Competencia y mercado cementero
La nueva Ley de Defensa de la Competencia proporciona la oportunidad de tratar, desde la realidad empresarial, actividades desreguladas como el sector cementero en las que subsisten algunas posiciones de dominio. Ello permite imponer precios y esta imposición se traslada a las grandes empresas contratistas de obras públicas que trabajan para el Estado, principal cliente del cemento.
Dada la estructura oligopolista del sector a nivel nacional, el mercado constituido en la zona cantábrica está regionalizado y responde al modelo de monopolio excepto un caso, quedando normalmente los precios definidos por regiones, una herencia del pasado. El impacto de la competencia, con la irrupción de las importaciones a principios de los noventa en la costa mediterránea, ha producido un importante ajuste de precios, transferido al hormigón por primera vez en la historia desde los años treinta; y ha promovido una industria de variedad y calidad de materiales con la capacidad real de vender en cada punto de consumo del territorio nacional, pese al inconveniente clásico del coste asociado del transporte de estos productos.
Conviene llevar al público lector la vida mercantil de la construcción por la incidencia social del producto fabricado. El cemento es un producto barato considerando su precio por unidad de peso, el kilo. En consecuencia, mover 25 toneladas en un camión más de 100 kilómetros resulta caro; luego el transporte actúa como una restricción determinante a la que deben adecuar sus decisiones las empresas consumidoras.
Generalmente, el valor relativo que representa el coste del cemento en el conjunto de la obra es bajo; no así, el efecto multiplicador encadenado que provoca el mínimo desajuste en el precio de suministro al penetrar en la construcción a través de la industria del hormigón; el 80% de este producto es agua y áridos que representa la cuarta parte de su coste.
La industria (hormigón y otros materiales) repercute costes de producción en sus tarifas al más inmediato, el subcontratista; quien incrementa sus costes y oferta precio al siguiente, el contratista principal; quien recoge la sumatoria de todos los elementos y da su precio a la propiedad privada (promotor) o a la Administración pública que le contrate. Estos reciben la obra, el promotor vuelve a repercutir para transmitir la propiedad, y al final ese sobreprecio queda diluido entre quienes pagan la factura en su doble condición de clientes y contribuyentes con impuestos -propios o no- extendiéndose al conjunto de la sociedad.
La participación de una región como Asturias en la obra licitada el pasado año, fue del 3,2 % del total nacional, por encima de su aportación al PIB español o el peso demográfico, según Seopan. En esta coyuntura o en cualquier otra la región registra los precios más altos de España.
Gracias al acceso marítimo, el comercio exterior actúa como regulador del mercado interno, puesto que la importación de clinker (materia prima) desde terceros países donde su producción es menos costosa permite desarrollar nuevas técnicas (moliendas), cuyo eficiencia se traslada a las empresas consumidoras en la forma de menores costes y por tanto precios en la construcción residencial y en la obra civil de gran dimensión presupuestaria.
Los cementeros del norte compiten en todo menos en precios y de esta competencia surgen los beneficios para ellos. Además, la reciente resolución sobre la pugna por instalarse en suelo portuario con un nuevo entrante, de peso y reputación suficiente como para introducir rivalidad, logra cerrar el mercado.
La razón de esto es que los 2.000 kilómetros adicionales que separan el Cantábrico del puerto de Valencia imposibilitan el establecimiento de nuevos procesos de mercado fuera del área portuaria, pese a disponer de dos puertos graneleros la región.
En cambio, hay que destacar la entrada hace poco tiempo al mercado extremeño de una fábrica de nueva planta, como recurso inevitable en contra de lo establecido, rompiendo el fundamento de los monopolios: producir para satisfacer la demanda esperada y obtener los mayores beneficios posibles. Extremadura expresa con firmeza su voluntad de que sea el mercado el que decida los ganadores y los perdedores de la competencia.
Es curioso comprobar la pasividad de los poderes regionales en la política industrial actual. El problema radica en que, por muy elevado que sea el coste del modelo en su conjunto, resulta imperceptible por su valor monetario individual relativamente pequeño.
La ley no está para imponer, sino para defender una competencia efectiva asegurando la libre entrada. Y, si la competencia resulta imposible de alcanzar, todo el conjunto de normas, tanto administrativas como mercantiles, que están pensadas para aplicar en el marco del libre mercado, al ser aplicadas a los mercados cerrados, resultan inoperantes.
Por ello, y basándose exclusivamente en razones económicas de interés general, las autoridades de la competencia deberán revisar las barreras de entrada y, en su caso, reconducir la situación para bien de la comunidad y del propio Estado.
Álvaro Fernández Vega. Asesor fiscal-auditor interno del sector de la construcción