Medio ambiente

El seguro por daños ecológicos no será obligatorio hasta 2011

El Congreso dio ayer luz verde a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que obligará a las empresas que causen daños al medio ambiente a repararlos. Sin embargo, ninguna tendrá obligación de suscribir un seguro como garantía financiera hasta el 1 de enero de 2011.

Quien contamina, paga. Ese es el principal objetivo que persigue la Ley de Responsabilidad Medioambiental, aprobada ayer en la Cámara Baja de forma definitiva y que obligará a 35.000 empresas, un millón de explotaciones ganaderas y agrícolas y más de 1.000 presas y balsas mineras a financiar los daños que puedan cometer al medio natural.

El que cometa un delito estará obligado a evitar y reparar el daño, pero no tendrá que suscribir una garantía financiera para responder ante los posibles daños hasta 2011. Este fue uno de los puntos que provocó más dificultades en la redacción de la ley, ya que las empresas incluidas en un anexo, como los gestores de residuos contaminantes o transportistas de mercancías peligrosas, y aquellas que pudieran cometer un daño superior a dos millones de euros, estaban obligadas a suscribir una garantía financiera que respaldara el posible daño.

Los tres mecanismos que se planteaban en el texto eran un aval, una provisión de fondos o un seguro, que en ningún caso debería cubrir nunca una cantidad superior a 20 millones de euros. Finalmente, una disposición adicional incluida en el Senado impide a las comunidades plantear la constitución de esa garantía financiera antes de enero de 2011.

Los otros dos tramos están constituidos por las empresas cuyos daños no superen los 300.000 euros, que estarán exentas de suscribir ninguna garantía, y las que puedan cometer daños entre 300.000 euros y 2 millones de euros, que no estarán obligadas siempre y cuando cuenten con un sistema de gestión ambiental homologado.

La aprobación de la ley no ha estado exenta de polémica, ya que de las 15 modificaciones que se hicieron a su paso por el Senado, sólo trece fueron finalmente ratificadas ayer en el Congreso. Además de la de aplazar hasta el 1 de enero de 2011 la suscripción de seguros, el texto fija también la inclusión de los afectados por la rotura de la presa de Tous dentro de los beneficiarios de las compensaciones económicas que tuvieran lugar por ese daño y la inclusión de los daños causados por operaciones de defensa y seguridad nacional dentro de los susceptibles de ser sancionados cuando, en primera instancia, no lo estaban.

Otro artículo que ha sembrado la discordia fue la disposición adicional decimotercera, que permite a las empresas españolas que perciban fondos públicos en países fuera de la UE esquivar esta ley y someterse a los convenios internacionales suscritos por España. El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, subrayó en su intervención que esta redacción libera de responsabilidad a las compañías en el extranjero, con la especial 'gravedad' que comporta en países del Tercer Mundo.

Dos millones de euros y dos años de suspensión por delitos graves

La ley no tendrá carácter retroactivo y se aplicará sobre los delitos que se cometan desde su entrada en vigor.

Establece un régimen sancionador de hasta 2 millones de euros y dos años de suspensión de actividad para delitos muy graves. Dicta un periodo de prescripción de dos años entre la comisión de un daño y la imposición de la sanción.

La responsabilidad ambiental por un daño tendrá una vigencia de treinta años desde el día en que se produzca.

Los promotores de obra pública quedarán exentos de la garantía cuando tengan declaración de impacto ambiental.