Los mayores reclaman a las comunidades coordinación para la Ley de Dependencia
Las principales asociaciones de mayores del país denunciaron ayer la 'descoordinación' entre las comunidades autónomas y las 'diferencias de ritmo' que se aprecian en la puesta en marcha de la Ley para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) y Edad & Vida presentaron ayer en Madrid el documento 'La implantación y la gestión del sistema de atención a las personas con dependencia: las necesidades de los ciudadanos'. En él realizan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos diversas advertencias que el colectivo entiende como necesarias en la aplicación de la citada ley, aprobada recientemente.
Entre ellas, el establecimiento de unos criterios mínimos consensuados que aseguren la igualdad de trato de los ciudadanos dependientes en todo el territorio (el 9% de la población, del cual cerca de 1.800.000 son mayores de 65 años). Según Paca Tricio, directora gerente de UPD, 'el Gobierno ha hecho los deberes, con la implantación de la ley, pero ahora son las comunidades las que tienen que resolver esto de una manera que haga que el ciudadano no se vuelva loco'.
Por otro lado, consideran que también deben resolverse problemas como la falta de información al respecto y prestar una especial atención a que no sea el ciudadano el que tenga que pagar las consecuencias de una falta de financiación (por parte del Gobierno central y de los autonómicos). Si bien, tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana han respondido con prontitud a las solicitudes realizadas por el Gobierno central, con la creación de equipos de valoración, la tónica general 'es más bien la despreocupación', según denuncia el colectivo. Y no debería ser así, a su juicio, sobre todo, teniendo en cuenta que las asociaciones representan casi el 18% de los votantes.
Copago inferior al 30%
Los dependientes tendrán que poner dinero de su bolsillo para acceder a las prestaciones. Las asociaciones de mayores creen que este copago sería 'excesivo' a partir de un 30%, por lo que han solicitado que se fije un límite máximo para todo el territorio.