propiedad está repartida entre un ayuntamiento, una diputación y un Gobierno autonómico. Puede parecer que el conjunto de las empresas se han endeudado a un ritmo muy rápido, pero un grupo lo ha hecho con mayor intensidad elevando la media del conjunto.

Joaquín Trigo, Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional