COLUMNA

Dos millones de parados tras 14 años de crecimiento

A pesar de que desde la crisis de 1992-1993 el número de personas ocupadas ha crecido en ocho millones, la cifra de parados sigue por encima de los dos millones. Es una cifra muy elevada aunque en términos relativos esté algo por encima del 8% y supere por poco a la media de la Unión Europea. Comparada con la cifra de ocupados, es más del 10% y no incluye inmigrantes en búsqueda de empleo que no están regularizados.

Si el aumento en la ocupación no es capaz de reducir el paro en mayor cuantía se debe al aumento de la población activa, esto es, la ocupada más la que busca ocupación. Esta nueva población activa proviene de tres fuentes. La primera es el aumento de la tasa de actividad -el porcentaje de personas activas respecto a las que están en edad de trabajar 16-65 años- que da cuenta de la proporción creciente de mujeres en el mercado laboral. Entran más y a mayor edad que en el pasado porque esperan a tener más cualificación. La segunda es la inmigración, que ya aporta, en el conjunto de España, el 10% de los afiliados a la Seguridad Social. La tercera es la vuelta al mercado laboral de personas que, cansadas de buscar inútilmente una ocupación en años de pocas expectativas, se resignaban a no trabajar y se convertían en inactivos.

Si el mercado de trabajo continuase con la tasa de aumento de la oferta de empleo de los últimos años podrían añadirse nuevos contingentes por dos vías. De un lado, por la continuidad en el aumento de la tasa de actividad femenina y, de otro lado, por una inserción más activa de personas con minusvalías sensoriales, motrices o psíquicas, lo que hasta ahora no se ha conseguido a pesar de la ley que impone su contratación mínima según proporciones preestablecidas. Adicionalmente, el retraso en la edad de jubilación, la realización de jornadas algo mayores y el aumento del empleo a tiempo parcial pueden incrementar la aportación interna, tanto si se desea como si no; mientras persista el crecimiento, lo hará la entrada de inmigrantes.

Si los parados oficiales encontrasen empleo la renta per cápita en España rebasaría con holgura la media de la UE-15. Sin embargo, esto es muy improbable. Entre estos desocupados hay muchos prejubilados que cobran la prestación correspondiente y un complemento aportado por la empresa en la que trabajaban, con lo que es difícil que encuentren una ocupación más rentable, al menos si tienen en cuenta el gasto adicional de transporte, comer fuera de casa, etcétera. Otros, que están en paro pero sin cobrar complementos, pueden hacer un cálculo parecido y, aunque la diferencia de ingreso sea más alta, puede seguir siendo insuficiente para compensar tiempo y gastos. Una tercera categoría compatibiliza el paro retribuido con actividades no declaradas retribuidas y sin retenciones que le quitan la prisa por encontrar empleo regular. Estos tres grupos son la mayoría puesto que la tasa de cobertura (porcentaje de parados subsidiados respecto al total de parados no agrarios) está en torno al 80%. El resto, en fin, aún no ha encontrado su oportunidad.

Hay comunidades autónomas en las que las empresas encuentran serias dificultades para cubrir las bajas que se producen en sus plantillas, lo que no es incompatible con las cifras de paro porque las diferencias entre comunidades autónomas oscilan entre el empleo superpleno (con más ofertas de empleo que parados registrados) y tasas de desempleo que llegan a ser el triple entre la de más paro y la de menos. Además, los criterios exigibles, incluso para puestos de aparentemente poca especialización, en la práctica no se encuentran en la inmensa mayoría de las personas en paro. Se han apuntado como factores adicionales el efecto de reducción de retribuciones asociado al aumento de inmigrantes que tienen expectativas de ingresos moderadas y, en sentido contrario, las expectativas demasiado altas de algunas personas en paro.

Los aspectos mencionados son de solución difícil pero no deberían ser obstáculo para llevar el paro a tasas entre el 4% y el 5%… si se hace algo para recuperar la competitividad. A finales de los ochenta se facilitaron recursos a parados involuntarios para crear su empresa. El programa acabó en 1993 excepto para quienes se integraban en cooperativas de trabajo asociado o sociedades anónimas laborales. En Irlanda se optó por ayudar a quienes abandonaban su empleo voluntariamente para crear su propia empresa, que fueron, en su mayor parte, técnicos y directivos. Esto contribuyó a un crecimiento más sostenido y rápido que el español, simplemente porque las iniciativas voluntarias tomadas en buen momento suelen dar mejores resultados que las involuntarias tomadas en mal momento, y esos malos momentos vuelven una y otra vez por sorpresa.

Joaquín Trigo. Director Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional