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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un marco general para autónomos

El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al Estatuto del Trabajador Autónomo, que regula las relaciones laborales básicas de más de tres millones de empleados por cuenta propia o aquellos que lo son por cuenta ajena y cuyo empleador es un autónomo. Aunque recoge derechos y deberes básicos, muchos deberán ser desarrollados por reglamento para poder aplicarse. Pero se establecen las reglas de juego para muchos colectivos de trabajadores que hasta ahora estaban en la oscuridad regulatoria, como falsos autónomos, quienes efectuaban ayudas familiares o autónomos dependientes, que tienen una relación económica continua con un mismo pagador, pero establecen una relación fiscal y de Seguridad Social individual con la Administración pública.

En todo caso, lo aprobado ayer en el Congreso con el respaldo de todos los grupos políticos no cubre las expectativas de los autónomos al completo, ya que pretendían santificar normativamente derechos tales como el seguro de desempleo o la prejubilación, cuando en la gran mayoría de los casos la contingencia que da derecho a la prestación depende de una decisión personal y voluntaria del autónomo.

Pero igual que ha evitado tales posibilidades, que serían fuente segura de comportamientos fraudulentos, el proyecto pone coto a otras prácticas comunes que también hasta ahora atentaban a la integridad patrimonial de los trabajadores por cuenta propia de manera abusiva. Así, en adelante los inmuebles de uso familiar del autónomo no podrán ser embargables en procesos de liquidación, circunstancia que en muchos casos desincentiva la iniciativa laboral de los profesionales. Además, los autónomos podrán contratar a sus hijos menores de 30 años, los dependientes tendrán derecho a 18 días de vacaciones, y será la jurisdicción laboral la que entienda los conflictos laborales de los trabajadores por cuenta propia. La legislación regula derechos, pero evita el reglamentismo excesivo, que de aparecer puede ser un serio obstáculo para la iniciativa económica individual y para el empleo.

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