Cada comunidad deberá lograr un superávit del 0,25% del PIB
Cada una de las comunidades autónomas estará obligada a lograr en el trienio 2008-2010 un superávit fiscal del 0,25 % de su PIB respectivo, aunque se reservan la posibilidad de registrar un déficit de la misma cuantía por infraestructuras.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están integrados representantes de la administración central y de los gobiernos regionales, aprobó ayer el objetivo de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas para el trienio 2008-2010, un superávit del 0,25% del PIB para cada una de ellas.
Esta cifra se debe a la aplicación de la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a registrar superávit cuando la economía crece más de un 3%, según explicó ayer el vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes, a la salida de la reunión, en la que estuvo por primera vez la recién nombrada ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. No obstante, y según lo previsto en la citada norma las comunidades podrán incurrir en un déficit adicional por la realización de inversiones productivas, del 0,25% del PIB regional, siempre que esté convenientemente justificado a la administración central.
Las comunidades gobernadas por el PP pidieron al Gobierno que aborde antes del fin de la legislatura la reforma de la financiación autonómica. El antecesor de Salgado, el ex ministro Jordi Sevilla indicó hace sólo varias semanas que el Gobierno estaría dispuesto a alcanzar un principio de acuerdo 'sobre asuntos globales' con el PP antes de marzo. Solbes se limitó ayer a decir que 'debería encontrarse un momento óptimo'. El consejero valenciano (PP), Gerardo Camps, reclamó también al Ejecutivo central que garantice un nivel similar de inversiones en todas las comunidades.
Solbes presentó también a los representantes de los gobiernos regionales el límite de gasto no financiero del Estado central (152.560 millones) para 2008, aprobado recientemente en el Congreso y que 'es compatible', según indicó, con un superávit fiscal del 0,3% del PIB para el Estado central.
Por otro lado, Solbes desveló que la administración ha dejado de recaudar hasta junio 'del orden de mil millones de euros' por la rebaja del IRPF que entró en vigor en enero. 'En esta legislatura no se han subido los impuestos, sino que más bien se han bajado', añadió el vicepresidente económico. Los últimos datos sobre la marcha de la reforma fiscal, anunciados en mayo por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, indicaban una pérdida de recaudación hasta marzo de 600 millones de euros, con un ahorro de 300 millones para los contribuyentes en el pago del IRPF y de la misma cantidad para las empresas con el impuesto de sociedades.
El cálculo inicial del Gobierno cuando se aprobó la reforma tributaria era de un ahorro de 4.500 millones este año -2.000 millones menos de recaudación por el IRPF y 2.500 millones menos por el impuesto de sociedades.
El CPFF aprobó también el nombramiento de la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araujo, como vicepresidenta del Consejo de Política Fiscal.