Prudencia y bienestar común
Las cuentas públicas españolas están saneadas, como refleja el superávit alcanzado en 2006 (1,8% del PIB) y la baja deuda en circulación (39,7% del PIB), después del proceso de saneamiento acometido desde 1995 (-6,6% y 60,4% del PIB respectivamente). Las decisiones de los sucesivos Gobiernos, la pertenencia al euro, incluidas las fuertes rebajas en los tipos de interés y, sobre todo, el excelente ciclo vivido por la economía española explican tan buen resultado.
El superávit de las Administraciones públicas en 2006 estuvo apoyado en la Seguridad Social (1,2% del PIB), si bien el Estado también obtuvo saldo positivo (0,8% del PIB). Las comunidades autónomas presentaron un equilibrio presupuestario y las corporaciones locales un pequeño déficit (-0,2% del PIB).
Las buenas cifras, sin embargo, esconden algunas sombras. La posición del Estado no es tan boyante, si por un lado se tienen en cuenta las sociedades públicas, con fuerte protagonismo en la inversión pero excluidas del presupuesto (1,1% del PIB), y por otro, la pérdida en la recaudación provocada por el descenso de las operaciones inmobiliarias. Los riesgos por este motivo son aún mayores para las comunidades autónomas que se enfrentan a un escenario de disminución en la recaudación por el excesivo peso en su estructura de ingresos del impuesto de transmisiones y actos jurídicos y del IVA -una cuarta parte-. Además, las comunidades utilizan también las empresas públicas para mejorar el saldo presupuestario, como se comprueba en la evolución de la deuda propia (+108,4% nominal en el periodo 1996-2006) y la de las sociedades públicas autonómicas (+55,4% en los últimos cuatro años).
Las cuentas públicas están saneadas, pero no tanto como para dar rienda suelta a la euforia
En cuanto al presupuesto de la Seguridad Social, la inclusión de la rentabilidad del Fondo de Reserva como ingresos ordinarios resta dos décimas a su excelente resultado y, sobre todo, sus obligaciones futuras se van a incrementar sustancialmente porque deberá afrontar el pago de un número muy superior de pensiones (1,3 millones adicionales en 2015, casi dos millones en 2020 y cinco millones más en 2050).
En este contexto, para garantizar el objetivo de un sistema público de pensiones de amplia cobertura y mejores prestaciones, sostenible financieramente, es necesario que cualquier medida estructural de mejora, como es la elevación de las pensiones mínimas, debería estar acompañada de una desaceleración en el crecimiento de las cuantías de las nuevas pensiones, al tiempo que se destina todo el superávit actual al Fondo de Reserva.
Las cuentas públicas están saneadas pero no tanto como para dar rienda suelta a la euforia, y cualquier decisión deberá estar mediatizada por las obligaciones futuras conocidas y conservar los márgenes para absorber el pago de mayores prestaciones por desempleo ante un indeseado, pero posible, incremento del paro. La lógica y el sentido común desaconsejan la aprobación de medidas estructurales de incremento del gasto apoyadas en una posición financiera coyuntural de las cuentas públicas, más aún cuando hay elementos de incertidumbre que provocan preocupación (endeudamiento interno y externo, diferencial de inflación y elevado precio de la vivienda en un ambiente de crisis financiera internacional) y se han utilizado sin necesidad determinados estímulos anticíclicos -rebajas en el IRPF, impuesto de sociedades y cuotas sociales acompañados de elevada inversión pública-, cuando la economía contaba con factores suficientes para impulsar el crecimiento.
De igual forma, el binomio bajada de impuestos-incremento de las políticas de gasto prometido en los últimos tiempos es ahora más impracticable que nunca, de ahí la importancia de elegir bien las decisiones, porque podría ser que las necesidades no pasen tanto por mayor gasto como por liderar y coordinar las políticas del conjunto de las Administraciones para colaborar en cambiar el modelo productivo y mejorar el sistema de protección social, desarrollando un modelo de Estado menos difuso.
Como ejemplo, junto al mayor esfuerzo en enseñanza e I+D+i, un gasto de mil millones de euros en un plan directo de apoyo al alquiler (la actual deducción por compra en el IRPF cuesta casi 6.000 millones) puede tener un impacto mayor en la economía y en la vida de los ciudadanos que el de asignar las políticas de inversión con criterios identitarios y no de las necesidades en campos y territorios concretos.
La política, como la mayor parte de los aspectos de la vida, tiene prioridades. Para que gobernar no se convierta en una simple ocupación del poder sería deseable que coincidieran con el bienestar común y la cohesión de la mayoría de la población española; con más motivo todavía si la situación económica se vuelve delicada, como apuntan algunos síntomas.
Miguel Ángel García Díaz. Responsable del Gabinete Económico de la Confederación de Comisiones Obreras