Inspectores de Trabajo alertan de fallos en su nuevo sistema informático
Los inspectores y subinspectores de Trabajo están en pie de guerra y han dado la voz de alarma, al haber detectado graves fallos en el nuevo sistema informático Integra, que debería servir para gestionar las actividades de este departamento y que, sin embargo, les impide levantar actas de infracción y de liquidación de cuentas de cotización impagadas.
Así lo aseguró ayer Carlos Moyano, presidente del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social -que agrupa a más de la mitad de este colectivo- y que, junto a la Federación Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social han convocado para hoy una concentración a las puertas del Ministerio de Trabajo para manifestar sus quejas por la implantación en toda España de esta aplicación informática que, de momento se utiliza en Zaragoza, Cataluña, Navarra y Murcia.
En opinión de Moyano, se han detectado 'graves fallos de aplicación que nos impiden levantar actas de infracción en materia de trabajadores ilegales y prestaciones fraudulentas'; así como levantar actas de liquidación de cotizaciones impagadas. Sólo con éstas últimas actas, la Seguridad Social recauda casi 1.000 millones de euros al año.
Ante esta situación, 'si no se frena el sistema Integra el boquete de fraude que se puede generar es imprevisible', asegura Moya.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, manifestó el pasado viernes, su ofrecimiento de abrir una negociación, para tratar éste y otros asuntos. Entre ellos, la paralización de la creación de una carrera profesional para la Inspección de Trabajo, algo que los profesionales de este colectivo consideran un 'incumplimiento de una promesa del Gobierno'. Tras la concentración de hoy y a la vista de una posible negociación con Trabajo, éstos profesionales decidirán si convocarán futuras protestas.
Riesgos de ruptura territorial
En la negociación que posiblemente abrirán los inspectores y subinspectores de Trabajo con el ministro, Jesús Caldera, este colectivo de trabajadores le trasladará su inquietud ante 'el riesgo de fragmentación de la Inspección'. Este temor está basado en la posibilidad de que algunas comunidades reclamen la gestión de este organismo, tal y como recogen los estatutos de autonomía de Andalucía y Cataluña. Esta última comunidad, ya baraja reclamar la competencia. Según el Sindicato de Inspectores esto dificultaría enormemente la actividad de empresas presentes en más de una comunidad.