Políticas públicas en el Presupuesto 2008
Un tema que cada vez va adquiriendo una gran importancia en la literatura económica es el del análisis de las políticas públicas, que comprende tres fases: la de elaboración, la de evaluación, tanto ex ante como ex post, y la de ejecución. En este artículo vamos a tratar de las políticas públicas elaboradas y aprobadas por el Gobierno, que han quedado plasmadas en el Presupuesto 2008, que aparecen detalladas en el Informe Económico y Financiero que se acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.
Son 26 las políticas de gasto del Presupuesto 2008 que aparecen estructuradas de acuerdo con la clasificación establecida en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 102/2007, de 13 de abril, que discrepa de la clasificación de las funciones de las Administraciones públicas (Cofog) que aparece como anexo del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad (Reglamento CE no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996).
Dichas políticas aparecen agrupadas en cuatro grandes áreas de gasto: a) servicios públicos básicos, que comprende: justicia, defensa, seguridad ciudadana y política exterior, a la que se le asigna el 7% de las dotaciones; b) gasto social, al que se le asigna el 50,5% de las dotaciones, que comprende: pensiones, servicios sociales, fomento del empleo, vivienda, sanidad, educación y cultura; c) actuaciones de carácter económico, que comprende: agricultura, pesca y alimentación, industria y energía, comercio, turismo y pyme, subvenciones al transporte, infraestructuras, investigación, desarrollo e innovación, con separación de la civil de la militar, y otras actuaciones, con una dotación del 12,5% del total, y d) actuaciones de carácter general, que comprende: alta dirección, servicios de carácter general, Administración financiera y tributaria, transferencias a otras Administraciones públicas y deuda pública, con dotaciones equivalentes al 30% del total, de las cuales el 20,9% corresponde a la rúbrica 'transferencias a otras Administraciones públicas'.
La pregunta que me surge es qué hace el Estado con nuestro dinero, ya que en el análisis que el citado informe realiza de las políticas públicas no aparecen cuantificados los objetivos a conseguir con cada política pública para resolver los problemas de los ciudadanos, que servirían de base para el control por el Tribunal de Cuentas de la eficacia, eficiencias y equidad con que dichas políticas se han ejecutado.
Cuando los entes públicos manejan casi el 40% del PIB, es necesario que los ciudadanos conozcan con toda transparencia lo que hace la Administración con los impuestos que pagan para resolverle sus problemas. La transparencia ha de ser para el sector público lo que el mercado es para el sector privado. En la descripción de las políticas públicas del citado informe sólo aparecen las dotaciones presupuestarias de los instrumentos que se van a utilizar para conseguir los objetivos, pero éstos no aparecen cuantificados en ninguna de las políticas, utilizándose frases de carácter general, como por ejemplo la mejora del funcionamiento de la justicia, aumentar la seguridad ciudadana, etcétera.
A pesar de que hace ya más de dos años fue creada una Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas, en ninguna de las enumeradas en el Informe Económico y Financiero aparece mención alguna de que dicha política ha sido evaluada por la citada agencia y de los resultados de dicha evaluación. Creo que las políticas que tienen una incidencia tan fuerte en la posibilidad de cambio de nuestro modelo de desarrollo para hacerlo sostenible en el tiempo, como son la educación, investigación, desarrollo e innovación, bien merecía la pena que la citada agencia se hubiera ya estrenado en la evaluación de las mismas. Pasamos a efectuar un análisis crítico de algunas de las políticas públicas.
En lo referente a la de justicia, se dice en la página 127 del informe que 'la consignación presupuestaria tiene por objetivo hacer de la justicia un servicio público de calidad, acercándola a los ciudadanos, agilizar sus procedimientos y conseguir que sea valorada positivamente'. Pero no se fijan los plazos que para cada tipo de procedimiento se habrá de resolver el correspondiente expediente. Por ejemplo, en el procedimiento de desahucio los plazos son hoy día de varios meses, inclusive superior al año, para que el juez acuerde el desahucio del inquilino que no paga.
La consecuencia ha sido que en España no existe mercado de alquiler de vivienda, como existe en los países de la Unión. Dicho procedimiento sólo requiere que el inquilino demuestre al juez que ha abonado los recibos por los que se le demanda por el propietario de la vivienda. Fijar un plazo de 15 días sería más que suficiente para que el problema se resolviera y volviera a renacer el mercado de alquiler de viviendas, evitando las intervenciones públicas que se están proponiendo, que inciden fuertemente en la estabilidad presupuestaria.
Otro botón de muestra: en la política de seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias se dice que 'dentro de las dotaciones de esta política destacan las destinadas a actuaciones en materias de protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos , mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra el terrorismo'. Palabras y palabras, pero a los ciudadanos lo que les interesa saber es a cuánto se compromete el Gobierno en reducir los índices de criminalidad, haciéndolo constar mediante indicadores que al finalizar el año hagan posible comprobar si el Gobierno ha actuado eficientemente.
Por último, en la política de pensiones contributivas se hace constar que resulta prioritario acometer un conjunto de medidas de reformas necesarias para la sostenibilidad futura del sistema de pensiones, basadas en los principios de contributividad, solidaridad y suficiencia, establecidos en la Comisión parlamentaria de Revisión del Pacto de Toledo. Para llevar a cabo tal objetivo, el Gobierno, una vez finalizado el plazo de aplicación de la medida de extender a 15 años, en lugar de convocar de nuevo la citada comisión como estaba previsto, para seguir ampliando el plazo de cómputo para el cálculo de la pensión y para hacer sostenible el sistema, lo ha sustituido por la Mesa de Diálogo Social, cuyos acuerdos son contrarios a la sostenibilidad del sistema. Este es un asunto que preocupa mucho a los jóvenes, que son los actuales cotizantes, y que cuando llegue su jubilación verán mermada de manera importante la cuantía de su pensión.
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid